Ayuntamiento de Mutriku (Bildustan) con la "ikurrila de Cuenca" en su balconada |
A Carlos Urquijo, Delegado del Gobierno español en Euskadi, no hace falta que le prometan un plus de productividad para que se afane presionar a las administraciones para el cumplimiento de la ley. Basta que se le sugiera que los nacionalistas incumplen la legalidad para que acelere su actividad inquisitorial en defensa de la España Grande y libre.
Hace unos meses, cuando los militares volvieron a ocupara la cumbre del Gorbea tuvo la ocurrencia de decir que para los vascos, el Ejército español era más importante que el Athletic. Una “boutade” argumental que no lleva a nada. pero , cuando de las palabras, el nuevo “corregidor”, pasa a los hechos, el asunto cambia.
La pasada semana, diversos medios de comunicación anunciaban el incremento de expedientes abiertos por la delegación del gobierno español por infracciones de legalidad en municipios vascos. La no colocación de la bandera constitucional, la exhibición de fotos de presos, el no envío de las actas de acuerdo y otras “ilegalidads” menores componían el catálogo de denuncias.
Ahora, Carlos Urquijo, convertido en Torquemada, ha ido más allá. Ha denunciado a ayuntamientos –inicialmente pequeños- por el pago a la EPSV Elkarkidetza de la parte correspondiente a las primas de seguros de sus trabajadores públicos.
Como se recordará, una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy, vinculada inicialmente para el ejercicio 2012, fue prohibir a las Administraciones públicas abonar las cuotas de los trabajadores públicos en entidades de previsión social voluntaria. Este hecho, sin parangón en la historia reciente, ponía en grave riesgo el notable acuerdo alcanzado entre las instituciones vascas y sus trabajadores de crear y dotar un fondo propio que garantizara planes de pensiones a funcionarios ypersonal laboral dependiente de la Administración. A este fondo cotizan de forma análoga las instituciones y los trabajadores, incentivando el ahorro y , también la inversión.
Algo, considerado como muy positivo socialmente por todos los agentes políticos y sindicales, fue cortado de raíz por el ejecutivo de Rajoy, impidiendo la aportación para jubilaciones. Sin embargo, la participación municipal y foral en Elkarkidetza (además de la de los trabajadores), incluía una pequeña dotación para el pago de primas de seguros en caso de defunciones, situaciones de invalidez y otros riesgos. Eso, sobre lo que existían fundadas dudas de aplicación del primer real decrero ley vinculado al presupuesto 2012, es lo que ahora Carlos Urquijo tambien ha recurrido y denunciado.
Hay que tener en cuenta que la denuncia de la Delegación del Gobierno, con el impulso judicial de la abogacía del Estado puede tener gravísimas consecuencias para los argos públicos. No hay más que ver la prisa que se han dado en Mutriku, donde la corporación municipal (Bildu), no ha tenido –como sus compañeros de Donostia- complejo en instalar la “ikurriña de Cuenca” en el balcón del ayuntamiento. Eso para que otros se hagan mirar los reparos al “imperativo legal”.
Torquemada Urquijo está en su salsa. Las nuevas medidas de ajuste y recorte aprobadas por el Gobierno de Rajoy, seguramente, serán el abono de su inmediata hiperactividad delatadora de infracciones. Ojo al dato y al “chute” de adrenalina que el incumpliento de las leyes básicas puede provocar en el inquilino de “Los Olivos”.
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