La Consejera Zabaleta ha anunciado un principio de acuerdo con el Partido Popular para reformar la Ley de Servicios Sociales en lo relativo a la Renta de Garantía de Ingresos.
Lo anecdótico del acuerdo quizá sea el “endurecimiento” de las cláusulas para el acceso a esta prestación.
Sí, anecdótico, ya que incrementar el plazo de empadronamiento de uno a tres años, el no rehusar de entrada un primer empleo o la posibilidad de ejercitar trabajos comunitarios por parte de los beneficiados eran requisitos necesarios, de sentido común, que desde hace tiempo habían reivindicado, por ejemplo, las Diputaciones forales, prestadoras –que no instituciones competentes- hasta ahora de dicha materia. (Bizkaia dedica a esta materia , Renta Garantía de Ingresos + complemento de vivienda 265 millones de euros en 2011)
Digo sentido común, porque resulta de justicia social, dotar a los que lo necesitan de fondos que garanticen su dignidad humana. Pero, para que esto sea posible, y debe serlo ahora y mañana, es preciso hacer sostenible el presupuesto público, buscando la responsabilidad social de todos, evitando picaresca o resquicios legales que puedan permitir conductas reprochables.
Las leyendas urbanas hablan de bolsas importantes de fraude entre los perceptores de ayudas sociales, y las tesis más recalcitrantes y xenófobas se fijan en el colectivo inmigrante como principal causante de este dislate social. Y no es así.
En Bizkaia, por poner un ejemplo, la foto de la persona-tipo perceptora de la renta de garantía de ingresos es una instantánea de mujer, autóctona, entre 25 y 54 años. Un 25% de las casi 75.000 personas beneficiarias de este subsidio, obedece a este patrón. Mujeres solas y/o con cargas familiares. Viudas que deben complementar su pensión de miseria para poder llegar a fin de mes.
El segundo puesto de los perceptores de la antigua renta básica está ocupado por el colectivo inmigrante (otro 25%). Colectivo que, sin papeles, busca la dignidad de vida , aunque en ocasiones y por responsabilidad de todos, conjuga estos ingresos con la economía sumergida que todos provocamos.
Según datos facilitados por los propios técnicos que trabajan en este ámbito – la exclusión social- el nivel de fraude existente en la renta de garantía de ingresos es pequeño. Podría aproximarse al 5%. Pero su aceptación intelectual de cara a participar en el mismo está ampliamente instalado –ojo al dato- entre los más jóvenes de nuestra sociedad. Casi el 70% de los jóvenes encuestados en estudios sociológicos serios, desvela que no es reprochable “hacer trampas” para conseguir ayudas sociales. Trampas como modificar el empadronamiento, fingiendo emancipación familiar sin recursos (eso es legal pero no socialmente sostenible).
Por eso he manifestado que los cambios resultan anecdóticos. Lo extraño es que no se hayan llevado adelante mucho tiempo antes.
Siendo políticamente incorrecto, me veo en la necesidad de decir que buena parte de nuestra sociedad, o de nuestra clase política, mantiene una cierta impostura de progresismo que no soporta un enfrentamiento con la realidad. Somos los más progres, los más justos socialmente. Derechos subjetivos para todas las personas, apoyo público a todo el mundo. Y no puede ser.
No puede ser que hayamos hecho leyes abiertas en épocas de vacas gordas como si la bonanza estuviera instalada para siempre y el subsidio fuera la panacea de la dignidad.
No es de recibo que , en ocasiones, se gane más dinero sin trabajar que trabajando. Y eso también ocurre, desincentivado los valores tradiciones de trabajo, esfuerzo e iniciativa.
No es lógico entender la política pública como una carrera por ofrecer más ayudas, más subvenciones, más prestaciones, a sabiendas que las arcas públicas –las de todos- terminarán por no aguantar.
Cosa diferente es socializar la sospecha y denunciar sin pruebas un fraude que no existe de forma generalizada.
Como todo en la vida, este tema necesita sentido común, rigor y ver los casos , no conjuntamente, sino de manera individualizada .
Lo realmente importante de las medidas notificadas ayer es que , al fin, la Consejera de Asuntos Sociales parece haber tomado las riendas para la modificación de la Ley de Servicios Sociales. Lleva ya un año de retraso en esta materia – iba a ejercitar la competencia de la renta de garantía de ingresos este año y anuncia que lo hará el próximo- . Y en otras, más de lo mismo. Se va a cumplir un año de la transferencia de las políticas activas de empleo y seguimos sin noticias de Lanbide. Y el paro sube.
El prometido plan para el empleo sigue en el cajón. Dicen que lo han sometido a seis meses de consultas en sectores sociales – han excluido a las diputaciones y ayuntamientos- y los primeros resultados filtrados de su estudio lo vincula al Plan Español por el Empleo. Menudo consuelo (casi cinco millones de parados). Y los casi 490 millones de euros de financiación de las políticas activas ¿dónde están?.
Zabaleta llega tarde. Tarde a todo. Va a terminar la legislatura y los únicos cambios de los que va a poder presentar en su curriculum son los ceses y abandonos del personal a su servicio. Eso, algo quiere decir, y por lo pronto, nada bueno.
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