Era de prever. Sería un ingenuo si no hubiese contemplado el abanico de reacciones que la propuesta de modificación fiscal iba a tener por parte de quienes la reclamaban imperiosamente desde hace tiempo. Todo el mundo pedía una “reforma” pero nadie hacía el más mínimo ejercicio de remangarse y poner, una detrás de otra, las medidas que conjugaran el múltiple ejercicio de mejorar la justicia distributiva de rentas, la aportación de ingresos suficientes a las administraciones públicas y la necesidad de hacer atractivo un entorno para incentivar la actividad económica y la creación de empleo.
Era más fácil reclamar “cambios” que buscarlos. Era más
sencillo descalificar que hacer un balance realista de lo existente e intentar dar con fórmulas de futuro que encararan las principales debilidades del sistema.
Lo sencillo era
parlotear, exigir esto o lo otro. Hacer demagogia y populismo. Lo complicado era evaluar las medidas, indagar qué efecto tendría
en la recaudación y saber a cuanta gente
y cómo afectarían los cambios. Porque no
perdamos de vista lo fundamental; que los impuestos afectan directamente a la
vida de las personas -a su bienestar y
estabilidad- y también a la capacidad
que tienen las instituciones para
prestar los servicios públicos que hacen
la vida más fácil y digna a la ciudadanía.
Bajo esa doble premisa los actuales socios gubernamentales en Euskadi
se propusieron desde hace tiempo
hacer un diagnóstico del panorama tributario en vigor y , analizado éste,
plantear medidas de lo mejoraran y fortalecieran de cara al futuro.
Así y tras meses de
estudio y negociación, nacionalistas y socialistas llegaron a un acuerdo básico de cara a
plantear una nueva normativa fiscal y
tributaria para el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca. Cada cual
tenía sus prioridades y hasta el cuadro de planteamientos que , de acuerdo con su ideología, mejor
encajara en la reforma. Pero, como en todo acuerdo, la necesidad de la sintonía atemperó las
decisiones unilaterales para converger en puntos de encuentro que posibilitaran un
consenso sólido.
A finales del pasado mes de septiembre, nacionalistas y socialistas
sellaban su propuesta de actualización
tributaria. Por el camino faltaba la elaboración de un proyecto articulado que compartir con el Gobierno vasco en el
Órgano de Coordinación Tributaria y ,
posteriormente la aprobación del borrador de norma en los consejos de gobierno
forales y el inicio de su tramitación
con la exposición pública y la
posterior remisión a las Juntas Generales para su debate y aprobación.
Esta pasada semana se han conocido -tras la comparecencia
simultánea de las diputadas forales de Hacienda- las principales medidas contempladas en el
acuerdo PNV-PSE. La propuesta armonizada pretende dar respuesta a desafíos
comunes avanzando en la progresividad
del sistema -que quienes más ganen más paguen- , apuntalando la apuesta por la innovación y el crecimiento
económico y social con los nuevos retos sociales; desde el
demográfico al de la fiscalidad verde pasando por el de la igualdad de género,
la protección de los contribuyentes con
las rentas más bajas, los jóvenes, la conciliación, la vivienda o las
pensiones.
Son muchas las novedades incluidas en la propuesta, mejorando
las prestaciones para las rentas más bajas -se incrementa hasta los 19.000 euros anuales el mínimo
exento de declaración-, se penaliza a
las más altas -se limita las bonificaciones en compra de vivienda a quienes ganen más de 85.000 euros- y se incrementa el marginal a pagar de las rentas del ahorro hasta el 27%. El resto
de medidas pretende de afianzar y
fortalecer a la clase media con
incentivos al alquiler, la
igualdad de género, la conciliación , el cuidados de mayores y menores, la
emancipación de los jóvenes, la complementariedad de las pensiones de empleo o el impulso a la
economía verde con bonificaciones a la
mejora de la eficiencia energética o la renovación en las infraestructura y
bienes favorecedores de la descarbonización y de la economía circular.
A pesar de las múltiples medidas incorporadas en este proyecto ,
las reacciones al mismo han sido las esperadas.
Del principal sindicato del país no esperábamos otra cosa. Todo
lo que no sea una huelga es un “fraude”
y , a su juicio , la reforma “agravará más la injusticia social “ ya que los
“que más tienen pagarán entre poco o
nada”. ELA, instalada en la radicalidad antisistémica -no han querido participar ni tan siquiera en
la mesa del pacto vasco por la salud, aunque
soterradamente haya pedido interlocución directa- abordará el proceso de aprobación de una nueva
fiscalidad arengando a sus bases a
manifestarse en la calle el próximo día 14 de diciembre.
Parecida respuesta ha
sido la planteada por LAB que ha calificado la alternativa tributaria de “fuegos de artificio”. El resto
de sindicatos han sido mucho más
prudentes en relación al borrador conocido. Para CCOO, existen “luces y
sombras”, y UGT ha valorado positivamente el aumento del umbral que
hace obligatorio el pago del IRPF a 19.000 euros o los incentivos a las EPSV de
empleo y las mejoras para el acceso al alquiler.
En el terreno político, EH Bildu sigue desarrollando una doble
personalidad. Por un lado, Otxandiano sigue insistiendo en reivindicar una
cierta voluntad de acuerdo, pero, desde los filtros comunicativos de su
organización, se pone sordina a tal
actitud. Para ellos -los ortodoxos-, lo importante es marcar perfil, remarcar
las diferencias, minusvalorar los
contenidos y ganar el relato de representar a una “izquierda
comprometida”. Hay que descreditar y
rechazar la validez de la reforma
conocida. De ahí las respuestas de Iriarte (“se necesita una progresividad
progresista”), Kortajarena o Casanova (“reforma fiscal en profundidad, nuevos
ingresos , clases altas”).
Aunque a Otxandiano se le caiga el
argumento, a EH Bildu le resultará sencillo
desmarcarse de un acuerdo. Reutilizarán el mantra de los ricos y los
pobres, reivindicarán modificaciones marginales que no conducirán a ningún sitio pero les revistirá de “coherentes” y pondrán un
lazo a su discurso señalando
acusadoramente a quienes apoyan al “oligopolio” de las “energéticas” y al “capital”.
En paralelo, callarán su inexplicable inacción en Nafarroa, donde han sido incapaces de reclamar, tan siquiera,
aumentar el mínimo exento del IRPF al
SMI (no a los 19.000 euros de la
CAV) siendo en el viejo reyno obligatorio tributar a partir de los 14.000
euros. Complejos y complejines de quienes solo piensan en sacar pecho de progresía y de izquierda impulsando en el Estado un nuevo tributo dedicado a los seguros médicos (“en contra de
la medicina privada” -dicen-) que castigue a miles de vascos y vascas -también
votantes suyos- con pólizas
tradicionales en el IMQ o en Lagunaro.
En el ámbito de la derecha, el ejercicio innovador llevado a cabo por nacionalistas y socialistas tampoco ha
generado entusiasmo. Para la patronal y su representación sociológica y mediática, todo lo que no signifique una
bajada de impuestos es “una oportunidad
perdida”. Así lo ha expresado la cabecera de “Vocento” y su principal
analista económico para quien
la propuesta “defrauda” – hay que tener cuajo para utilizar tal término-
. Su crítica, como no, se refiere al impuesto de Sociedades donde
el “Greenspan” vasco propone copiar el modelo irlandés con un tipo
impositivo del 12,5% -pronto
subirán al 15%- frente al 24% en vigor en Euskadi. Neoliberalismo de libro.
El mismo pesimismo abandera el dirigente vasco del PP, Javier de
Andrés, para quien “Euskadi ha perdido peso económico respecto a España” y no
duda en decir que la modificación tributaria es una "oportunidad perdida" para beneficiar a las clases medias en
Euskadi. "Lo que se hace es seguir exprimiendo al trabajador, al
comerciante, al autónomo". El acabose popular!
Veremos
en las próximas semanas si este esfuerzo de modernización y mejora tributaria
cuaja o si los “complejines”
pretenden hacer descarrilar las
medidas adoptadas. Si es así, será el
momento en que tengan que explicar a los 335.000 vascos que no deberían realizar la declaración de la
renta por qué no se pueden beneficiar de esta medida. Que expliquen a los miles
de jóvenes que tampoco podrán verse favorecidos
por las bonificaciones para alquilar o
comprar una vivienda. O a quienes no puedan recibir una contraprestación por el
cuidado de menores y dependientes. Que expliquen con claridad el por qué de la “oportunidad perdida”.