NIHIL NOVUM SUB SOLE

Abandonamos el calendario como si lo que nos aguardase al otro lado del almanaque ya lo conociéramos. Como si se repitiera una rutina que no por vivida dejara de ser interesante o deparase sorpresas  e ilusiones. Cerramos capítulo esperando. Siempre esperamos. A que llegue o huya. A que acontezca o se difumine. A que cumpla las expectativas o defraude.

Esperamos como a Godot, cuya presencia  se aguarda como el adviento. Esa quietud es la que, aparentemente,  soportamos en la actividad política del Estado. Todo el mundo parece interesado en moverse, en salir del impasse y buscar  nuevas oportunidades que permitan afrontar los desafíos que durante tiempo se han ido aparcando, uno tras otro, a la espera de un tiempo mejor. Pero la sensación de bloqueo  no hace albergar esperanzas  de mudanza.  Y estas ocurren, aunque no las apreciemos por la levedad de su impacto. Por ejemplo, el discurso del jefe del Estado, pese a ser programado en 30 emisoras de televisión, sigue perdiendo audiencia, y en esta edición  la soflama regia ha constatado que en relación al pasado año, más de 400.000 telespectadores de todo el Estado han preferido no escucharle.  ¿Será porque su papel de “arbitro”  está seriamente comprometido y comienza a perder confianza? Ni  que decir tiene que el discurso del Borbón fue menos seguido en las comunidades vasca y catalana. Cualquiera habría acertado de antemano que tal cosa ocurriría y es que para muchos vascos y catalanes, la corona es una institución irrelevante y prescindible

Por lo demás, ahora toca observar qué dice la abogacía del Estado en relación a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en torno a inviolabilidad de Oriol Junqueras como eurodiputado electo. 

Una decisión que nos reconcilia con la Justicia –con mayúsculas- y que , nuevamente, nos presenta a Europa como la garantía de los derechos  democráticos. Una Europa que no es como la que muchos quisiéramos pero que es el único refugio en el que  nuestras aspiraciones  comunitarias e individuales tienen acogida.

Pero diga lo que diga la abogacía del Estado, el Tribunal Supremo español –mucho me temo- no se bajará del burro  e interpretará la consulta “prejudicial”  primando la capacitación competencial del sistema jurisdiccional español soslayando las cuestiones básicas que el auto de la corte europea ha dictaminado.  Volveremos al bucle de una justicia politizada, que lejos de adecuarse  al modelo de los principales países de nuestro entorno, continúa trufada de intereses ideológicos  y que no reacciona  pese a los continuos varapalos internacionales-

En el fondo subyace  un problema que no es exclusivo de la administración de justicia. Por debajo de la “dermis” de este comportamiento se encuentra un sentimiento  autárquico incapaz de admitir el principio de cesión de soberanía a un proyecto común llamado Europa. Hablamos hoy de los euroescépticos  británicos del BREXIT pero en España permanece  ese gen antieuropeo que de vez en cuando, como ahora con la sentencia  del caso Junqueras,  sale a la luz de manera nítida.

Superado el gesto de la abogacía del Estado,  llegará el momento de la investidura.  También esto lo hemos visto aunque  confiamos en que el resultado de la misma sea distinto a lo observado  hasta ahora. Por un lado porque  la inteligencia política prime sobre la pasión y se permita abrir puertas a los contenciosos que dificultan nuestra convivencia. Y, también, para romper ya el maleficio de una crisis permanente, de un empate infinito  que amenaza con gangrenar  el sistema democrático, fomentando aún más, la amenaza de una populista derecha extrema alimentada por  la incapacidad de los gobernantes y por la indignación  de mucha gente  que comienza a votar más con las tripas que con la cabeza.

Para desatascar este nudo gordiano hace falta que Esquerra Republica de Catalunya se arme de coraje y se eche a la espalda  la responsabilidad histórica de  -sin renunciar un ápice a su ideario y bagaje soberanista-  desbrozar un camino que permita el tránsito democrático. Sin camino  ni diálogo no hay solución y ese principio parece asumido por los republicanos catalanes  que,  gestos a un lado, parecen haber optado por dar continuidad a su reconocida trayectoria de partido comprometido con la libertad y con Catalunya.

Por el otro lado, Pedro Sánchez deberá haber aprendido la lección e interiorizar que los compromisos se cumplen. Que la investidura es pan para hoy y hambre para mañana si  tras la sesión parlamentaria se olvidan los acuerdos alcanzados y se intenta dirigir el rumbo abandonando la mayoría que le permitió su elección.  Porque lo que está en juego es mucho más que un acceso a la Moncloa o la configuración de una mayoría de carácter reformista. Es, poder abordar de una manera efectiva, seria y duradera, la construcción de un verdadero estado plurinacional  en el que se reconozca sin traumas ni complejos la identidad nacional de Euskadi y Catalunya. Algo que muchos  políticos y opinadores  españoles cuestionan como “alta traición” pero que el partido socialista catalán viene invocando y defendiendo como hecho natural.

Todo parece un “déjà vu”. Hasta las declaraciones de un ex alto mando del ejército (el general retirado Fulgencio Coll) haciendo un llamamiento a “los poderes del Estado” para que impidan la investidura como presidente de Pedro Sánchez si éste llega tras un acuerdo con ERC estudiando su procesamiento al considerarlo “un problema para la seguridad nacional al poner impunemente en peligro la legitimidad institucional del Estado y negociar una reforma del Estado de contenido y alcance desconocidos para quebrar el orden constitucional”.  Nada que no hayamos visto ya, pero que remarca ese sentimiento centrípeto  de “españolidad” antes remarcado. Una amenaza de involución que siempre ha estado ahí  y que creíamos  desaparecida en nuestro entorno europeo.

Viniendo a casa, a Euskadi, el panorama tampoco presenta alteraciones. Aunque en el próximo ejercicio toque celebrar elecciones autonómicas.  La aprobación del presupuesto, con la sorprendente y reconocible aportación de Elkerrekin Podemos, dota al mapa vasco un colchón de estabilidad que, en buena lid, permitirá a Urkullu agotar la legislatura sin sobresaltos. Y quien dice “agotar”  interpreta que los plazos para que los comicios autonómicos se desarrollen se inscribe en los márgenes de la más absoluta normalidad.

Sean cuando fueren las elecciones, todas  las formaciones políticas vascas se preparan ya para este acontecimiento. El PNV iniciará en breve su largo y prolijo proceso de determinación de candidaturas,  con su doble consulta a las bases previa a sus asambleas determinantes. Además, el partido jeltzale abordará este próximo ejercicio  su habitual “asamblea general” que en este caso coincidirá con la efeméride del 125 aniversario de la fundación del partido.  El evento llega en una coyuntura en la que el nacionalismo vasco democrático evidencia de una salud envidiable. Tanto interna  como externamente donde su liderazgo se ha revalidado y fortalecido notablemente en el último ejercicio. Un momento  propicio para fijar nuevos desafíos y, si así lo estimara la militancia, para abordar transiciones en su estructura representativa-. Nada nuevo tampoco, ya que el PNV nos tiene acostumbrados a la regeneración de sus cuadros con habitual  periodicidad.

Ese momento “dulce” del nacionalismo vasco ha sufrido recientemente el contratiempo  de la sentencia judicial del denominado “caso Miñano” en el que han sido condenadas a duras penas una serie de personas vinculadas al partido mayoritario del país. El PNV no se ha ocultado  ante el fallo judicial, ni ha echado balones fuera a la hora de condenar la corrupción. Pese a ello, pese a que el pronunciamiento judicial le deja fuera de cualquier vinculación orgánica con los comportamientos castigados, el hostigamiento  de determinados  partidos y editorialistas  hacia el PNV no se ha detenido. Unos, que esperaban “algo más” de la sentencia,  se lamentan de la “baraka” –suerte- del PNV al quedar indemne  del procedimiento y de la escasa repercusión social que parece haber despertado la sentencia. Otros, insisten en su intención de vincular a los de sabinetxea  con una práctica sistémica de corrupción y clientelismo. Esperan  que ese “desgaste”, esa campaña  de desprestigio por ellos iniciada, les rente en votos y menoscabe la percepción social de los nacionalistas ante el electorado vasco. Pero esa intencionalidad y acoso ya lo hemos vivido anteriormente. Nada nuevo por lo tanto, salvo la confluencia de intereses que ha unido a Larraitz Ugarte con Iñaki Oyarzabal. Nihil novum sub sole.