
En dicho lugar, tras diversos estudios de emplazamiento – hasta cuatro- la Diputación Foral de Bizkaia había evaluado situar la ampliación en discontinuidad del Guggenheim Bilbao a Urdaibai.
Fue el propio museo bilbaino quien en sus informes previos incluidos en su plan estratégico valoró la idoneidad o no de la ubicación y su posible impacto en el medio natural, así como el valor artístico, cultural o monumental de los inmuebles. Todos los estudios realizados por auditores independientes validaron la finca, hoy propiedad de la BBK, como posible destino del nuevo equipamiento cultural auspiciado por el Guggenheim.
Sin embargo, el Gobierno vasco, contrario a esta opción y como fórmula de veto que pretendiera imposibilitar cualquier actuación en ese ámbito, decidió abrir un expediente de protección para el conjunto de los inmuebles existentes en dicha finca.
Así, recabó alegaciones a su inaudita vocación proteccionista (hasta que no se habló del Guggenheim jamás había dicho nada al respecto) a las partes afectadas (ayuntamientos de Busturia y Sukarrieta, BBK, Diputación de Bizkaia, Costas, Ministerio de Medio Ambiente…)
Todas las partes aportaron en plazo y forma sus correspondientes alegaciones. (el expediente, pese anunciarse en mayo, comenzó su andadura semiclandestinamente con su publicación en el boletín en los primeros días de agosto del pasado año).
Hoy, el diario Gara ha anunciado que el Gobierno vasco ha concluido sus trabajos inscribiendo los inmuebles en el registro bajo el nivel protector de “conjunto monumental”.
La decisión del Departamento de Cultura del Gobierno vasco, fechada a finales de marzo, pone en evidencia dos características básicas inherentes al nuevo ejecutivo autónomo:
1.- El talante.
El informe hoy conocido no ha recogido ni una sola de las alegaciones presentadas por las instituciones afectadas. Ni tan siquiera las hechas por Costas o las del Ministerio de Medio ambiente, o por las apreciaciones arquitectónicas elaboradas por expertos de prestigio internacional.
Talante por lo tanto reconocido; Aquí mandan ellos y punto. Soberbia en estado puro.
2.- La ineficacia.
Según la Ley vasca de patrimonio artístico, el plazo estimado para que el Gobierno vasco incoe un expediente de protección no podrá superar los seis meses. Es decir que al Gobierno sobrepasó el plazo legal en varios meses. Se le pasó el arroz (una vez más) inhabilitando cualquier decisión administrativa. Es decir, que, a todas luces, la protección aprobada para el conjunto Bastida de Sukarrieta es NULA de pleno derecho.
Incapaces, insolventes, incompetentes, zafios…y, además, malintencionados.
Una cosa es no compartir un proyecto. Otra muy diferente es tratar de torpedearlo con malas artes o con ejercicio despótico del poder.
Esto no ha acabado. El culebrón Guggenheim Urdaibai, que López y su gobierno daba por muerto tiene una malísima salud de hierro. Urgell y el desaparecido en combate Rivera han pretendido enterrarlo en vísperas de las elecciones municipales y forales. El tiro, nuevamente por la culata. Su nueva torpeza administrativa de hoy ha vuelto a dejar al descubierto un proyecto –la ampliación en discontinuidad del Guggenheim Urdaibai- que no está ni muerto ni olvidado. Simplemente está inactivado. A la espera de tiempos mejores para reiniciar su andadura. Tiempos mejores en los que la soberbia y la incapacidad cedan el paso al entendimiento y a la suficiencia profesional y política. Tiempos mejores que llegarán, más pronto que tarde.
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