sábado, 19 de octubre de 2019

LA HORA DE LA INTELIGENCIA


Cuando un millón de personas se echa a la calle para, pacíficamente, expresar su ánimo y su voluntad  de ser una nación respetada, el foco de atención de la opinión pública debería  centrarse en destacar  el hecho objetivo de la movilización y su incontestable fuerza de cambio político.  Sin embargo, cuando unos centenares de radicales  se obstinan en utilizar la violencia como forma de expresión y de respuesta a una situación que consideran injusta, el fuego de los incidentes, de la injustificable coacción, la alteración de la paz,  termina por  ocupar el primer plano de la actualidad eclipsando todos los valores positivos por los que cientos de miles de hombres y mujeres  están comprometidos. En ese momento, el pueblo y sus dirigentes, deben apartar a los violentos del escenario. Para evitar que la destrucción y el enfrentamiento lastre la expectativa de un pueblo, una sociedad  que, a pesar del castigo, de las injusticias, sigue adelante en la búsqueda de la libertad y de un futuro mejor. Condenar  la violencia y a los violentos es, para un dirigente político, no solo cuestión de fortaleza ética y democrática. Debiera ser, igualmente,  cualidad de inteligencia.

Para desgracia de todos, lo acontecido estos días en relación al conflicto suscitado en Catalunya se veía venir.  Llegaba la hora de que el Tribunal Supremo hiciera pública su sentencia en relación al “procés” porque se cumplía el plazo de dos años de prisión preventiva de los jordis y estaba claro que el tribunal  no iba a permitir ahora la puesta en libertad de los dirigentes sociales de Omnium y la ANC.

Faltaba conocer  los delitos por los que la sala optaba condenar a los procesados. Y, en segunda derivada, las penas  derivadas de su aplicación.

Como era de esperar, la parte sustanciosa de la condena, la correspondiente al “ilícito penal” aplicable, se filtró  interesadamente el sábado 12 de octubre, en medio del desfile de las fuerzas armadas en la conmemoración de la “fiesta nacional”. Toda una señal de la intencionalidad  de  la noticia.  El fallo  no avalaría la rebelión. Se quedaría un peldaño por abajo; la sedición.  Pero, para hacer más sustancioso el castigo se vincularía tal extremo al concurso de  otro quebrantamiento legal; la “malversación”.

Desde un principio del expediente judicial, expertos del derecho habían manifestado que “la rebelión” no se veía por ningún lado. Sin la violencia de un levantamiento armado, la tesis defendida por la fiscalía del Estado  y respaldada a pie juntillas  por la clase política española y sus tertulianos opinadores (que acuñaron aquello del “golpe de Estado”), no cabía identificar lo ocurrido en Catalunya con una “rebelión”. Así lo habían entendido, además, instancias jurisdiccionales –la corte belga, el tribunal berlinés y la magistratura de Edimburgo)  hasta donde la euroorden de extradición cursada por el juez Llarenas contra Puigdemont y sus consejeros  exilados fue desestimada.

Aún así, y pese a evidencias tan notorias, la acusación infundada de “rebelión” ha servido para mantener en prisión provisional a Junqueras, Turull, Rull, Romeva, Sánchez, Cuixart, Forcadel , Bassa y Forn. Casi dos años de cárcel por un presunto delito  por el  que no han sido condenados y del que han sido exonerados. ¿Justicia?

Pero volvamos a la sentencia. El lunes 14, la sala segunda del Tribunal Supremo  notificaba a las partes la sentencia. Casi quinientos folios que determinan con un durísimo veredicto de castigo –condenas que van de los 9 a los 13 años de prisión- el fin de un sumario que  será recurrido ante el Tribunal Constitucional y , ulteriormente, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El veredicto judicial, interpretado por quienes conocen los entresijos del procedimiento penal, resulta, cuando menos controvertido. No es una sentencia al uso. Es, en  toda regla, una respuesta de Estado a la “amenaza secesionista catalana”. Un respuesta rotunda que ha utilizado  la vía jurisdiccional para condenar una acción política.

El fallo dedica una buena parte de su desarrollo a disipar dudas en relación al respeto de las garantías procesales y de la no vulneración de derechos de los encausados. El redactor de la sentencia sabía que este ámbito será extremadamente importante de cara a un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una instancia que, en su caso, valorará si los encausados han tenido un juicio justo y si sus derechos básicos han sido respetados. Marchena, sabedor de esto, ha sido escrupuloso. Transparencia en la vista oral, procedimiento garantista…Ningún cabo suelto que pudiera servir de reproche o de base para una anulación.

Sin embargo, entre los argumentos utilizados para desmontar las ¨denuncias¨ de los acusados de vulneración de derechos, la sala del Tribunal Supremo ha  entrado a valorar principios políticos de dudosa competencia en su ámbito y me refiero expresamente a sus valoraciones , cuando menos , insólitas, en relación al denominado “derecho a decidir”

Lo afirmado en la sentencia del ¨procés¨ se asemeja a un auto del Tribunal Constitucional. Es más, el Supremo se comporta como si fuera la Alta Sala y hace interpretaciones  jurídicas controvertidas fuera del ámbito de su competencia. Sobre todo si observamos que lo que le tocaba dirimir era una cuestión “penal”.  Marchena y el resto de magistrados afirman en su auto  que "el derecho a decidir como derecho atribuible a una parte de la ciudadanía que reside en una comunidad autónoma no tiene cobertura normativa, ni por sí, ni mediante su artificiosa asimilación al derecho de autodeterminación de los pueblos". "No existe un 'derecho a decidir' ejercitable fuera de los límites jurídicos definidos por la propia sociedad. No existe tal derecho. Su realidad no es otra que la de una aspiración política”

Resulta llamativo que en el ámbito de una causa penal, el Tribunal Supremo  desarrolle tan amplia expresión política. Es, salvadas las distancias, como si el “brazo de la ley” quisiera  zanjar  cualquier debate que reclamara una estructura plurinacional del Estado.  Una afirmación dogmática de que “lo quieras o no”  un vasco o un catalán es español por la gracia divina y tal condición no es mutable, salvo que se cambie la Constitución. Intentar  negarlo, aunque fuera  por medios pacíficos, podría ser considerado delictivo. Un disparate  camuflado de auto judicial.

Lo de los delitos de sedición y malversación, tiene también su historia. Sedición  porque considera probado  un “alzamiento tumultuario” que alteró el orden público. ¿Sin violencia? Estirada la interpretación  como lo hace la Sala del Supremo cabría entenderse que  las manifestaciones de taxistas por el centro de las capitales que colapsaron durante días Madrid y Barcelona bien pudieran encuadrarse en ese término de “sedición”. Los transportistas alteraron el orden público y se negaron a obedecer  las    indicaciones de las fuerzas policiales utilizando sus vehículos como elemento de obstrucción.

Además, entendido el régimen penal como un sistema  que juzga comportamientos individuales –no colectivos- ¿ha quedado suficientemente acreditado que los condenados fueron  personalmente quienes promovieron, por ejemplo, la consulta-referéndum del 1 de octubre?. ¿Ellos lo convocaron? ¿Fueron ellos los que llamaron  a concentrarse frente a la sede del departamento de Economía de la Generalitat?

Lo mismo cabe decirse en relación a la malversación. ¿Qué dinero abonó cada uno de los condenados al ejercicio práctico del referéndum? ¿Dónde están las facturas o  los apuntes económicos de dichos pagos? Dudas y más dudas que no se responden y que  hacen pensar  que el castigo expresado por el Tribunal Supremo  ha sido, cuando menos, cuestionable. Aunque  a muchos nos resulte injusto, extemporáneo y cargado de interpretaciones que exceden la  práctica judicial. Es, sin duda, una sentencia política.  Y cuando  el ejercicio de la justicia  recorre estos vericuetos, la justicia deja de ser justa.

Ha llegado el momento para todos de hacer un punto y final. O al menos, un punto y a parte, a esta  desbocada espiral  de confrontación.  Resetear posiciones, restaurar las heridas y buscar puntos de partida diferentes para recuperar la convivencia. Será difícil porque las posiciones  están  encalladas.  Porque unos miran  de reojo a las encuestas  cada vez que plantean moverse y se dejan llevar por la intransigencia patriotera. Y porque a otros les entra el pánico de ser reconvenidos por su propia gente cada vez que  piensan en abandonar la trinchera.

La sentencia del supremo ha cerrado un ciclo. Que comience ya un nuevo tiempo. Es la hora de la inteligencia.


sábado, 12 de octubre de 2019

EL ASCENSOR

Cómo pasa el tiempo!. El otro día di una vuelta por la calle en la que crecí y me quedé impresionado de la transformación  que ha sufrido. No ya en la fisonomía urbana. En la peatonalización, en los locales, o en las terrazas  que lo invaden todo. Hasta el callejero ha evolucionado. Cuando yo vivía allí  quien daba nombre a la vía era beato. Ahora es santo. La culpa la tiene algún “milagro” que encontró el Vaticano en la trayectoria mística de Balendin de Berriotxoa.

Pero, sin duda alguna, lo que más llamó mi atención de la transformación  de la zona fue  una pequeña  instalación que apenas se veía desde  el exterior de la calle. Se trataba de un equipamiento modesto  que ocupaba un hueco estrecho en unos de los laterales internos del edificio. Era un montacargas. Un ascensor. 

En la antigua casa había un ascensor. Lo instalaron cuando nosotros ya no habitábamos allí.  Una lástima.  En nuestro tiempo se intentó en dos pero la propuesta  no prosperó porque los de los pisos bajos se negaron a pagar. Los que vivíamos en el cuarto, entre subir y bajar,  hacíamos más ejercicio que  las preceptivas horas  escolares de gimnasia. Salir a la compra, al trabajo, al estudio, o cualquier actividad, y retornar  al núcleo familiar suponía  un gran  esfuerzo. Máxime si  las idas y venidas se hacían con bultos, bolsas o cualesquiera  materiales pesados.  Por no pensar en el  desgaste que tenía que suponer  para el butanero  o el  vinatero  subiendo y bajando  escaleras cargados con una bombona o una jaula de botellas.  

Solo de pensarlo jadeo fatigado. 

Cuatro tramos de dieciséis escalones,  otros tantos de cuatro, más  una decena de peldaños de acceso desde el portal.  Hoy, afortunadamente, aquellas idas y venidas  las tengo olvidadas pero, con las rodillas machacadas, como las que tenía Mari Tere,  la accesibilidad suponía un inconveniente  destacable en la vida cotidiana.  Aquello era un problema, hasta el punto que tras las dos operaciones para implantar prótesis en las articulaciones de mi madre, ésta, a pesar  de su invencible voluntad y su resistencia al dolor, no habría podido salir de casa. Quizá por ello, una vez que la mayoría  de prole se había emancipado, surgió la idea de mudarse de casa. La decisión de uno de mis hermanos y el apoyo de Donato acertaron a la hora de salir  de aquel piso. Además, atinaron  en el momento y en la nueva elección de domicilio. 

El elevador o ascensor  es uno de los mejores inventos de la humanidad. Desde mi perspectiva, pugna por el primer puesto de “mejor invento” con la cama. 

El piso en el que nos criaron  era pequeño. No superaba los sesenta metros cuadrados y en él pernoctábamos seis personas –los cabezas de familia y cuatro vástagos- y, en ocasiones dos canarios. No quiero decir que  con nosotros vivieran dos personas procedentes de las islas afortunadas sino que compartían techo dos pájaros de raza canaria. 

La distribución  de aquella instancia era un todo aprovechable. La cocina-comedor  era  un único espacio  separado por una puerta  corredera que nunca se cerraba.  Allí era  donde transcurría toda la actividad del hogar.  Se guisaba, se comía, se veía la televisión y hasta se estudiaba o se cosía.  

Además, teníamos dos habitaciones. Una para el matrimonio. Y la otra, a la noche, se convertía en campamento donde nos aposentábamos los chicos. La más joven de la casa  dormía en una salita  minúscula.  Durante el día, las camas plegables volvían al armario  y las estancias quedaban diáfanas.  Completaba el conjunto un micro baño, con inodoro, lavabo y media bañera. Ese era el “casoplón”.  La doble villa y media (cinco mediavillas)  que nos vio crecer.

El vecindario  era  entrañable a la vez que simpático.  Unos casi imperceptibles. Apenas se les veía. Otros, ruidosos  y  fácilmente detectable. El estrépito era su medio natural. Las conversaciones elevadas de tono, los portazos, hasta las pisadas en las escaleras  retumbaban.  Yo les llamaba los “congrios”, porque en aquella casa siempre andaban con gritos. Y, siguiendo con peces, también había un inquilino a quien  se le conocía como el “delfín”. Era el del último piso. 

Por tener, teníamos de colindante hasta  el dueño del bar de abajo.  Se llamaba “La sirena”. No él, la tasca  de mala muerte que regentaba. Como diría mi madre, un “gandul” de vida licenciosa que vivía con su madre y un perrote maloliente.  Un can – “Nerón”-  era poco simpático,  y se pasaba todo el día gruñendo. Como su dueño.  El muchachote en cuestión fue uno de los que se negó a instalar el ascensor.  Como él  siempre estaba “colgado”, no necesitaba  elevadores.  

La comunidad era plural, como la sociedad en general. Buena gente, aunque de vez en cuando  acontecían trifulcas   porque alguien esparcía pelusas  y suciedad por los felpudos ajenos o por los turnos de limpieza insatisfechos. Vamos, lo que pasa en todas partes. 

La democracia entonces no existía y las reuniones de comunidad eran, salvadas las distancias, el único habito de libertades  conocido. Si bien los ejemplos asamblearios de este tipo invitaban a la anarquía. El rechazo, por dos ocasiones, al ascensor, fue  el paradigma, pues  solo los de los pisos altos optaron por asumir la obra. Los demás  la rechazaron. Preferían seguir subiendo y bajando a pie antes que pagar. Como si ellos y sus familias no terminarían haciéndose viejos y no tendrían, más pronto que tarde, problemas de movilidad. 

Hoy, con inquilinos mucho más jóvenes, aquel portal  cuenta con un ascensor-descensor  moderno y funcional. Pequeño, pero suficiente. Con total seguridad, aquellas pequeñas viviendas se habrán revalorizado  y la calidad de vida y bienestar del vecindario habrá ganado  notablemente.  La decisión de instalar un elevador ha sido tardía pero acertada. 

Quienes velan por gestionar los dineros públicos y tienen que definir qué hacer o invertir  en sus funciones de gobierno se enfrentan al difícil dilema de establecer prioridades. Habida cuenta de que las necesidades siempre son mayores que las disponibilidades reales  de dinero, establecer unas preferencias, una prelación de objetivos, resulta fundamental . 

Lo que no es  en ningún caso de recibo, anunciar a bombo y platillo, cuando  el tiempo de mandato ha finalizado,  acciones que se desarrollarán no se sabe bien cuando  ni de qué manera. Propaganda casposa pura y dura.

Pedro Sánchez se ha pasado meses afirmando que un gobierno en funciones no podía legalmente  destinar fondos públicos para abordar actuaciones ordinarias. Que necesitaba pasar por el filtro de una nueva investidura  para ejercer potestades gubernativas. Según él, no cabían decisiones  de compromiso presupuestario, aunque estas dispusieran de reservas  legales  vía convenio (desmantelamiento de pasos a nivel) o plurianuales (inversiones en alta velocidad). 

 Sánchez  y los suyos, so pretexto de  interinidad, han dejado pasar el tiempo sin mover un dedo en los compromisos públicos adquiridos. Ni transferencias, pese a haber acordado un calendario, ni inversiones,  ni nada que estuviera pactado.  Y ahora,  en plena campaña electoral,  como si de una subasta se tratara, anuncian  incremento de pensiones, peonadas, financiación autonómica, hasta la licitación del tren en el corredor del Mediterráneo. Una desvergüenza  que esperemos tenga sus consecuencias. 

La política no es marketing. No es teatrillo ni ilusionismo. No es determinar qué hacer o qué decir  como consecuencia de una encuesta  o de las conclusiones de un “focus group”.  Es transformar, mejorar, la sociedad. En definitiva, cumplir con lo acordado  en el contrato de confianza  suscrito con la ciudadanía a través de los votos.

Esta semana veremos como la acción política y la agitación mediática pivotará en la consecuencia de la sentencia del “procés” que inicialmente  será conocida el próximo día 14. A la espera de la literalidad de fallo, se augura  mucho ruido y crispación. Nada que ayude a desatascar el problema o que lo encamine hacia una vía de diálogo.  Y en ese maremágnum de declaraciones altisonantes, de admoniciones y amenazas de “hacer  cumplir  la ley con rigor y orden”, nos encontraremos  vecinos “congrios” estridentes y hasta “gandules” arrogantes  que “leviten”  en su propio ego.  Unos y otros  se negarán a posibilitar una solución democrática  que satisfaga  la demanda ciudadana de  definir el futuro de su sociedad. Negarán   una solución como quien negaba el permiso para instalar un ascensor que facilitara el bienestar reclamado por los vecinos.  Pero esta, pese a quien pese, terminará llegando. Aunque sea tarde .