viernes, 14 de febrero de 2014

LO “MÍO” PARA MÍ Y LO “TUYO” PARA TODOS

Las discusiones en las que el dinero es el argumento fundamental suelen ser, las más desagradables entre individuos supuestamente racionales. Disputas nimias aparentemente se convierten en fracturas abiertas que condicionan, a veces para siempre, las relaciones humanas. La distribución de un patrimonio común, la separación de bienes, el establecimiento de cargas o indemnizaciones, siempre han sido causas de discordia y de tensión. Conocí un caso en el que la delimitación de una servidumbre de paso en la repartición de unas tierras llevó a que hermanos dejaran de hablarse para siempre. Vivieron pared con pared en el mismo caserío y murieron de espaldas, enfrentados por un sendero.

Lo “mío”, lo “tuyo”, o lo de todos, siempre genera conflictos. Hay una leyenda urbana que afirma que “entre caballeros no se habla de dinero”. La cita no es menos falsa en el ámbito privado como en el público. Mucho menos cuando en la disputa está en juego el dinero de todos. No hay peor litigio que determinar cómo se reparte, bajo qué parámetros o qué normas, el dinero recaudado de los contribuyentes. Es en esos momentos cuando las administraciones públicas –en defensa de los intereses de la ciudadanía que representan- se muestran más refractarias al acuerdo y a la negociación.

Eso es lo que, una vez más, ha acontecido los pasados días alrededor del denominado Consejo Vasco de Finanzas Públicas.

Uno de los aspectos de mayor valor añadido de la arquitectura institucional vasca es la capacidad que disponen nuestras instituciones de disponer y gestionar nuestros propios recursos económicos. Ese riesgo compartido asumido entre las partes (ayuntamientos, diputaciones y Gobierno) hace que los responsables políticos se vean obligados a extremar celosamente todo el sistema de captación, distribución y gasto de los recursos obtenidos de los contribuyentes.

Las Administraciones públicas deben ser, por lo tanto, eficaces en el proceso de captación de los recursos. Eficaces y eficientes para que nadie se escape de su obligación con el fisco. Para que hasta el último céntimo llegue a las cuentas de la Hacienda para que, desde allí, sea conducido al programa de gasto que corresponda.

En la Comunidad Autónoma Vasca son los territorios históricos los encargados de ejercer esa importantísima labor de intermediar entre la ciudadanía y la Administración para trasvasar el dinero de los bolsillos particulares a los fondos comunitarios de las instituciones. Son ellas, las Haciendas forales, las que deben afinar los métodos de gestión, de extracción y de reserva de esta riqueza convertida en reserva pública.

A partir de ahí, de esa recaudación, los recursos económicos obtenidos deben dirigirse a cubrir los programas y los presupuestos del conjunto institucional existente en el país. En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, el modelo de reparto del dinero establece que el conjunto de los ingresos recogidos por las tres diputaciones forales en concepto de tributos concertados (directos e indirectos) se aporten a modo de un todo para hacer frente a las distintas obligaciones que deben hacer frente las instituciones (desde el Gobierno vasco al último ayuntamiento)

De ese sumatorio global, una primera parte se destina al pago del Cupo al Estado (el supuesto coste de los servicios prestados por el Estado en Euskadi y aquellas competencias no asumidas o no transferidas al País Vasco). Del resto disponible, el modelo de reparto establecido en la Ley de Aportaciones concreta que el Gobierno Vasco recibirá el 70%. El 30% restante será distribuido (casi a partes iguales) entre Diputaciones forales y ayuntamientos.

¿Cómo se hace la distribución de los fondos?. La metodología utilizada para establecer el sistema de reparto tiene en cuenta múltiples factores e indicadores (población, PIB, etc) para definir el peso real de cada territorio en el conjunto de la Comunidad Autónoma. Así, para el ejercicio 2014, Bizkaia representa el 50,94% de la CAV. Gipuzkoa el 33,06% y Araba el 16%. A tenor de esos valores relativos se produce la aportación de recursos a la bolsa destinada a sufragar los gastos de la Comunidad Autónoma

El problema se suscita cuando lo recaudado por cada territorio no tiene un comportamiento homogéneo. Es decir, cuando en un herrialde se ingresa más que en otro, a pesar de que las tendencias de crecimiento o de caída hayan sido similares. Cuando eso ocurre, surgen las tensiones.

En el pasado año 2013, las tres diputaciones forales –las tres- activaron en su normativa del impuesto de sociedades lo que se denominó “actualización de balances empresariales”. Se trataba de una figura normativa armonizada que permitía a las empresas la adecuación del valor de determinados activos eliminándose el efecto de la inflación de cara a poder acceder en mejores condiciones a los mercados financieros.

Dicha medida generaba dos efectos en las finanzas públicas. Por un lado, un ingreso suplementario inmediato por la revalorización de los activos (un 5%), y, por otro, un gasto fiscal en años posteriores, al deducirse en el impuesto de sociedades las amortizaciones correspondientes a los valores “actualizados”.

Así, en 2013, y con normativas idénticas, Bizkaia recaudó, con la actualización de balances, un total de 120 millones de euros, Gipuzkoa 5 y la Hacienda foral alavesa 2.

Las consecuencias lógicas de aplicar el modelo de reparto en vigor suponía que, llevándose el Gobierno vasco el 70% de lo recaudado (89 millones), Bizkaia aportaría al mismo el 51%, (45,3 millones), Gipuzkoa el 33% (29 millones -24 más de los captados-) y Araba el 16% (14,2 millones -12 más de los que entraron en sus arcas-). La controversia llegaba cuando Gipuzkoa –y Araba en segundo término- , a la vista de que les tocaba aportar más de lo que realmente recaudaron, solicitó sacar del modelo (de la aplicación de la ley), tales aportaciones. De hacerse así, se penalizaría a la administración que más fondos había obtenido (la única que había cumplido con las previsiones establecidas), compensando las cuentas de quienes se habían quedado por debajo. Esa tesis de “lo mío es mío y lo tuyo es de todos” se vio nutrida de un revestimiento argumental da fácil encaje; el favoritismo y la discriminación política y territorial. El PNV –gobernante en la Comunidad Autónoma beneficiaba a Bizkaia en contra de Gipuzkoa, donde manda Bildu, y Araba, que siguiendo el ejemplo de la extinta UA, volvía a ser la “hermana pobre” maltratada por los prepotentes bilbainos”).

La acertada mediación del Gobierno vasco, planteando una propuesta global de ajuste en la que, sin obligación de hacerlo, incorporaba una parte de sus propios recursos (10 millones de euros), y la aceptación del diputado vizcaino de “sacrificar” las cuentas territoriales en beneficio de un acuerdo global, que debería ser unánime o no serlo, propició el consenso en el Consejo Vasco de Finanzas. Por el bien común, por la paz, un “ave María”. Pero, una vez disipada la tempestad, quedaron registradas, para no olvidar, los argumentos hirientes del “agravio territorial”, de la “represalia política” y del complejo.

La aprobación de una nueva ley de aportaciones que sustituya a la actual será uno de los desafíos más importantes a los que las instituciones vascas deberán dar respuesta en el horizonte próximo. Una nueva formulación del reparto de recursos públicos que desbarate las tentaciones de algunos por bailar siempre al son que más le interese. Y que fije, también, la exigencia de primar la gestión eficaz frente a la “compensación” paliativa de supuestos agravios no fundamentados. Una ley que sea capaz de esclarecer cómo es posible que una administración como Gipuzkoa devuelva en un ejercicio 663 millones en concepto de IVA (casi lo mismo que Bizkaia) y sólo ingrese de forma neta por tal impuesto 597. Que identifique si ese desfase monumental – producido aquí y ahora- es fruto de una gestión no adecuada, de un artificio de enmascaramiento contable para que el año que viene –víspera de elecciones- aflore el monto aplazado o si, por el contrario, tal disfunción obedece a causas lógicas y objetivas.

Difícil papeleta sí, pero imposible de soslayar.

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