viernes, 27 de junio de 2014

“COMMONWEALTH”, EL PACTO CON LA CORONA

Me había propuesto dejar a un lado el tema monárquico. Pero la actualidad  vuelve a marcar el paso. Está, por un lado, el “aforamiento expréss” de Juan Carlos I y de una parte de su saga. Por otro, el procesamiento de la infanta Cristina por presuntos delitos contra la Hacienda Pública.  Ambas cuestiones parecen relacionadas.

La primera materia –el blindaje jurídico del ex monarca y los suyos- hace sonrojar al más casto. Nadie entiende las prisas, las excepciones y los motivos que han llevado al Gobierno español, al PP y a sus aliados externos (Felipe González ha vuelto a hablar para pedir a su partido el apoyo a esta medida) a determinar el régimen jurídico protegido de la “familia real” en un pis-pas.  En un abrir y cerrar de ojos. Sin debate. Adulterando el procedimiento  e introduciendo  la sospecha de que algo oculto existe en el comportamiento borbónico que propicia la inmediata  aprobación de un fuero protector  -civil y penal- sobre sus “reales” cabezas. Resulta de todo punto impresentable.

Nos dijeron, como si fuésemos lelos, que la abdicación fue una decisión “meditada y pactada hace meses”. Que todo estaba planificado y consensuado. Sin embargo, las prisas por entronizar al nuevo rey y la celeridad por aforar al viejo monarca indican todo lo contrario.

Y, yendo al fondo de la cuestión, es cierto que miles de cargos públicos gozan, aquí, y en el Estado, de un rango de aforamiento ante la justicia, pero dicha protección –que traslada a los tribunales superiores y al supremo las causas abiertas contra ellos- se produce para garantizar la seguridad jurídica de un cargo público durante su mandato. Seguridad jurídica durante el mandato, no inviolabilidad ni inmunidad.

Recordemos el lehendakari Ibarretxe, la Mesa del Parlamento Vasco con Juan Mari Atutxa a la cabeza o políticos como Patxi López, Rodolfo Ares o Hasier Arraiz pasaron por los juzgados  -Tribunal Superior de Justicia del País Vasco-  tras denuncias  presentadas contra ellos en el ejercicio de su responsabilidad institucional. Pero, una vez fuera de ella, ni los ex presidentes de gobierno españoles, ni los ex lehendakaris, ni los ex parlamentarios gozan de esa prerrogativa o aforamiento. ¿Por qué Juan Carlos I y su familia sí? ¿En los ámbitos civil y penal? ¿Acaso no fue él quien dijo que la justicia era igual para todos? ¿A qué tienen miedo para promover una medida como esta? ¿Hay algo que se nos oculta?.
Si una persona es honrada y honesta no debe temer nada, ¿no es cierto?. ¿Por qué entonces el manto protector del Tribunal Supremo?

Aquí es donde entra de lleno Cristina de Borbón. El procesamiento de la infanta Cristina por sendos presuntos delitos contra la Hacienda pública (delito fiscal y blanqueo de capitales)  resultaba ineludible tras la minuciosa investigación llevada a cabo por el juez Castro. A la vista de las pruebas practicadas, su  no imputación habría sido un escándalo mayúsculo. Aunque el Fiscal General del Estado diga lo contrario y empeñe su prestigio por servicio a la Corona.

La sumisión de la fiscalía, que ha anunciado recurso al cierre del procedimiento y a la consecuente apertura de vista oral, nos deja otra  curiosa disyuntiva de cara al juicio que se avecina. Ante la evidencia de que solamente exista una acusación contra la infanta (la acción popular), ya que la fiscalía defiende su inocencia, ¿qué doctrina imperará en el Tribunal Supremo?. ¿La  denominada  “doctrina Botin”, que dejó indemne al banquero por considerar que la sola presencia de la acusación particular no legitimaba el procedimiento? o, por el contrario ¿la doctrina aplicada contra Atutxa, Knörr y Bilbao, que dio por buena la exclusiva acusación de “manos limpias”?.

Al día de hoy, no tengo dudas. Se aplicará la que sea más beneficiosa para la infanta.
 .
Volviendo al principio, en el fondo del aforamiento que ahora se pretende para la familia real,  está la necesidad de que no haya más jueces Castro con los que Juan Carlos I y su saga se puedan enfrentar. Que en su caso, la justicia ordinaria no les toque y sólo puedan rendir cuentas ante la justicia extraordinaria.  Un privilegio gratuito, simple y llanamente.

Todos los caminos de la monarquía en España conducen al descrédito, a la falta de ejemplaridad. Pensaba que esta decadencia era inherente a toda la realidad de jefaturas coronadas reinantes en nuestro derredor.

Sin embargo, y pese a que tampoco me haya resultado simpática su majestad, la monarquía británica encarnada en Isabel II, está dando muestras de que su cetro y su reinado, tienen otros comportamientos políticos y sociales mucho más positivos y destacables.

Mientras aquí se hablaba de la corona en términos de tribunales de justicia, en las islas británicas se producía un hecho insólito. La reina Isabel II, de viaje oficial a Irlanda del Norte, visitaba la antigua cárcel de Belfast,  centro penitenciario que durante el conflicto norirlandés, sirvió para acoger  a centenares de represaliados republicanos y unionistas.

En un gesto inédito, la reina Isabel II volvió a respaldar la reconciliación en el Ulster, como lo vino a reconocer quien fuera Comandante del IRA y  hoy  ministro principal norirlandés, Martin McGuinness. Tras acompañar  a la soberana, de 88 años, por el ahora recorrido turístico de la llamada Prisión de Crumlin en Belfast,  McGuinness indicó que “la mayoría de la gente reconoce los esfuerzos efectuados por la reina en favor del proceso de paz y reconciliación y creo que mucha gente verá la vista a la cárcel con un gran asombro”.

El dirigente republicano, partidario de la unificación de la isla de Irlanda, permaneció detenido durante un mes en 1976 en esa cárcel acusado de pertenecer al IRA. La delegación oficial que acompañó a la reina estuvo también conformada por el otro representante del gobierno del Ulster, el protestante Peter Robinson, quien, a su vez, permaneció detenido en Crumlin en varias ocasiones durante la pasada década de los 80 por participar en manifestaciones contra el llamado Acuerdo Anglo-Irlandés (1985).

Tras la visita al penal de Belfast, la reina de la Gran Bretaña, pronunció un discurso lleno de contenido (no como otros) asegurando que Irlanda del Norte “es un ejemplo” para el mundo por la capacidad de su gente para “superar sus diferencias” tras más de 30 años de conflicto. “Sé que aún quedan muchos retos para el futuro”, dijo la soberana, “y que lograr la paz no es siempre una tarea fácil. Pero habéis llegado muy lejos al conseguir convertir lo imposible en posible. Confío en que Belfast continuará siendo un ejemplo vivo de eso”, dijo, “y quiero agradeceros a todos los habitantes de esta ciudad el duro trabajo y la dedicación con la que habéis logrado la transformación”.

Dos monarquías, dos ejemplos diferentes. La primera, cuestionada  y en entredicho  por su conducta  poco alentadora de valores colectivos. Una corona en decadencia  que ha pervivido únicamente en beneficio propio y que ahora busca, denodadamente, un asidero al que aferrarse para garantizar su continuidad. La abdicación y la entronización de un nuevo rey ha sido el último golpe de efecto  para obtener un poco de oxígeno ante tanta desafección social. Pero el impacto efectista del relevo personal en la jefatura del Estado tendrá poco recorrido si el nuevo  inquilino de La Zarzuela no demuestra capacidad para abordar un cambio real  y útil  que plante cara a los graves problemas  estructurales  que afectan al Estado español.

La segunda corona, la británica, pese a los vaivenes de todo tipo que ha tenido que afrontar y a la longevidad de su  soberana,  mantiene un rol comprometido  con los desafíos que le afectan, garantizándose el respaldo y el respeto  no solamente de sus fieles seguidores ingleses sino también  del resto de naciones que componen el Reino Unido de la Gran Bretaña, así como las ex colonias que comparten nexo de unión a través de la “Commonwealth''.

Por cierto, en el mundo de habla inglesa se interpreta la palabra “Commonwealth''  como el sistema político basado en la asociación voluntaria a fin de perseguir un beneficio común. Léase también como Estado Libre asociado.

Aquí suena como “Concierto Político” . ¿Sabrá Felipe VI lo que esto significa?

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