CENSURA Y RESPONSABILIDAD

Los primeros incentivos fiscales  consignados por las administraciones vascas para hacer frente a la brutal crisis económica  que asolaba el país -25% de paro y más de la mitad de los jóvenes en desempleo- se aprobaron en la Diputación Foral de Araba en diciembre de 1994. Era por entonces diputado de Hacienda el socialista Roberto San Ildefonso en un gobierno  de coalición PNV-PSE presidido por Alberto Ansola.

La poca memoria de algunos no recuerda la excepcional coyuntura de entonces. Euskadi, que soportaba el implacable azote del terrorismo, la nula inversión estatal  (“la mejor política industrial es la que no existe”  decía Carlos Solchaga) y la caída de la mayoría de los sectores estratégicos productivos, amenazaban con convertir a este país en un desierto industrial con decenas de miles de parados.

El Gobierno vasco de coalición (PNV-PSE-EE) presidido por el lehendakari Ardanza  y en el que  Rosa Díez  ocupó la cartera de Comercio y Turismo entre los años 1991 a 1998,  estableció, junto a las diputaciones forales (tripartito PNV-PSE-EA) un plan de choque contra la crisis en el que se fijaron una serie de actuaciones. Desde el impulso de la obra pública (Plan Euskadi-Europa 93), la reconversión industrial y las medidas fiscales  tendentes a  incentivar la inversión.

Aquel fue un acuerdo político e institucional  de gran valor que hizo posible que este país emergiera del agujero y que volviera a la senda del crecimiento, del empleo y del progreso. Una alianza que ojala se diera nuevamente en la actual coyuntura económica que padecemos.

Los denominados “incentivos fiscales” no fueron invento vasco.  Ni un atajo inexplorado en Europa. Las normas forales aprobadas en Euskadi fueron una copia literal de medidas fiscales existentes en aquel momento en el Estado francés –crédito fiscal del 45%-,  si bien, en el devenir de la historia y en la actuación de la Comisión Europea, no se conoce expediente alguno contra la normativa aplicada en el país vecino. Y aquí sí.

Además, muchas de las exenciones recogidas en las normas –o en las medidas para su desarrollo- lo eran por incentivos expresamente recomendados por la CE, como son el apoyo a la creación de nuevas empresas, a la Formación Profesional, al Capital–Riesgo, la capitalización de PYMES, etc.

Pero, ya se sabe, Euskadi no es Francia.

Si en el origen de las medidas tributarias aplicadas durante de la década de los 90 la corresponsabilidad política  -por fortuna- fue amplia y compartida, cuando la Comisión Europea dictaminó  como “ilegales” tales ayudas y se instó a las instituciones vascas a recuperarlas, la responsabilidad institucional en este país también fue mancomunada. (Legislatura Foral 1999–2003 = Gobiernos PNV–EA en Bizkaia y Gipuzkoa, y Gobierno del PP en Araba –con apoyo del PSOE en JJGG-; Legislatura Foral 2003–2007 = Gobiernos PNV–EA en Bizkaia y Gipuzkoa, y Gobierno del PP en Araba –con apoyo del PSOE en JJGG; Legislatura Foral  2007–2011 - Gobiernos PNV–EA en los tres TTHH –sumándose Aralar al de Araba; Legislatura Foral 2011–2015 = Araba, PP. Bizkaia, PNV. Y Gipuzkoa, Bildu.).

Hago esta prolija relación para situar  en su justa medida, en el contexto que corresponde, el delirante acuerdo que el pasado jueves adoptaron socialistas, bildustanís y Maneiro en relación a la sanción europea  vinculada a los incentivos fiscales.

Digo delirante ya que, con todos los respetos, lo que  el Parlamento aprobó  el otro día, me pareció una burda patada a la corresponsabilidad política en el culo del PNV. Es decir, una gratuita bofetada a la Euskadi institucional y a sus representantes por el interés particular de quienes, desde su incapacidad representativa, han unido su frustración contra el adversario nacionalista.

Quienes no hayan seguido el debate parlamentario  deben saber que el pasado jueves la Cámara de Gasteiz  aprobó una proposición no de ley, presentada como enmienda por el aforado Gorka Maneiro según la cual , además de  exigir al Gobierno vasco y a las diputaciones  el pago de la sanción impuesta por  el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Parlamento vasco “censura la puesta en marcha de las denominadas vacaciones fiscales declaradas ilegales por la Unión Europea así como la tardanza injustificable e irresponsable en la recuperación  de las ayudas empresariales por parte de las Diputaciones forales”.

“Censura”, “injustificable” e “irresponsable”. Ni más, ni menos. Miserables amnésicos. Oportunistas  de cartón piedra, incapaces de asumir sus propios actos para traspasar la supuesta carga de la prueba a los demás. Politiquillos de revancha y de navaja. Ni Maneiro se acuerda de Rosa Díez como consejera, ni Charli Prieto,  cada vez más Charli y más Chaplin, es capaz de asumir lo que los suyos hicieron – que estuvo bien hecho- en defensa del país, de su economía y del empleo. Y todo, para golpear públicamente al PNV.  Todos unidos con EH Bildu, esos que, en aquel entonces,  amparaban una dinámica de tierra quemada, chantaje y desolación.  Todos juntos y revueltos para pasar una factura de reprobación al PNV.  Una revancha, articulada como castigo,  envuelta en el celofán  legítimo de un acuerdo parlamentario soberano. Que tristeza.

Hay que tener la cara de hormigón armado para venir ahora con reproches. Algunos  se olvidan de sus responsabilidades pasadas, por acción u omisión y reclaman a los demás que paguen los platos rotos. Son como Pitarque, aquel bilbaino que iba de boda en boda, de banquete en banquete sin pagar nunca una factura.  Viviendo del cuento y pidiendo a los demás que paguen la cuenta.

Euskadi no tiene por qué arrepentirse de haber hecho lo que hizo con los incentivos fiscales.  Hoy, seguramente, y conocida la actitud de la quienes  forman parte de la Comisión Europea, se actuaría de forma diferente. Aunque no llegamos a entender por qué la Comisión sanciona a Euskadi y mira hacia otro lado si las ayudas públicas directas a las empresas son de Francia, o si las inyecciones económicas públicas son a la banca.

Hoy, con toda certidumbre,  buscaríamos otras vías con mayor seguridad jurídica. Por cierto,  resulta paradójico que quienes hoy aquí nos reprochan lo que hicimos,  tengan el doble  lenguaje de reclamar al Gobierno vasco y al resto de instituciones ayudas públicas al sector naval, al grupo cooperativo o a cualquiera otra empresa. Reprochan lo que hicimos pero nos piden que lo volvamos a hacer.

Gracias a aquellas decisiones arriesgadas, muchas empresas sobrevivieron hasta nuestros días y miles de empleos se crearon o mantuvieron para que saliéramos adelante Eso hicimos nacionalistas, socialistas, populares y hasta quienes en una parte hoy conforman  esa Izquierda Abertzale incapaz de la autocrítica y de pedir perdón por el inmenso daño que  hizo a este país. ¿Pagar la factura dicen?. ¿Responsabilidades?. ¿Censura?.  

¿Que en le proceso de recuperación de las ayudas a las empresas se han cometido errores?. Es posible. ¿Que se han recuperado todas las cantidades?. Sí, hasta el último céntimo. ¿Que se ha procurado no dañar el tejido productivo afectado por el recobro?. Por supuesto. Lo fundamental  era, además de cumplir con la exigencia comunitaria, que ninguna empresa cerrase, que ningún empleo se perdiese por ello. ¿Que nos merecíamos una sanción o multa?. Rotundamente no. Es una injusticia manifiesta. Pero las instituciones vascas, en el ámbito de su responsabilidad, pagarán. Porque siempre hemos jugado limpio y porque  el resultado neto obtenido por  toda la operación es positivo para el país.

Quienes no lo creen así,  quienes prefieren predicar, en lugar de dar trigo, se han montado en el caballo de la demagogia  para visualizar una derrota parlamentaria.  Y eso duele. Pero duele aún más la frivolidad con la que se afrentan y se dan cauce a las necesidades que esta sociedad vasca demandaba y aún reclama.