El Partido Popular, de la mano de su portavoz en el Congreso
de los Diputados, Alfonso Alonso, ha presentado una enmienda a los presupuestos
generales del Estado que de prosperar –ya ha sido aprobada en la Cámara baja-
imposibilitaría nuevamente las aportaciones económicas de las instituciones
vascas a los fondos de previsión social voluntaria (EPSV) para la contigencia
de jubilación de los trabajadores públicos rompiendo el acuerdo que el pasado
ejercicio alcanzó el PNV con el Gobierno del Estado en esta materia.
La enmienda en cuestión rompe el acuerdo alcanzado el pasado
año entre el PNV, el ministro Montoro y
el PP que permitía reiniciar el curso
ordinario de la previsión social complementaria en las administraciones públicas
y cuya incidencia afecta únicamente a
las entidades de previsión social a existentes
en la Comunidad Autónoma
Vasca.
El Gobierno español que en el texto del proyecto
presupuestario mantenía la literalidad del acuerdo alcanzado el pasado año ha
señalado que la responsabilidad última de la iniciativa es del portavoz del PP, el alavés Alfonso Alonso, quien, al
parecer ha argumentado su decisión por la el hecho de que el Gobierno
vasco no ha hecho uso de tal previsión
normativa, suspendiendo las aportaciones a su plan a través de la EPSV Itzarri.
Lo que no hace la normativa es obligar a nadie a hacer
aportación alguna a las EPSV, máxime cuando puedan existir problemas objetivos
que lo aconsejen –disponibilidad económica-. Pero, de ahí a prohibir
hacerlas va un trecho indefendible. La norma en vigor – acordada tras dura negociación
el pasado año- habilita a las instituciones municipales y forales para renovar
el programa pactado de aportaciones a EPSV. Así, durante el ejercicio 2014
prácticamente todas las instituciones municipales y forales lo han hecho y en algunos casos concretos –Ayuntamiento de
Vitoria, singularmente- , desde un esfuerzo de flexibilidad y acompañamiento a
las situaciones particulares de esta institución, se había pactado el modo de
cumplirlo.
Es decir, en lo que se refiere a ELKARKIDETZA y a la parte
del sector público vasco que se conduce en el ámbito local y foral, se ha hecho
un uso razonable de la norma presupuestaria de 2014, con vocación de proyectar
a futuro tales previsiones. Es obvio que una norma presupuestaria habilita a
una institución pública a realizar tales aportaciones institucionales, aunque
ciertamente no le obliga: es esta una cuestión que se reserva a su
autonomía política y de la que responde frente a terceros.
En definitiva, el movimiento del Diputado Alonso agrede gratuita
frontalmente al proyecto ELKARKIDETZA y a la capacidad de los
ayuntamientos vascos y Diputaciones Forales para continuar en la senda de
normalidad debida en un proyecto tan sensible como el que nos ocupa.
La agresión es tomada
por el PNV como una ruptura de la voluntad conciliadora del PP para con los
presupuestos generales del Estado y pretende, por la puerta de atrás dejar sin
efecto los compromisos asumidos por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para
retomar, como pago aplazado de 2014, sus
aportaciones a ELKARKIDETZA previstas para marzo del 2015. De ahí que veamos detrás
de esta intolerable ruptura del
acuerdo la mano del alcalde Maroto que pretende, de esta manera, ahorrarse el
pago de las aportaciones conveniadas con los trabajadores municipales.
Si Maroto no quiere pagar, que lo diga, que se lo explique a
los trabajadores. Pero que el PP deje al resto de instituciones del país que así
lo decidan, cumplir con sus obligaciones contraídas.
Ahora que Alfonso Alonso es ministro quizás esta noticia ha dejado de tener relevancia. Alonso es el sustituto de Ana Mato y espero que el nuevo ministro no se considere a sí mismo únicamente de sanidad sino que también piense que lo es de la Ley de Dependencia.
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