El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado nuevamente a España por haber impuesto una condena "desproporcionada", un año de cárcel por un delito de injurias graves al rey en 2003, a Arnaldo Otegi, al que tendrá que indemnizar con 23.000 euros.
Con esta, es la tercera ocasión en seis meses en la que el Tribunal Europeo sonroja al Estado español en la vulneración de los derechos humanos. En las dos ocasiones anteriores la condena fue por prácticas de torturas a detenidos y en esta ocasión por vulnerar el derecho a la libre expresión , castigando a pena de prisión la articulación de un discurso de carácter político.
El 26 de febrero de 2003 Otegi dijo que el rey "es el jefe supremo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y quien protege la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo gracias a la tortura y a la violencia". La declaración la hizo en una rueda de prensa, en su condición de portavoz del Grupo Sozialista Aberzaleak en el Parlamento Vasco.
Tras la querella de la fiscalía, Otegi dijo que sus palabras eran "una constatación de la realidad política del Estado" y que no había intención injuriosa contra la Guardia Civil que, días atrás, "había torturado a los detenidos por el cierre del diario Egunkaria". El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sentenció que Otegi no era culpable porque "la crítica de una institución constitucional está amparada por el derecho a la libertad de expresión", aunque las manifestaciones eran "claramente ofensivas, impropias, injustas y ajenas a la realidad".
Por el contrario, y con el impulso político del Gobierno español, el Ministerio Fiscal recurrió y el Tribunal Supremo condenó a Otegi a un año de prisión como "autor de un delito de injurias graves al rey",
Recurrida dicha sentencia ante el Tribunal Europeo, la corte de Derechos Humanos comunitaria ha vuelto a tirar de las orejas al Estado español, aunque, si aplicáramos la curiosa tesis mantenida por el Delegado del Gobierno en Euskadi en su última entrevista en Onda Vasca, debiéramos interpretar que el varapalo no va destinado a España sino a sus jueces.
Así de locuaz y de simple se manifestó Mikel Cabieces cuando interpelado por las sentencias condenatorias por torturas dijo que lo que Europa condena no es al Estado sino a los jueces españoles por no “haber garantías procesales, judiciales”. Y, aunque nominalmente se condene al Estado es para que éste “indemnice”, ya que los jueces no pueden hacerlo.
Pío-pío, que yo no he sido.
Supongo que a la judicatura, tan presionada a veces por el poder político del gobierno que sostiene al señor Cabieces, no le habrán hecho mucha gracia sus declaraciones.
Lo que no es para nada gracioso es este goteo de reproches y de enmiendas judiciales desde el ámbito de la Unión Europea. Unas amonestaciones que ponen en entredicho lo que muchos veníamos advirtiendo desde hace tiempo en Euskadi; la utilización de la justicia en el ámbito político y la precariedad democrática del Estado en la aplicación de la defensa de los derechos humanos.
Y Mikel Cabieces mirando al techo con cara de bobo.
¿Qué ocurre Koldo? ¿Ahora eres amigo del Otegi? ¿Vas a irte con los de EA?
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