sábado, 18 de septiembre de 2021

PIE EN PARED

Recuerdo a nuestro Xabier Arzalluz cuando repetía aquello de que en Madrid había sectores que jamás aceptaron el Estatuto de Gernika. Él siempre echaba mano de hemerotecas de ABC y otros diarios de la época para señalar  a quienes  desde dentro de los poderes del Estado indicaban que “Suarez  había ido muy lejos” permitiendo a los vascos  un nivel competencial  y un grado de autogobierno que ponía en solfa su  “sagrada” unidad de España.

Poco a poco y con la excusa de combatir  al terrorismo que identificaban con Euskadi, se fue imponiendo una actitud reactiva en el Estado  que pretendía atajar  aquella “endeblez” que “había cedido” a las pretensiones  de los  nacionalistas vascos. El 23-f fue el preludio de lo que venía. Y vino la LOAPA. Con García de Enterría y su voluntad  de “armonizar” el mapa autonómico.  Se impuso el “café para todos”  y las dentelladas  más salvajes al ámbito competencial que el Estatuto, en letra y en filosofía  disponía.  Apareció en escena  el Tribunal Constitucional, un árbitro de parte que con su doctrina ha ido laminando el texto ratificado en referéndum el 25 de octubre de 1979.  Llegaron también las leyes de bases, la normativa que limitaba aún más  la capacidad  de regulación propia supeditándola  al marco general establecido por gobiernos populares o socialistas. Pasó el tiempo sin que las previsiones estatutarias se cumplieran y, en sentido  inverso, el movimiento centrífugo  de la recentralización aceleraba su marcha.

Las crisis económicas –con la falsa excusa de no alterar la “unidad de mercado”-, la supuesta adecuación de la legislación propia a la normativa europea o la excepcionalidad de la pandemia,  han servido argumentalmente  para que la capacidad de autogobierno vasco se haya visto achicada en beneficio de un nuevo poder central.

Especial relevancia en este achique de espacios ha tenido toda la batería de medidas adoptadas extraordinariamente en estos últimos catorce meses  de “Estado de alarma”.  No ha habido decreto que no haya solapado el marco autonómico. Solapado, olvidado y sustituido.  Comisiones interterritoriales, sectoriales, de presidentes autonómicos, decretos leyes ómnibus  ratificados en el Congreso sin posibilidad de afinar matices, etc. Toda acción ha supuesto una vuelta de tuerca más contra la originaria  relación bilateral estatutaria, reforzando la recentralización.

Si la competencia sanitaria  era materia exclusiva de las comunidades autónomas ¿por qué  era el gobierno español quien determinaba  las medidas a aplicar homogéneamente en todo el territorio del Estado? ¿Qué tenía que decir de las vacunas el ejecutivo español  si ni era de su jurisdicción ponerlas ni tenía personal a su cargo  que las administrara? ¿Acaso las comunidades –la nuestra sí- no tenían  cuadros técnicos capaces de tomar científicamente esas decisiones, de acuerdo con la as recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento?

Pasado el tiempo y el momento crítico,  estas preguntas que hoy son pura retórica pueden ilustrar el rol todopoderoso  de un gobierno  cuyas decisiones eran notificadas –por mucha sesión de videoconferencia que se celebrara- una vez adoptadas.  Por no hablar de las consecuencias provocadas por las interpretaciones legales hechas desde los  diferentes órganos judiciales  cuyos autos y sentencias desafinaron con estruendo en una orquestación de pronunciamientos  contradictorios.   

El último episodio de este asedio permanente ha acontecido como consecuencia de otra decisión judicial  del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La Sala que preside el polémico juez Garrido, ante un recurso de la Liga de Fútbol profesional,  enmendó la plana a la resolución adoptada  por el Gobierno vasco en relación a los aforos  permitidos en los estadios  en la actual coyuntura de pandemia.  La alineación de Garrido a favor de las tesis de la asociación que preside Tebas no puso en solfa la capacidad de la Comunidad Autónoma  de establecer  unos límites de aforo. Fue más allá pues su providencia se fundamentó en una reinterpretación de la situación pandémica  en Euskadi, enmendando la plana y sustituyendo el papel  no solo del gobierno sino al LABI y al cuadro técnico que asesoró  la fijación del criterio autonómico.

Es grave, muy grave, que un tribunal se extralimite de esta manera. Y no lo es menos  que los clubes de fútbol del país no hayan  dicho nada en relación a la desautorización de la gestión de las instituciones autonómica, aplaudiendo por lo bajini el sopapo judicial ya que éste  les permite  acoger más público en sus instalaciones o lo que es lo mismo, más pasta en su recaudación. Huevo contra fuero. Así de simple.

Pero la acción del juez  Garrido por  poner a prueba la solidez del autogobierno vasco  no termina aquí.  El euskera y la normalización de su uso  en el país es otra de las materias en las que su mano se ha dejado notar. La suspensión de la oferta de empleo público del ayuntamiento de Irun o su reciente determinación de solicitar del Tribunal Constitucional   un dictamen en relación a la Ley Vasca de Instituciones Locales  tras recurso de VOX, amenaza con romper con la naturalidad y la normalidad con la que el uso de del euskera se ha prodigado en el ámbito institucional vasco. Cinco años después de la aprobación de la Ley Municipal –cinco sin conflicto alguno- se cuestiona su legalidad y se eleva al Constitucional  para que éste  analice si su contenido se ajusta o no a derecho  por demanda de la extrema derecha. Cinco años después pendientes  de un dictamen que no anticipa nada bueno.

La pasada semana, el Gobierno vasco, de la mano  de la consejera Garamendi presentaba una publicación titulada “La erosión silenciosa”  en la que el ejecutivo de Gasteiz  recogía diversos informes técnicos que acreditan  la degradación  competencial generalizada provocada por la acción del Estado sobre la capacidad de actuación de las instituciones vascas.  La invasión competencial observada afecta a cuestiones cotidianas y de gestión del día a día . Ya no es una pugna política sino el menoscabo de la capacidad de actuación administrativa.

Antaño, cuando se observaba  un intento de soliviantar  el marco de autogobierno, se levantaba el tono de voz y se denunciaba, con más o menos estruendo, el intento  de quebranto  de la autonomía. En numerosas ocasiones, la protesta  generó movilización popular en una queja  de carácter defensivo  que, si bien podía ser poco productiva,  evidenciaba un estado de atención social permanente en la defensa del ámbito vasco.

Pasado el tiempo y en la medida en la que el asedio al marco estatutario  se ha hecho más sibilino  y menos visible,  la respuesta reactiva del campo político  representado por el nacionalismo  se ha ido atemperando. Hoy, el Gobierno vasco habla de “erosión silenciosa”  y a la misma, la sociedad de Euskadi asiste como aletargada, en una posición en la que parece poco vigilante y motivada en la custodia.

La recentralización gana espacio con paso firme y hasta quienes se decían defensores  de un Estado “plural” tienen la tentación, so pretexto de la igualdad de derechos, de homogeneizar poderes y servicios (normativa básica para  igualar los servicios de salud,  los ratios de enfermería, de bomberos,   etc)

El afianzamiento del autogobierno, la construcción de Euskadi como proyecto nacional de futuro, es la acción nuclear de quienes nos definimos como nacionalistas o abertzales. Autogobierno para tener ocasión de desarrollar una expectativa de vida propia, una oportunidad de alcanzar el bienestar en una comunidad, en un país que quiere labrar su porvenir libremente. Sin tutelas ni imposiciones. El Estatuto de Gernika, con todas las  limitaciones imputables al contexto y al tiempo en el que fue aprobado, fue y sigue siendo un instrumento valioso para el reconocimiento de la identidad del Pueblo Vasco haciendo posible la institucionalización de Euskadi y, por ende, alcanzar el grado de progreso, bienestar y justicia social que hoy disfrutamos. Quizá, por ese valor, su potencialidad siga siendo horadada por quienes desde el  79 pensaron que se “había ido demasiado lejos”.  

Se necesita por lo tanto una reacción. Y esa respuesta solo será efectiva a través de un gran acuerdo entre vascos que promueva el cumplimiento íntegro del marco autonómico y que actualice su fundamento  jurídico reconociendo nuestra identidad nacional y blindando el “fondo de poder” competencial de la lectura unilateral y la subordinación a través de mecanismos que garanticen seguridad jurídica para un autogobierno pactado. Se acabó el tiempo de los reproches y de alimentar las diferencias. Es tiempo de poner pie en pared.

 

sábado, 11 de septiembre de 2021

"TRICOTEUSES"

 La Revolución francesa (1789 – 1799) constituye uno de los capítulos más importantes de la historia moderna. Fue la caída violenta del Antiguo Régimen y la llegada  de un nuevo orden contemporáneo. Se cumple ahora el aniversario en el que, por primera vez,  una constitución recogía una declaración de derechos del ser humano. Allí, los “súbditos” pasaban a ser “ciudadanos” consagrándose  las bases del actual estado de derecho.  El nuevo tiempo se forjó bajo los principios éticos de la “libertad, la igualdad y la fraternidad”. Fueron los valores luminosos de una ilustración cuyo reverso  en la moneda constituyó una orgía de sangre en la que convivieron lo mejor y lo peor de la condición humana; la valentía y el miedo, la generosidad y la vileza, la avaricia y el derroche, lo auténtico y lo falso, la crueldad y la dulzura.

En la revolución francesa  no solo rodó por los suelos el denominado “anciene régime”. Rodaron cabezas –y muchas-  disociadas de los cuerpos por la acción mortífera de una cuchilla llamada guillotina. (17.000 decapitaciones entre septiembre de 1793 y marzo de 1794).


La pugna mortal entre la burguesía y la nobleza, utilizando a las clases populares como ariete para la delación, el acoso, el falso testimonio, la venganza o la pura inquina, convirtió el “ajusticiamiento” en una liturgia macabra, deshumanizada y cruel. Los “tribunales populares” acusaban y sentenciaban. La muerte, rápida y sangrante como nunca, llenaba las plazas públicas  de agitadores  ávidos de decapitaciones. Entre quienes más alimentaron aquel cuadro de terror se encontraban  las “tricoteuses”.  Se denominaba así  a un grupo de mujeres que apoyaban ruidosamente los discursos más radicales, exigiendo la pena de muerte contra todos los reos que pasaban por los “juicios populares”, mientras no dejaban de hacer calceta. 

Tales personajes jaleaban  a los condenados de camino al patíbulo, insultándoles y acusándoles de todo tipo de fechorías y actuaciones.  Y cuando se producía el ajusticiamiento, las “tricoteuses” se aposentaban cerca de la guillotina para seguir de cerca el acontecimiento sin perder detalle. Siempre con aguja y lana en ristre y con indisimulado deleite sanguinario.

Esta imagen de la “difamadoras” tejedoras, me ha venido a la cabeza al conocer la decisión de un juzgado de Vitoria  que ha rechazado imputar por asociación ilícita al que fuera  consejero de Sanidad, Jon Darpón  y a la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica,  en la investigación que viene desarrollando alrededor de la Oferta de Empleo Publico del Servicio Vasco de Salud.  La decisión de la juez –dos años después de la dimisión del consejero Darpón- , no deja margen para la duda. Es categórica. La instructora dice que no consta, "siquiera indiciariamente, que se hayan constituido en una asociación paralela, o que se hayan reunido con ninguna finalidad ilícita, ni que hayan realizado o promovido ninguna conducta ilícita", de manera que rechaza la solicitud del sindicato LAB, parte acusadora  del caso.

En este momento clarificador es digno señalar a tres parlamentarias que protagonizaron una acción permanente de acoso y derribo contra Darpón y su equipo. Fueron Cristina Macazaga (Elkarrekin Podemos), Rebeka Ubera (EH Bildu) y Laura Garrido (PP).  No podemos olvidar el hostigamiento, las imputaciones, las calumnias vertidas contra los dirigentes institucionales a fin de menoscabar  su reputación, presentándolos ante la opinión pública como delincuentes  culpables de nepotismo, de tráfico de influencias, etc.  

Su acción no ha sido esporádica. La siguieron practicando, dimitido Darpón, con Nekane Murga y luego con Gotzone Sagardui. Han repetido la ruin  escena de repartir porquería,  apoyadas en el contexto de una pandemia inédita. “Enchufismo”, “mentirosos”, “falta de previsión”, “gestión caótica y plena de irregularidades”. Todo hasta llegar a cargar  en los responsables públicos con el peso de las víctimas mortales del coronavirus. 

Después del desmentido judicial, que preserva la inocencia  de Darpón y Múgica, no hemos visto que Ubera, Macazaga o Garrido hayan dimitido. Tampoco se han disculpado.  Al parecer, no va con su conciencia. Ni con la calaña de  las formaciones políticas que  han acusado a las instituciones  vascas de abandonar a  nuestros mayores en las residencias. Los que  dijeron que antes que la protección asistencial a la tercera edad, nuestros dirigentes buscaban el negocio desatendiendo su bienestar y su salud.

Ha tenido que ser la fiscalía, en su memoria del año 2020, la que en documento oficial ha rebatido la injuria. “Las instituciones vascas realizaron un esfuerzo ímprobo y extraordinario para hacer frente a la pandemia de covid-19 en las residencias”.  “Ímprobo” y “extraordinario”. Aún así, habrá quien continúe con la sucia cantinela  del desamparo y de la explotación económica.  Una actitud deplorable que, espero, la ciudadanía sepa censurar y poner a cada cual en el lugar que le corresponde. 


En paralelo, reivindico desde  estas líneas la honradez, la entereza y la entrega al servicio público de quienes han padecido la injusta carga de una acción política destructiva y sucia. 


Vienen tiempos de cambio. También, según parece, en lo correspondiente a la pandemia. Ojalá se cumplan y en tres semanas veamos al fin la luz.  Y vienen  igualmente, otro tipo de “cambios”. No serán tan profundos y densos como los provocados por la revolución francesa. Pero serán igualmente  importantes en nuestras vidas. Asistimos a un momento histórico mutación. La pandemia nos ha enseñado que la globalización marca la pauta de la actividad humana. Para bien, pero también para mal.  Que el nivel de desarrollo  nos permite avances tecnológicos y científicos  inimaginables, pero que también provoca  alteraciones  como la crisis climática que, de no abordarla con rapidez y eficacia, va a resultar  catastrófica para el planeta.

Cambios también en el esquema económico, energético y en el  mapa geoestratégico.  

La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca  nos ha permito  recuperar el resuello perdido por la amenaza permanente del populismo de Trump. Pero, la idea de “America First” (América primero)  ha enraizado profundamente en la sociedad estadounidense, y pobremente en su gobierno. Ahí  se entiende la rápida y, hasta cierto punto,  caótica retirada estadounidense de Kabul. Porque lo prioritario para Biden  al día de hoy es la política interior, y  allende sus fronteras, el papel exterior de China, la emergente superpotencia que amenaza su hegemonía

Todo ello con una Europa  que continúa sumida en la irrelevancia. Al brexit británico, debemos añadir el incierto futuro de una Alemania sin Merkel. El día 26 del presente mes de septiembre habrá elecciones en Alemania y los sondeos pronostican un vuelco  político en el corazón y motor de la Unión. La CDU, partido mayoritario desde  hace décadas, podría perder su liderazgo en beneficio de  los socialdemócratas y, especialmente, los “Verdes”, cuya representación, al igual  que la de la extrema derecha (Alternativa para Alemania) se verá notablemente  incrementada. 

La ausencia de Merkel se dejará notar. No solo en Alemania, sino en Europa. Ella ha sido una líder sólida, seria, creíble y valiente (no olvidemos que en 2015 recogió en Alemania a un millón de refugiados sirios). Echaremos de menos su sobriedad y solvencia.

Y para cerrar el círculo, en abril  del próximo año  deberá elegirse al presidente de la república francesa. Con Macron en horas bajas y sin más aspirantes desde el lado republicano,  se antoja posible una oportunidad ganadora para el Frente Nacional de Marine Le Pen. 

Con este panorama, con los Estados Unidos absortos en sus problemas, y Alemania y Francia pendientes de un suspiro, la “Hispania”  de Sánchez y Casado, sigue provocando vergüenza ajena.  Y eso lo dice un nacionalista vasco  al que la única gobernabilidad que le interesa es la de Euskadi. Llegado un nuevo “periodo de sesiones”, el parlamento de  Gasteiz abrirá el próximo jueves 16, un nuevo capítulo en el que el  Lehendakari Urkullu  presentará los retos inmediatos que abordará su gobierno.  Retos para un cambio de ciclo. Si nuestros dirigentes son capaces de presentar un camino de confianza que aborde los desafíos que salgan a nuestro paso, tendremos una oportunidad  para  construir una nueva Euskadi. Si Urkullu garantiza en la propuesta de acción de gobierno que presente, estabilidad, seguridad y templanza, estará abonando el terreno para, en el cambio que viene, germine en Euskadi el  bienestar y el progreso de una sociedad fuerte y con ganas de crecer.  Y, el que no quiera sumarse a este proyecto, que siga haciendo calceta.