Son muchos los ejemplos en el mundo en el que la ocupación espacial de realidades nacionales pequeñas a través de la modificación censal de su territorio. La invasión china del Tibet o la “marcha verde” marroquí sobre el Sahara son dos de los ejemplos más sangrantes de cuantos se mantienen en el tiempo y dan origen a conflictos aún no resueltos.
La intención del Gobierno español de alterar el censo electoral de las comunidades autónomas del País Vasco y de Navarra, dando cobijo en el mismo a los supuestos “exilados” provocados por el terrorismo de ETA no tiene comparación con esas expresiones de violencia antes reseñadas. Pero, en cierta medida, los efectos pretendidos por esa reforma legal llevan implícita una cierta intención de modificar el mapa sociopolítico normal de Euskadi.
Antes de nada, debo dejar constancia de mi respeto y consideración para con las víctimas del terrorismo. Respeto, consideración y, si está en nuestras manos, reparación de su sufrimiento. En tal sentido y con un amplio consenso político, el Parlamento vasco , a través de una iniciativa aprobada por el Gobierno vasco , está trabajando una iniciativa tendente a ofrecer ayudas de todo tipo para quienes se vieron obligados a abandonar Euskadi bajo la presión del terror, puedan regresar aquí y recuperar –en la medida de lo posible- el tiempo perdido. El tiempo que no la experiencia vital que esa ya nadie conseguirá que la subsanen.
Hablaba de consenso parlamentario básico, ya que al mismo no se ha unido aun plenamente el Partido Popular, cuyo punto de mira está desviado en el objetivo de devolver la capacidad de voto a un colectivo difícilmente identificable. Y ahí es donde surge la iniciativa presentada ayer por el Ministro de Interior.
El proyecto de ley que hace escasas horas conocimos presenta una articulación ambigua e indefinida pues gracialmente concede la potestad del voto en Euskadi a unos individuos que, residiendo en el Estado y con su sola voluntad y amparados en una declaración expresa de haber tenido que salir de Euskadi bajo amenaza terrorista alcanzarán el derecho de sufragio en nuestra comunidad. La única salvaguarda legal que parece se les obliga es demostrar su empadronamiento mínimo de 5 años en el País Vasco y Navarra entre 1977 y nuestros días.
Resulta un tanto ridículo que, para una cuestión de tanta enjundia, se exija tan poco y se elimine de un plumazo el rango de ciudadanía vasca amparado en el Estatuto de Autonomía .
La laxitud legal que el proyecto presenta y la indisimulada intención política última de alterar la representación abertzale consecuencia de la expresión popular pura, hace sospechar que lo que de verdad se esconde detrás de esta iniciativa es un “pucherazo electoral”. Si en el pasado reciente fue la aplicación de la ley de partidos la que achicó la representación política en el Parlamento Vasco, favoreciendo una mayoría constitucionalista irreal, ahora se pretende reducir el impacto de una mayoría abertzale ampliando la base potencial del voto “español”.
Dicho con todos los respetos, pero me parece una cacicada. Desconozco cuantos vascos se vieron obligados a salir de Euskadi perseguidos por la sinrazón y por la violencia de ETA. Pero, con el proyecto de ley en la mano, serían muchos más los beneficiarios de esta medida. ¿Quiénes?. Los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y sus familiares que entre 1977 y nuestros días hubieran estado destinados en Euskadi y hubieran cumplido destino al menos cinco años. La suma puede ser notable y su impacto electoral también. Por poner un ejemplo, el General Enrique Rodriguez Galindo podría, con las medidas propuestas, ser un elector más y disponer de su voto y el de sus familiares en unos comicios autonómicos vascos. Un despropósito, por no decir una provocación.
Provocar puede ser otra de las intenciones ocultas de esta normativa aún en fase de proyecto. Provocar la activación de la Izquierda Abertzale para evitar una mayoría holgada del PNV. Y provocar al PNV para que escore su posición hacia planteamientos numantinos y radicales, alejándole de la centralidad.
Por eso, quizá lo más prudente ante esta tentativa distorsionadora sea utilizar la cabeza. No para golpear con ella sino para, con inteligencia, dar una respuesta adecuada y deslegitimadora.
No se puede pretender resisitir reculando, ni empezar un post para denunciar un atropello antijurídico, antidemocrático y fascista con un disclaimer. Esta situación no se hubiera dado si, además de la colaboración estelar de la fascistada batasuna con la fascistada española, en el PP (y en el PSOE) no estuvieran convencidos de la tibieza de nuestra respuesta.
ResponderEliminarEs nuestra responsabilidad como principal Partido de Euzkadi, fundador y referente del abertzalismo institucional, defender nuestras instituciones y seguir luchando por salvaguardar la democracia y los derechos de LOS VASCOS, y eso no se puede hacer desde el acobardamiento.
Rebajarse a discutir los filtros, condiciones o la aplicación de este pucherazo (pues así lo definen tanto Iñigo como Markel) es caer en la trampa del facherío hispano. Si hay que poner pie en pared, se pone, y que lo sepan. Si hay que boicotear unas elecciones fraudulentas, se boicotean. Y si hay que crear un conflicto político e institucional parangonable al de Ukrania con la "Revolución Naranja", se crea. Otra cosa es traición al Partido, a la Nación y a la legitimidad democrática que EAJ se ha ganado a pulso ante persecuciones, asesinatos de España y de ETA, ilegalizaciones, clandestinidad y manteniéndose firme frente a quienes usaban el terror como arma política, que han sido todos menos nosotros.
En el Partido sobran bemoles para hacerlo, pero tanta contemporización y corrección política manda un mensaje equívoco.