PAÍS, PARTIDO, PERSONA

La memoria suele gastar malas pasadas pero  no creo que me falle al rememorar un momento  especialmente tenso que viví en el ámbito institucional. Fue el año 1995 y en la Casa de Juntas de Gernika  se iba a proceder a la sesión plenaria en la que la cámara territorial elegiría a su Diputado General tras unos comicios – 28 de mayo- en los que el PNV había vuelto a ser  el partido más votado con el liderazgo de Josu Bergara.

Los alrededores de la Casa de Juntas estaban tomados  por la Ertzaintza  y un pequeño grupo de manifestantes se agolpaba  ruidoso en las inmediaciones de la puerta principal. La liturgia era algo habitual pero aquel día era extraordinario. Sí que lo era. Y se evidenció cuando un furgón policial  condujo hasta el recinto a un joven electo, Ángel Figueroa, preso de ETA entonces preventivo.

La jornada fue diferente en su totalidad. El juntero, trasladado desde la prisión de Langraitz, pudo encontrarse con su familia, y moverse  libremente –ante la atenta mirada de funcionarios policiales – por las instancias de la cámara vizcaína.  Compartió escaño con sus otros cuatro compañeros de Herri Batasuna y, terminado el pleno,  el operativo de seguridad se replegó  en torno a Figueroa  quien nuevamente fue conducido hasta el recinto penitenciario en el que se encontraba temporalmente recluido. Un año más tarde y tras ser condenado a 67 años de cárcel,  Figueroa fue sustituido por el siguiente en la lista de la circunscripción de Busturia-Uribe.

Angel Figueroa murió en su casa de Getxo en el año 2013 a los 41 años de edad víctima de una prolongada enfermedad (el 2008 pasó a tercer grado como consecuencia de la dolencia que sufría).  Con anterioridad, su familia había sido víctima de la política penitenciaria de alejamiento. Tras un accidente de tráfico en Aranda de Duero –marzo de 1997- en el que se vieron afectados padres y abuelos del militante preso, falleció su amama. Y apenas dos años más tarde  fallecía su aita, a quien conocí en Gernika en el ya mencionado pleno.

Una triste historia cargada de drama humano. De sufrimiento reconocible. Que nos acerca a una política penitenciara de excepción que debe acabarse. Acabarse para con los reclusos enfermos –según lo recoge el artículo 104 del reglamento penitenciario-. Eliminarse en reconocimiento de los derechos básicos de las personas presas (el acercamiento a cárceles próximas a sus lugares de residencia -art. 12.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria-) y de la no victimización de sus familiares y allegados.

Hoy, 13 de enero, los entornos de la Izquierda Abertzale, desarrollarán por las calles de Bilbao la habitual manifestación  de reivindicación de los derechos de los presos. Miles de personas movilizadas en una reclamación de derechos que comienza a parecerse a un ritual litúrgico de consumo interno.  Se quiera asumir o no, el conjunto de la sociedad vasca no encuentra esta preocupación entre sus prioridades más  inquietantes.  Y eso es pernicioso para todos ya que  las heridas que se conservan abiertas hay que  sanarlas por el bien general, para disfrutar de un cuerpo social saludable y fuerte. Para poder hacer frente a una fructífera convivencia futuro.

Quizá por ello, los más directamente afectados deban hacer un esfuerzo para que el final ordenado de la violencia entre ya en una nueva fase. Fase de disolución. De ETA y de excepcionalidades.  Fase de reconocimiento del daño. El “injustamente” causado. Fase de  medidas prácticas. Sin publicidad y mucho menos  exaltaciones inútiles.

Con determinación y voluntad ineludible de superar el pasado. Como lo viene demostrando Juan Karlos Ioldi, responsable de “Harrera Elkartea”, la voluntariosa iniciativa que casi con su única apuesta personal  se encarga de acoger y buscar un ámbito de resocialización a los presos  que salen de la cárcel una vez finalizadas sus condenas.  Lejos de las “bienvenidas”, los “aurreskus” o las  “volanderas”  fugaces de una tarde cuyo ruido  y efecto  se apaga inmediatamente.

Ioldi fue uno de esos presos. Fue detenido en 1985 acusado de integrar un comando que atacó infraestructuras ferroviarias. HB le incluyó en su lista por Gipuzkoa para las autonómicas de noviembre de 1986.

Juan Karlos Ioldi en la tribuna parlamentaria

Cuando llegaron las elecciones aún no había sido juzgado. Era un preso preventivo y tenía todo el derecho del mundo a ser elegido. Fue trasladado por la Guardia Civil a Vitoria para recoger el acta de parlamentario y, días después, HB hizo público que sería su candidato a lehendakari. Una operación cosmética de las muchas que protagonizó la izquierda abertzale. Contra el criterio del entonces fiscal general del Estado, Javier Moscoso, la Audiencia de Navarra autorizó su traslado de la prisión al Parlamento para no lesionar “los derechos políticos de los electores”. La víspera del pleno  fue llevado a la cárcel de Nanclares  y de allí, el 26 de febrero de 1987, a las nueve de la mañana, Ioldi se subió a la tribuna de oradores del Parlamento Vasco.

Nadie llegó a apoyar su candidatura, que se mantuvo formalmente hasta el final, ya que los diputados de HB abandonaron el pleno a media tarde tras intervenir su portavoz. En aquella sesión fue elegido lehendakari el jeltzale José Antonio Ardanza con los votos del PNV, el PSE y el CDS.

Figueroa y Juan Karlos Ioldi son dos de los ejemplos existentes en Euskadi en los que la representación parlamentaria y la situación jurídica de  algunos electos  han conseguido conciliar derechos y procedimientos  legales en una democracia representativa.

Si alguna característica tienen los parlamentos es que en su seno se encuentra física, materialmente, la representación de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Es decir  que son ámbitos de encuentro reales, humanos. En los que las ideas  se puedan tocar y sentir.

Los reglamentos de las cámaras son, por así decirlo,  las reglas de juego, la normativa interna, que permite  y enmarca las intervenciones y las propuestas de los electos.  Su aprobación  y/o modificación  resulta prolija ya que como elemento básico de regulación de la actividad parlamentaria exige amplios consensos y acuerdos. Y, para ello  existe una comisión o comisiones ordinarias –reglamento y gobierno, etc- que se encargan de tramitar y aprobar los textos regulatorios de dicho marco de funcionamiento interno. La presidencia o la “mesa” de la Cámara  no tienen la potestad de modificar un reglamento. Tienen la capacidad de interpretarlo pero no de cambiar su literalidad.

Digo todo esto porque estos días estamos escuchando demasiados disparates en relación a la posibilidad de que el Parlament de Catalunya posibilite una designación del próximo president de la Generalitat sin la necesidad  presencial del candidato en la Cámara.

No tengo complejo alguno en señalar que la persecución judicial  llevada a cabo contra el president  Puigdemont es una barbaridad. Es un acto injusto, arbitrario e inentendible en un Estado de derecho. De igual forma considero que las prisiones preventivas de Junqueras, los “jordis” y los consellers, son, también, una barbaridad. Dicho esto y con la misma rotundidad me atrevo a decir que la pretensión de formalizar una investidura no presencial es un dislate. Una falta de respeto a lo que las instituciones simbolizan.

Sustraerse al principio de realidad por conveniencia o por seguridad puede resultar legítimo. Y es entendible. Pero cuando  lo que está en juego es la dignidad de un país y su más alta representación, no es de recibo  actuar fuera de esa misma realidad, buscando un universo paralelo y artificial que ampare la inviolabilidad de un candidato.  No se entiende que para legitimar la voluntad popular haya que retorcer, hasta quebrar, las reglas de juego democrático. Hacerlo sería, a mi juicio, violentar el compromiso con miles de electores que creyeron en un líder de carne y hueso para dirigir un país de verdad, no una secuela de “Matrix” gobernada por control remoto.

Catalunya, la Nación catalana que pretende decidir su futuro político, se merece autenticidad y responsabilidad. No argucias ni artificios que  amparen el actual bloqueo. Catalunya se merece recobrar la legitimidad y hacer desaparecer las consecuencias de la intervención del Estado –del 155-. Cualquier otra cosa debilitaría, y mucho, a un país que ha conseguido  mantener movilizada a una mayoría social que aspira a una independencia de verdad.

Artur Mas, en su despedida de la presidencia del PdeCat señaló que en su vida política “siempre me ha guiado por un principio: primero es el país, luego viene el partido y finalmente la persona”. Confío en que el president Puigdemont  haga suya  tal escala de valores.