El Partido Popular, a través de su grupo parlamentario y de
sus representantes en la Ponencia de autogobierno, solicitó al Gobierno español
la elaboración y remisión a la
Cámara Vasca de tres
informes. El primero de ellos pretendía evaluar el coste económico de una
supuesta independencia de Euskadi y de las consecuencias que tal tendría en relación a la Unión Europea. El
segundo solicitaba un relato del desarrollo estatutario vasco y de las
competencias pendientes de transferencia. Y, el tercer informe requería al
Gobierno de Mariano Rajoy a establecer un
estudio comparado del nivel competencial del País Vasco en el ámbito de la Unión Europea.
Ni que decir tiene que, en origen, las peticiones tenían una
intencionalidad evidente que a nadie se le escapa; cuestionar la necesidad de
una “actualización” del marco de autogobierno por considerar que el actual
estatus, incomparable en analogía con otras experiencias autonómicas o
federales, resultaba adecuado y
suficiente para el País Vasco.
Cada cual es muy libre de creer o considerar lo que quiera
en relación al marco jurídico-político que deba tener este país. Para establecer su referencia, anclaje o
modificación se constituyó la ponencia de autogobierno y será en ese foro en el que cada formación
política exprese libremente sus
planteamientos. Lo que no resulta de recibo es que hecha la petición de
informes –Maneiro solicitó nueve estudios más al Gobierno español-, desde la
Moncloa se haya contestado que “nones”.
Que ni tres, ni nueve. Que ni se han hecho ni se harán. Por mucho que lo hayan
pedido el grupo parlamentario de Arantza Quiroga.
El pasado mes de julio, Don Carlos Mª de Urquijo y
Valdivieso, a la sazón
Delegado del Gobierno español en Euskadi remitía la respuesta
oficial del ejecutivo de Mariano Rajoy. “...Dado que el objeto de la solicitud
efectuada por la Ponencia de
Autogobierno del país Vasco excede el ámbito competencial propio de esa
Comunidad Autónoma afecta a competencias exclusivas de la Administración General
del Estado, se deniega la petición efectuada al no encontrarse fundamento legal
alguno que ampare la remisión de la documentación requerida”. Toma del frasco
Carrasco.
¿Se le ha mudado el color al grupo peticionario –el PP- por
el desaire y la falta de respeto
institucional provocada por sus
compañeros-jefes de Madrid?. ¿Han dicho algo por la desvergüenza de una
negativa tan sonora?. Ni “mú”.
Solo han reaccionado, y para dar la nota, cuando se han
conocido los contenidos de los informes solicitados al Gobierno vasco. Para los
“populares”, los textos oficiales
entregados en el Parlamento Vasco “parecen hechos en Sabin Etxea” y su
intención es “engañar a los ciudadanos” con el mensaje de “España nos roba”.
La insolencia en la respuesta tuvo en Carlos Urquijo a su portavoz más
acusado. El delegado que negó al Parlamento Vasco la colaboración del
ejecutivo del Estado, sí puso esmero en
descalificar el contenido de los estudios que, a petición de la ponencia de
autogobierno, habían elaborado los servicios técnicos del gabinete Urkullu.
Desatendiendo su rol
institucional, una actitud
habitual en él, Urquijo no dudó en denostar el papel del
lehendakari y su gestión de gobierno.
Así calificó de “propuestas estrambóticas”, “ensoñaciones independentistas
letales” o “engaños”, las conclusiones que sobre el autogobierno, el Concierto
económico o la
Seguridad Social , había llevado al Parlamento el Gobierno vasco a
través de ocho informes.
Descalificaciones hechas sin tan siquiera leer el contenido de los estudios. Sin cotejar o
contrastar argumento alguno. Con el
desparpajo y la insolencia del
banderizo cuya función no es otra que la
de defender a su señor, su linaje, poder y fortuna por encima de todo.
La figura de la
Delegación del Gobierno (recogida en el artículo 154 de la
Constitución) se contempla legalmente
como órgano de la
Administración Pública del Estado dependiente del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y sus titulares que dependen
directamente de Presidencia del Gobierno, ostentan la condición de Alto cargo, (subsecretario), siendo sus
funciones principales las de representar
al Gobierno central así como dirigir la Administración del Estado en el
territorio autonómico y coordinarla con la Administración propia de la
Autonomía en cuestión.
Toda esa legalidad
institucional, ha tenido en la historia autonómica de Euskadi un reflejo fiel
en contadísimas excepciones. De modo y manera que la figura del Delegado, por
norma general, ha sido utilizada a modo
de ariete político del partido gobernante en la Moncloa, siendo Carlos Urquijo
su ejemplo más esperpéntico.
Pero no utilizaré la descalificación del personaje y sus zafias maniobras activistas para
escurrir el bulto y evitar dar respuesta a su mensaje de que "sin la
solidaridad del resto de los españoles a través de la caja única de la Seguridad Social ,
no podrían pagarse las pensiones del mes que viene".
Las pensiones, la Seguridad social, las prestaciones por
desempleo vuelven a utilizarse como
argumento político para alimentar el
miedo ciudadano al autogobierno. No se trata de una materia distintiva ni específica del País Vasco. Lo hicieron los
unionistas en Escocia y ahora el Estado
en Catalunya. La amenaza de ruina o la
advertencia de impago futuro no es una cuestión ni novedosa ni particular de los vascos.
En nuestro caso, la controversia sobre el futuro de las
pensiones y de la seguridad social tiene
dos ámbitos diferenciados. Es como el fuero y el huevo.
El
fuero, la gestión propia de los recursos
generados en la seguridad social tiene
en Euskadi una cuestión incontestable. Ni tan siquiera Urquijo o el propio
Rajoy lo han negado. El Estatuto de autonomía en vigor determina en su artículo 18 “b” que corresponde al País Vasco “la gestión del
régimen económico de la
Seguridad Social.”. Y punto.
Tal
precepto normativo, tan ley como cualquier otra en vigor, no se ha
cumplido tras treinta y seis años de
vigencia. ¿Dónde queda aquello de que le ley está para ser cumplida?.
Y
ahora vamos al “huevo”, al contenido. Dice Urquijo que el déficit de la Seguridad Social
en el País Vasco en los tres últimos años ha sido de 5.066 millones de euros,
incidiendo que "sin la solidaridad del resto de España, los vascos no podrían cobrar la pensión el mes que
viene". Negar lo evidente sería estúpido.
Es cierto que en los últimos años – debido a múltiples factores, crisis, envejecimiento poblacional, etc- el
balance entre aportaciones y prestaciones
a la Seguridad
Social ha resultado
deficitario en Euskadi. Todo lo
contrario ocurrió durante decenios sin que
nadie echara en cara a los pensionistas y parados españoles que cobraran
parte de sus subsidios gracias a la solidaridad vasca. Nadie ha hecho tal
reproche.
Pero
siendo real el déficit actual, resulta mezquino centrarse en la coyuntura de Euskadi sin
hacer notar que el sistema en su conjunto –de cuya normativa y regulación es ajena esta comunidad- vive una profunda
crisis, hasta el punto de que los
expertos auguren que, de seguir a este
ritmo, el fondo de reserva de la
seguridad social española se habrá agotado en tan solo cuatro años.
Lo dice el informe del Gobierno vasco
que Urquijo ha denostado sin leer. “El déficit/superávit relativo es una
cuestión coyuntural por la maduración de ciclos y modelos económicos y por los
crecimientos, o ausencia de ellos, futuros. El problema de las pensiones en
Euskadi respecto del Estado, no es un problema de un porcentaje mayor o menor
del PIB sino de otra magnitud mucho mayor, e incluso de legitimación del papel
del Estado y los poderes públicos en esta materia clave. Ello abre una
oportunidad para que Euskadi se dote de un elemento diferencial básico para el
bienestar de sus ciudadanos.”
El modelo necesita urgentemente cambios
estructurales. Y en Euskadi estamos en disposición de afrontarlos con visión propia.
Ajustándonos a nuestra estructura de mercado laboral, acordando y desarrollando a futuro un modelo coherente de pensiones
basado en las aportaciones públicas y en las complementarias -preferiblemente de empleo-. Un modelo en el
que el PNV lleva trabajando intensamente en los últimos meses y que, llegado el momento, activará para el
futuro de las pensiones tenga garantías de sostenibilidad para todos los vascos.
Justificar el incumplimiento de la ley –
la transferencia de la gestión económica de la seguridad social- por su
viabilidad económica puede tener un pase
periodístico. Pero en lo que a responsabilidad pública se refiere, y viniendo
de donde viene, es una des- facha-tez. O lo que es lo mismo, tener la cara muy
dura.
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