LA HORA DE LA INTELIGENCIA

Cuando un millón de personas se echa a la calle para, pacíficamente, expresar su ánimo y su voluntad  de ser una nación respetada, el foco de atención de la opinión pública debería  centrarse en destacar  el hecho objetivo de la movilización y su incontestable fuerza de cambio político.  Sin embargo, cuando unos centenares de radicales  se obstinan en utilizar la violencia como forma de expresión y de respuesta a una situación que consideran injusta, el fuego de los incidentes, de la injustificable coacción, la alteración de la paz,  termina por  ocupar el primer plano de la actualidad eclipsando todos los valores positivos por los que cientos de miles de hombres y mujeres  están comprometidos. En ese momento, el pueblo y sus dirigentes, deben apartar a los violentos del escenario. Para evitar que la destrucción y el enfrentamiento lastre la expectativa de un pueblo, una sociedad  que, a pesar del castigo, de las injusticias, sigue adelante en la búsqueda de la libertad y de un futuro mejor. Condenar  la violencia y a los violentos es, para un dirigente político, no solo cuestión de fortaleza ética y democrática. Debiera ser, igualmente,  cualidad de inteligencia.

Para desgracia de todos, lo acontecido estos días en relación al conflicto suscitado en Catalunya se veía venir.  Llegaba la hora de que el Tribunal Supremo hiciera pública su sentencia en relación al “procés” porque se cumplía el plazo de dos años de prisión preventiva de los jordis y estaba claro que el tribunal  no iba a permitir ahora la puesta en libertad de los dirigentes sociales de Omnium y la ANC.

Faltaba conocer  los delitos por los que la sala optaba condenar a los procesados. Y, en segunda derivada, las penas  derivadas de su aplicación.

Como era de esperar, la parte sustanciosa de la condena, la correspondiente al “ilícito penal” aplicable, se filtró  interesadamente el sábado 12 de octubre, en medio del desfile de las fuerzas armadas en la conmemoración de la “fiesta nacional”. Toda una señal de la intencionalidad  de  la noticia.  El fallo  no avalaría la rebelión. Se quedaría un peldaño por abajo; la sedición.  Pero, para hacer más sustancioso el castigo se vincularía tal extremo al concurso de  otro quebrantamiento legal; la “malversación”.

Desde un principio del expediente judicial, expertos del derecho habían manifestado que “la rebelión” no se veía por ningún lado. Sin la violencia de un levantamiento armado, la tesis defendida por la fiscalía del Estado  y respaldada a pie juntillas  por la clase política española y sus tertulianos opinadores (que acuñaron aquello del “golpe de Estado”), no cabía identificar lo ocurrido en Catalunya con una “rebelión”. Así lo habían entendido, además, instancias jurisdiccionales –la corte belga, el tribunal berlinés y la magistratura de Edimburgo)  hasta donde la euroorden de extradición cursada por el juez Llarenas contra Puigdemont y sus consejeros  exilados fue desestimada.

Aún así, y pese a evidencias tan notorias, la acusación infundada de “rebelión” ha servido para mantener en prisión provisional a Junqueras, Turull, Rull, Romeva, Sánchez, Cuixart, Forcadel , Bassa y Forn. Casi dos años de cárcel por un presunto delito  por el  que no han sido condenados y del que han sido exonerados. ¿Justicia?

Pero volvamos a la sentencia. El lunes 14, la sala segunda del Tribunal Supremo  notificaba a las partes la sentencia. Casi quinientos folios que determinan con un durísimo veredicto de castigo –condenas que van de los 9 a los 13 años de prisión- el fin de un sumario que  será recurrido ante el Tribunal Constitucional y , ulteriormente, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El veredicto judicial, interpretado por quienes conocen los entresijos del procedimiento penal, resulta, cuando menos controvertido. No es una sentencia al uso. Es, en  toda regla, una respuesta de Estado a la “amenaza secesionista catalana”. Un respuesta rotunda que ha utilizado  la vía jurisdiccional para condenar una acción política.

El fallo dedica una buena parte de su desarrollo a disipar dudas en relación al respeto de las garantías procesales y de la no vulneración de derechos de los encausados. El redactor de la sentencia sabía que este ámbito será extremadamente importante de cara a un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una instancia que, en su caso, valorará si los encausados han tenido un juicio justo y si sus derechos básicos han sido respetados. Marchena, sabedor de esto, ha sido escrupuloso. Transparencia en la vista oral, procedimiento garantista…Ningún cabo suelto que pudiera servir de reproche o de base para una anulación.

Sin embargo, entre los argumentos utilizados para desmontar las ¨denuncias¨ de los acusados de vulneración de derechos, la sala del Tribunal Supremo ha  entrado a valorar principios políticos de dudosa competencia en su ámbito y me refiero expresamente a sus valoraciones , cuando menos , insólitas, en relación al denominado “derecho a decidir”

Lo afirmado en la sentencia del ¨procés¨ se asemeja a un auto del Tribunal Constitucional. Es más, el Supremo se comporta como si fuera la Alta Sala y hace interpretaciones  jurídicas controvertidas fuera del ámbito de su competencia. Sobre todo si observamos que lo que le tocaba dirimir era una cuestión “penal”.  Marchena y el resto de magistrados afirman en su auto  que "el derecho a decidir como derecho atribuible a una parte de la ciudadanía que reside en una comunidad autónoma no tiene cobertura normativa, ni por sí, ni mediante su artificiosa asimilación al derecho de autodeterminación de los pueblos". "No existe un 'derecho a decidir' ejercitable fuera de los límites jurídicos definidos por la propia sociedad. No existe tal derecho. Su realidad no es otra que la de una aspiración política”

Resulta llamativo que en el ámbito de una causa penal, el Tribunal Supremo  desarrolle tan amplia expresión política. Es, salvadas las distancias, como si el “brazo de la ley” quisiera  zanjar  cualquier debate que reclamara una estructura plurinacional del Estado.  Una afirmación dogmática de que “lo quieras o no”  un vasco o un catalán es español por la gracia divina y tal condición no es mutable, salvo que se cambie la Constitución. Intentar  negarlo, aunque fuera  por medios pacíficos, podría ser considerado delictivo. Un disparate  camuflado de auto judicial.

Lo de los delitos de sedición y malversación, tiene también su historia. Sedición  porque considera probado  un “alzamiento tumultuario” que alteró el orden público. ¿Sin violencia? Estirada la interpretación  como lo hace la Sala del Supremo cabría entenderse que  las manifestaciones de taxistas por el centro de las capitales que colapsaron durante días Madrid y Barcelona bien pudieran encuadrarse en ese término de “sedición”. Los transportistas alteraron el orden público y se negaron a obedecer  las    indicaciones de las fuerzas policiales utilizando sus vehículos como elemento de obstrucción.

Además, entendido el régimen penal como un sistema  que juzga comportamientos individuales –no colectivos- ¿ha quedado suficientemente acreditado que los condenados fueron  personalmente quienes promovieron, por ejemplo, la consulta-referéndum del 1 de octubre?. ¿Ellos lo convocaron? ¿Fueron ellos los que llamaron  a concentrarse frente a la sede del departamento de Economía de la Generalitat?

Lo mismo cabe decirse en relación a la malversación. ¿Qué dinero abonó cada uno de los condenados al ejercicio práctico del referéndum? ¿Dónde están las facturas o  los apuntes económicos de dichos pagos? Dudas y más dudas que no se responden y que  hacen pensar  que el castigo expresado por el Tribunal Supremo  ha sido, cuando menos, cuestionable. Aunque  a muchos nos resulte injusto, extemporáneo y cargado de interpretaciones que exceden la  práctica judicial. Es, sin duda, una sentencia política.  Y cuando  el ejercicio de la justicia  recorre estos vericuetos, la justicia deja de ser justa.

Ha llegado el momento para todos de hacer un punto y final. O al menos, un punto y a parte, a esta  desbocada espiral  de confrontación.  Resetear posiciones, restaurar las heridas y buscar puntos de partida diferentes para recuperar la convivencia. Será difícil porque las posiciones  están  encalladas.  Porque unos miran  de reojo a las encuestas  cada vez que plantean moverse y se dejan llevar por la intransigencia patriotera. Y porque a otros les entra el pánico de ser reconvenidos por su propia gente cada vez que  piensan en abandonar la trinchera.

La sentencia del supremo ha cerrado un ciclo. Que comience ya un nuevo tiempo. Es la hora de la inteligencia.