UN 15 DE OCTUBRE

El 15 de octubre de 1940,  en el foso de santa Eulalia del castillo de Montjuic, descalzo, pisando tierra catalana,  mirando de frente a sus verdugos, era  fue fusilado Lluis Companys,  president de la Generalitat de Catalunya.

El mes de agosto anterior  había sido detenido  en su exilio de Bretaña. La Gestapo nazi le trasladó hasta la frontera española  dejándole en manos de las autoridades franquistas. Durante mes y medio fue torturado en las dependencias de la Dirección General de Seguridad y el 14 de octubre fue sometido a un consejo de guerra. El supuesto juicio no duró ni tan siquiera una hora. La farsa tenía ya escrita su sentencia. Pena de muerte y embargo de todos sus bienes por “rebelión militar”. Al día de hoy sigue siendo una sentencia firme  no anulada por instancia judicial alguna.

A las seis y media de la mañana del día 15, Companys era sacado de la “vivienda del cura”, celda en la que había sido recluido. Fue  conducido  por el “patio de armas”. “Sereno  y tranquilo”. Sin “sombra de rencor”. Descendió los 58 escalones de poterna. Y en la aún oscuridad del alba  fue colocado en el foso de Santa Eulalia frente a un pelotón  militar. Rehusó la venda en los ojos. Con los pies desnudos. Un grito; “Per Catalunya!”. Y una detonación mortífera. Lluis Companys i Jover, president  123 de la Generalitat entraba en la historia  catalana como el “President mártir”.

En la década de los pasados años  noventa, los mandatarios de Francia y Alemania, François Mitterrand y Helmut Kohl respectivamente, pidieron perdón en nombre de sus países  por haber colaborado en la detención, deportación  y final trágico del presidente catalán. Algo que todavía hoy no ha hecho ningún Gobierno español. Para vergüenza propia y ajena.

El 15 de octubre de 2015, setenta y cinco años después, el president 129 de la Generalitat, Artur Mas, prestaba declaración  en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, situado, curiosamente, en el paseo Lluis Companys de Barcelona.

Acusado formalmente de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones, el jefe del gobierno catalán  es rehén de banquillo por la celebración de una consulta  no oficial ni vinculante celebrada el pasado 9 de noviembre de 2014 y en la que tomaron parte más de dos millones trescientos mil ciudadanos de Catalunya.

El presidente “convergente” fue claro en su declaración.  “Me declaro máximo responsable de haber tomado esta iniciativa política y de haber impulsado el proceso. Soy responsable de haber escuchado a miles de personas". “Pero, por algo así, se debería comparecer ante un parlamento, pero nunca ante un tribunal. Y mucho menos en una causa penal".

Verdaderamente, es difícil de entender tanta torpeza por parte de quienes han instigado este proceso de criminalización de las ideas, de hacer desembocar  el contraste democrático a la vía judicial-penal. Una estupidez más en la ya larga lista de desvaríos cometidos en los últimos tiempos y que lejos de encontrar puntos de solución a conflictos históricos solo hacen acrecentar la brecha de la confrontación.

Artur Mas fue acompañado hasta el Palacio de Justicia de Barcelona por miles de personas. Entre ellas,  cerca de 400 alcaldes, representantes de todas las formaciones políticas  defensoras del “derecho a decidir”, así como por voluntarios que participaron  en la consulta-encuesta  del 9-N.  Una muestra de apoyo y cercanía para con el máximo dirigente institucional de Catalunya  que fue observada por representantes estatales del mundo de la política y de la opinión publicada como “una presión intolerable” a los tribunales de justicia.

Quienes ahora ponen el grito en el cielo  por el ejercicio del libre derecho a la expresión y manifestación, los mismos que se han declarado reconfortados por la judicialización  de una cuestión puramente política y democrática, nada dijeron cuando otros se manifestaron ante las puertas de la cárcel de Guadalajara  a donde ingresaban condenados por graves delitos de vulneración de derechos humanos.

No dudo  de que la presencia en la calle de miles de personas  que se identifican con su presidente, que se “autoinculpan” de haber cometido  los mismos supuestos delitos que  se le imputan, incomodará a las autoridades judiciales. Pero a esas mismas instancias  aún más les debiera inquietar que desde el poder establecido en el Estado se les transfiera un problema estrictamente político a su quehacer independiente de impartir justicia.

También el 15 de octubre de 2015 acontecía  otro evento vinculado con la justicia y con Catalunya. El 15 de octubre de 2015, el Senado celebraba el último pleno de la presente legislatura. Y en él, con el único apoyo e impulso del partido en el gobierno, se aprobaba la modificación de la ley del Tribunal Constitucional.  Una nueva normativa que confiere al Tribunal Constitucional poderes sancionadores.  No hay democracia compulsada en nuestro entorno que contenga medidas similares. Ni de lejos.

El ministro español de justicia, tan transparente él en su intencionalidad política,  aclaraba un tanto el fin último de la reforma. Su gobierno “no descarta aplicar el artículo 155 de la Constitución que suspendería la autonomía en Catalunya  en caso de que continuara el desafío independentista al Estado de derecho”.

Pero, ¿dónde encaja entonces la reforma del Tribunal Constitucional?. Pues muy sencillo. Tal cambio legislativo es la salvaguarda encontrada para que, en caso de que las Cortes generales se encuentren disueltas – próximamente lo hará Rajoy para convocar elecciones generales- , sea el Tribunal Constitucional quien con  su poder inhabilitante  recién aprobado, ejecute tal previsión. ¿Hipótesis catastrofista la mía?. Ya. Tampoco  se iba a procesar al presidente de la Generalitat  y ahí está Artur Mas sentado en el banquillo de los acusados.

Pocos podían pensar  que un problema tan identificable como el catalán, que durante decenios ha estado encima de la mesa  sin ser abordado adecuadamente, evolucionaría  por aristas tan afiladas y de difícil recomposición. Paso que se da, se agrava la posibilidad de entendimiento. Como si el destino nos reservara un desenlace  inevitable de ruptura.

Pero no. No es el destino. Son las aciagas decisiones de quienes entienden que todo pasa por los juicios sumarísimos. Por el imperio de la ley o la ley del imperio.

Hermann Tertsch, un ex divino de la “gauche”  reconvertido en fanático de la caverna, simboliza  la febrilidad con la que España vive este proceso. El esperpéntico comentarista político, a quien la derecha ríe sus  inconvenientes boutades,  tuvo, hace dos años, la poca vergüenza de justificar el fusilamiento de Lluis Companys por parte de la dictadura franquista.

"Es de las pocas ejecuciones de Franco que habría aplaudido toda democracia", comentó a través de su cuenta de Twitter. "Todas las democracias de la época condenaban la traición con la pena de muerte, y no solían conmutarla", añadió a modo de justificación, alegando que "hoy muchos tienen suerte de que ya no se haga".

Seguramente,  por desgracia,  hoy algunos pensarán de forma parecida. Aunque les baste, en su odio inepto,  con la foto de banquillo del presidente Mas