LA “IMPARCIALIDAD” DE CALPARSORO

Sólo faltaban las declaraciones del Fiscal Jefe. Juan Calparsoro ha enseñado la patita para dejarnos  nuevamente boquiabiertos con la justicia. El máximo responsable del ministerio público, en lugar de  intervenir de puertas adentro en relación a una supuestas irregularidades , presuntamente cometidas por un ciudadano ,  ha preferido los micrófonos y los altavoces mediáticos para añadir un poco más de pimienta al denominado “caso Gil”.

Calparsoro, lejos de entrar en harina, ha abonado la tesis  del rifi-rafe político  en este caso: «Dado quién es él – ha dicho el Fiscal Jefe-, quién es el cuñado y quién es el que denuncia, tienes el temor de que haya podido haber una motivación electoral o política detrás de esta denuncia». Lo mismo podría decirse en otras circunstancias (no hablaremos de los bonos del ferry, de la lamentable actuación de la fiscalía en el caso Ibarra  o, por la trascendencia mediática reciente  del expediente judicial a  Urdangarin).

Es preciso mantener la presunción de inocencia de todas las personas hasta que un tribunal no diga lo contrario. Y aquí, también.  Pero justo sería que , manteniendo este principio, quienes deben investigar en profundidad lo hagan y eviten  pronunciarse tendenciosamente ante la opinión pública.

De lo contrario, cabría interpretarse que  si de irregularidades o ilegalidades hablamos, éstas  pudieran verse amortiguadas por la condición política o de relevancia del supuesto infractor. Es decir que , para  el ministerio fiscal –cargo de obediencia jerárquica- existirían dos varas diferentes de medir las conductas. Una, la que  sería de aplicación al mundo mundial y otra,  la que sería de aplicación a personalidades “relevantes” de la política o del poder establecido.

Vamos que si las sospechas de actos supuestamente delictivos recaen sobre un destacado dirigente político, cabe suponerse que quien le ha denunciado tenga intereses espurios en  su acusación.

Calparsoro , con sus desafortunadas declaraciones, ha pretendido mitigar la supuesta gravedad de unos hechos puestos en conocimiento de la fiscalía por los funcionarios de la inspección de Hacienda , reduciendo el alcance de las pruebas presentadas a una supuesta “trifulca política”, denostando la imparcialidad, la profesionalidad  y la objetividad de quienes trabajan para velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias y fiscales del conjunto de la ciudadanía.

Calparsoro se ha olvidado de cuál es su deber; investigar, llegar al fondo de la cuestión, de las denuncias que ante él o el Ministerio fiscal se presentan. Y,  lo que es más grave, ha minado la confianza  en una justicia justa. Por eso decía yo el otro día que, en ocasiones es mejor de tu lado al árbitro que a la ley.

El Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia del  País Vasco  tiene todo el derecho del mundo a expresarse libremente en relación a cualquier tema que acontezca en la actualidad política vasca. Pero si sus valoraciones interfieren en el papel institucional que representa, lo mejor  para él y para la justicia es que deje la toga a un lado y demuestre que, por encima de  valoraciones personales, está la igualdad de todos ante el ordenamiento jurídico.