DEMAGOGIA Y AUTOGOBIERNO

Fue Aristóteles el primero en definir  el concepto de la demagogia como  la “formulación corrupta o degenerada de la democracia”, una práctica de la oratoria  que permite atraer hacia los intereses propios las decisiones de los demás utilizando falacias o argumentos aparentemente válidos que sin embargo, tras un análisis de las circunstancias  pueden resultar inválidos o simplistas”. Los demagogos son, por lo tanto, personajes acríticos  cuyo único interés  es ganarse  la confianza de la gente  utilizando para ello la adulación o los argumentos que esta desea escuchar, simplificando  la supuesta resolución de los problemas  y escondiendo la dificultad de los mismos. 

 

Lo acontecido días atrás en relación  al proyecto de ley español de vivienda y la afloración de 50.000 viviendas para ser dedicadas al alquiler social, no es sino una muestra evidente de una acción política claramente  demagógica.

 

El nuevo episodio de artificio político sostiene  el relato  falsario de una pugna entre “progresistas” y “conservadores”  utilizando en este caso el grave problema del acceso a la vivienda  y las dificultades de emancipación juvenil que tan déficit comporta. Así, los supuestos “progresistas”, dicen actuar para abordar una solución legal a la falta de alternativas habitacionales. Pero su “solución” no es real y sus medidas propuestas  llenan de dudas la legalidad y la eficacia del procedimiento establecido.

 

Por el contrario, quienes  se hayan permitido dudar   de la efectividad  del proyecto de presentado han sido acusados de defender a los grandes propietarios inmobiliarios, los fondos “buitres” o  a los bancos desahuciadores. El maniqueísmo  con el que juegan  quienes impulsan  esta política de “relato” y propaganda  no termina de comprender que este “juego” solo beneficia a un artista. A quien mejor maneja  los trucos efectistas  y los tiempos en los que los desarrolla; Pedro Sánchez.

 

Pedro Sánchez volvió a meter la mano en la chistera y tras el proyecto de ley sacó otro conejo. Había dado orden a sus colaboradores para que, tras las pensiones,  se tenía que aprobar y acordar –“sí o sí”- un proyecto de ley de vivienda. Pese a la negativa que su borrador inicial había generado en el Consejo de Estado o el demoledor informe contrario emitido por el Consejo general del Poder Judicial.

 

Si llevaba al Parlamento un proyecto de ley de vivienda, cerraría su programa  legislativo antes de su “entronización” como presidente de turno de la Unión Europea. Y, además, volvería a callar la boca a sus aguerridos socios de Unidas Podemos  que le reclamaban, tras el fiasco de la ley de “sólo sí es sí”, mayor gallardía y atrevimiento parlamentario.

 

Con el proyecto  de vivienda, Sánchez les proporcionaba así un caramelo, un triunfo parcial. Pero la golosina estaba envenenada. Ya que apenas  veinticuatro horas después de anunciar el acuerdo con los republicanos de ERC y EH Bildu  -tributarios de Podemos- se apuntaría en mitin y en solitario –como ha gustado hacer en la totalidad de su mandato- , la oferta de los pisos de la SAREB. 50.000 viviendas  al mercado. Sin matices ni filtros que elevó a primer titular  de informativo hasta nuestra televisión vasca, en un dechado  de periodismo de dudoso contraste.

 

Más tarde llegarían los “peros”. De las 50.000 viviendas anunciadas, menos de 100 corresponderían a Euskadi (52 a la Comunidad Autónoma Vasca y 47 a Navarra) . Y de la cifra global, el 70% se ubican en Catalunya y Valencia,  siendo una gran mayoría  de difícil salida al mercado.  Es decir, humo inmobiliario.

 

Pero  para contrarrestar también  esa sensación, Sánchez –esta vez en el Congreso y no en un mitin-  volvió a meter su mano en la chistera y, abra cadabra,  sacó otra promesa. 43.000 nuevas viviendas de alquiler social  financiadas con fondos ICO. Ni David Copperfield.

 

Curioso en este paripé el papel de EH Bildu que ha aplaudido con las orejas  el “alcance”  del acuerdo y la profundidad del contenido pactado  pues, en palabras de Aizpurua,  consigue "poner tope a los alquileres” e “imposibilitará los desahucios tal y como están concebidos hasta ahora”, además de “dar alternativas a quienes no pueden tener una vivienda".

 

Al aplauso se ha sumado también Arnaldo Otegi  para quien, cuan profeta del adanismo  político ha asegurado que "ya tenemos paraguas jurídico en el Estado, ya se puede utilizar suelo público para viviendas sociales o topar los precios del alquiler y hacer otro tipo de políticas de vivienda en nuestro país". Una valoración que olvida y desprecia,  la potencialidad de la ley vasca aprobada en el 2015 que, como cuestión fundamental,   reconocía el derecho subjetivo de todos los vascos y vascas a una vivienda.

 

Un partido que se define como independentista o soberanista vasco  debiera entender  que su primera línea de defensa tendría que dedicarse a evitar que la capacidad de sus instituciones  y de su autogobierno se viera cercenada  con intromisiones  de ámbitos ajenos.  Y el proyecto de ley pactado por EH Bildu en Madrid, más allá de la consigna o el relato, da carta de naturaleza a una invasión competencial como la copa de un pino. Las palabras de la ministra-portavoz, Isabel Rodríguez –"a la ciudadanía le importa bien poco dónde esté escrito de quién es la competencia”- acreditan tal menoscabo  de la legalidad y el autogobierno. 

 

Los “parches” incorporados en el texto, asegurando  el “respeto” a las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas son el brindis al sol que EH Bildu ha pretendido hacer pasar como “garantías”  para evitar  la evidente crítica  que su displicencia negociadora en Madrid iba a provocar en Euskadi.

 

¿Si se reconocen las competencias exclusivas (artículo 10.31 del Estatuto de Autonomía de Gernika), a qué viene regular, a renglón seguido, todas  las consideraciones y circunstancias  que las comunidades autónomas deben cumplir  en materia de vivienda, alquiler, etc? ¿Acaso  nuestra regulación vasca no es suficiente para ejecutar una política propia en la materia?

 

¿Cómo entender entonces que Euskadi, con 26.000 viviendas, esté a la cabeza del Estado en porcentaje de alquiler social por habitante? ¿Acaso Otegi desconoce que Euskadi ha sido la primera Comunidad Autónoma en poner en marcha el derecho subjetivo a la vivienda, mediante la adjudicación de una vivienda en alquiler o, subsidiariamente, accediendo a una prestación económica de hasta 300 euros mensuales?. Y que fruto de esa política, cerca de 35.000 hogares en Euskadi reciben algún tipo de ayuda o prestación para el pago del alquiler libre?

 

Pero hay más. Mucho más. Si el problema fundamental de la ausencia de plazas de alquiler radica en el notable incremento de los pisos turísticos, ¿por qué el proyecto de ley pactado por EH Bildu  no cita en ningún caso esta casuística? ¿Por qué no se ha apoyado al alcalde de Donostia, Eneko Goia cuando ha pretendido regular  ese efecto nocivo para la oferta  inmobiliaria de alquiler? Y, por otro lado, si  se entiende que la vivienda es un problema para la independencia de los jóvenes ¿dónde están, en el proyecto de ley  con el que EH Bildu saca pecho, las ayudas  para hacer frente a esa emancipación? (En Euskadi  300 euros mensuales).

 

Detrás de muchos de los acuerdos  y los posicionamientos que EH Bildu  está desarrollando en Madrid  se encuentra un fundamento cosmético.  Algunos apoyos al gobierno de Sánchez  han tenido  contrapartidas  que el propio Arnaldo Otegi  enumeraba descarnadamente en un acto interno  en Eibar en octubre de 2021.  Otros, simplemente, han sido  postureo. ¿Cuántas de las enmiendas pactadas en los diversos presupuestos generales del Estado han terminado ejecutándose?

 

Recordemos otro episodio.  Hace ahora tres años EH Bildu  volvió a exhibir su capacidad de acuerdo y su “influencia” en el Estado con otro anuncio de impacto; la “derogación completa de la reforma laboral de la derecha”. Sí, “derogación completa”. ¿Derogación?

 

Todo es narrativa. Blanqueo de imagen para borrar su percepción oscura del pasado. Situarse  en la foto de la “progresía” para ganarse las simpatías  de las “clases populares” en el Estado. Y, de paso,  confrontar con el PNV en la influencia política en Madrid.

 

El anteproyecto de Ley de Vivienda  que la próxima semana votará el Congresos de los Diputados –en dos días, gracias a la tramitación exprés pactada también por EH Bildu, se han tenido que votar 866 enmiendas- es parte  del ejercicio de prestidigitación mediática al que Pedro Sánchez nos tiene acostumbrados habitualmente. Pero, también es el fruto de la demagogia de EH Bildu. El producto genuino de quienes solo buscan lucir imagen.  Demagogia  en detrimento del autogobierno de todos.