sábado, 22 de mayo de 2021

TINTA DE CALAMAR

Tinta de calamar. Cuantas veces se alude a dicho símil para expresar  que  existe una intención de ocultación de la realidad  con la emisión de señuelos  que distraigan la atención  de la opinión pública. El último en utilizar  esta expresión fue el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi  quien preguntado en la radio pública vasca por los ataques sufridos por  los batzokis a manos de activistas de ERNAI.

Otegi, visiblemente enfadado por la pregunta  realizada por el profesional de Radio Euskadi, señalaba que detrás de esta noticia  existe una “instrumentalización”  por parte del Gobierno vasco y de determinados grupos mediáticos. “Tinta de calamar” que pretende ocultar lo que “realmente preocupa a la ciudadanía”, “el anuncio de la derogación de la reforma laboral, la vacunación, la venta de empresas públicas, el caso Zaldibar, o el TAV”.

Cortinas de humo artificiales, seguramente dirigidas por el propio PNV para esconder su supuesto fracaso y mala gestión. Así lo han interpretado muchos. Entre ellos el parlamentario  Iker Casanova o  el politólogo, sociólogo, profesor y otras muchas cosas,  Mario Zubiaga  quien  dejaba constancia de su enfado  por la entrevista  realizada a Otegi  a través de un mensaje en las redes sociales. “Ataques violentos, política penitenciaria, la necesidad de condenar el pasado terrorista, voz de una víctima, ongietorris, lloros, críticos de EA…va bien el interrogatorio de @radioeuskadi. ¿Desde dónde emiten la radio pública? ¿Ibañez de Bilbao 16? ¿Plaza de la Salve, 10?”

Lo que ni Otegi ni nadie puede ocultar es que  decena y media de  sedes  nacionalistas  han sido  embadurnadas de pintura con mensajes amenazantes firmados –grabados y publicados en redes sociales- por la organización ERNAI, vinculada, como él, a la Izquierda Abertzale y su raíz; SORTU.

Resulta difícil entender el por qué  de la visceral campaña protagonizada por los jóvenes  orgánicos de SORTU. No ha habido elementos objetivos que hayan determinado su agresividad en el comportamiento. Su nueva estrategia solo cabe interpretarse en clave interna.  Y es que, como en todo el universo  heredero del antiguo MLNV, existe una tensión por monopolizar su espacio político.  Y la juventud  resulta fundamental  en los sucesores de “Jarrai”. 

Desde hace un tiempo se viene produciendo una pugna interna en la ocupación del espacio de este “mundo”. Primero fue  la ruptura entre la “oficialidad” e Ikasle Abertzaleak, y posteriormente apareció en escena un tercer protagonista; la Gazte Koordinadora Soziakista (GKS) que  enmendó a la oficialidad de ERNAI acentuando el perfil revolucionario y de clase  en contraposición al carácter “nacional” e identitario tradicional. Gazte Koordinadora Sozialista ha ido ganando el pulso  a través de planteamientos antisistémicos (negacionistas, acción directa, etc) lo que ha provocado un “latigazo”  en los planteamientos del otro universo juvenil de la radicalidad.

Es lo que siempre  se ha entendido como “acción-reacción”. Y ¿qué mejor exponente para demostrar a propios y extraños de la “dureza” de los planteamientos y de la autenticidad radical?. La solución a esta pregunta es sencilla. En términos  de la Izquierda Abertzale,  la demostración de la “pureza” original  y de su “autenticidad” es, cómo no,  zumbar al PNV. Atacar al “enemigo” que más odio genera internamente.   

Las amenazas y los incalificables  actos de intolerancia  contra los inmuebles nacionalistas existen. No son inventados. Se sabe quienes han sido los autores ya que ellos mismos los han reivindicado  para “sacar pecho” ante su parroquia. Por eso,   extraña que tanto Otegi como  su compañero  Arkaitz Rodríguez denuncien que señalar a los ejecutores  de esta campaña supone  “criminalizar” a la juventud.

Rodríguez, siempre tan locuaz, ha ido más allá en sus apreciaciones  al considerar que “los jóvenes no tienen problemas con la Ertzaintza. Es la Ertzaintza  la que tiene  un problema con los valores democráticos”.  Y sobre el ataque de sedes  de partidos  ya nos dejó hace un tiempo  aquella perla  que minusvaloraba  las acciones al señalar  que “la pintura se quita con acetona”.

Es sencillo entender que quienes pretenden  edificar una nueva imagen renovada y pulcra de la “Izquierda Independentista” se sientan incomodados ante  este tipo de circunstancias.  Las acciones de ERNAI incomodan al propio Arnaldo Otegi ("nunca he sido favorable a hacer cosas en las sedes de los partidos políticos"), o a Jone Goirizelaia  que unos días atrás  había dicho que “no estamos de acuerdo con que se pinten sedes de partidos”.

Pero el disgusto, expresado de esta manera tan desganada parece como de mentira.  Es como si a Goirizelaia, con eso de “que se pinten sedes” no le gustara  el gotelé en los batzokis . Y a Otegi , lo de “hacer cosas”, parece  indicar  que su disgusto  sea porque las tortillas sean con cebolla en lugar de sin ella.  

El desdén  en una respuesta que parece obligada, la indefinición o las frases inacabadas que pretenden  decir, sin hacerlo, algo sobreentendido son …tinta de calamar, de txipiron o begihaundi .

Quien lleva una temporada sin refugiarse en cortinas de humo  ni  entre las bambalinas es el presidente de la sala tercera del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Si antes su protagonismo se cruzó con el estado de alarma y las medidas establecidas por el Gobierno vasco para  reducir  las interacciones sociales, ahora, su firma en una sentencia se ha cruzado con el euskera. 

Toda la gestión inclusiva llevada a cabo en este país en materia de política lingüística puede ir  al cubo de la basura si prospera  la sentencia de la sala tercera de del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco invalidando la convocatoria del ayuntamiento de Irún de contratar  12 policías municipales al considerar el conocimiento del euskera como requisito  indispensable  para acceder a dichos puestos de trabajo.

La oferta pública de empleo  de la corporación  bidasotarra fue recurrida por uno de los aspirantes a una plaza  al considerar "discriminatoria" la exigencia del conocimiento del euskera apelando a una supuesta vulneración del  artículo 23 de la Constitución española. La demanda fue inicialmente rechazada por un juzgado Contencioso Administrativo de San Sebastián que evitó pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y argumentó que el ciudadano afectado tendría que haber recurrido las bases de la convocatoria en las que se incluía el euskera.

Pero, tras un recurso de aquel ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,  la sala presidida por el juez Garrido –conocido por sus insólitas  declaraciones sobre la pandemia, los virólogos, etc – determinó que la exigencia establecido en esa Oferta de Empleo Público resultaba discriminatorio, anulando la convocatoria.

El Tribunal, en su inesperada sentencia  argumentaba que en la convocatoria pública  existía un desequilibrio entre el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la administración en euskera y el derecho de aquellos que hablen castellano a acceder a los cargos públicos.

El dictamen, que echa por tierra  los criterios de política lingüística utilizados habitualmente en Euskadi y consolidados por notables consensos políticos y sociales,  señalaba que “no es necesario que todos los agentes de la Policía Municipal conozcan el euskera para garantizar a los ciudadanos el derecho a relacionarse con la administración utilizando esa lengua”. “Sería suficiente –decía el auto  de la sala que preside  el juez Garrido-  con que uno de los integrantes de cada pareja y alguno de los agentes que atienda el público conozca en el idioma”. Al mismo tiempo indicaba  que la exigencia del euskera como requisito ineludible para poder aspirar a ser policía municipal “no está justificado para garantizar los derechos de los ciudadanos” por lo que “de este modo se ha convertido en un elemento de discriminación hacia una parte importante de la población”.

Lo dicho; delirante.  No es fácilmente entendible que  una materia como la normalización del uso del euskera y su  inserción social como idioma cooficial en nuestra comunidad sea puesto en solfa por una interpretación jurídica tan sesgada como la expresada por la sala tercera del TSJPV . 

Llueve sobre mojado y so pretexto de  defender  derechos básicos de la ciudadanía  se está socavando la capacidad específica  de las instituciones vascas  a la hora de utilizar los recursos que el autogobierno les brinda. Un desafío en el que no caben distracciones ni tinta de calamar que valga.

 

 

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