JUDICIALIZAR EL EUSKERA

Siempre he creído que utilizar el euskera como un elemento de disputa política hacía un flaco favor al prestigio y a la madurez de nuestro idioma  y , además , pervertía la reivindicación ideológica  por tratar de convertir un bien general y universal  -la lengua- en una cuestión privativa de unos (muchos o pocos).

El euskera, como cualquier otro idioma, es un patrimonio común de todos los vascos, nacionalistas o no. Es, como significara Miguel de Unamuno, “el alma del Pueblo Vasco”,  y en tanto en cuanto lengua minorizada ; es decir,  históricamente marginada, perseguida e incluso prohibida, lo que provocó una restricción significativa  de su uso en la vida pública, necesita  de un importante consenso social  en aras a su recuperación, normalización  y proyección.

Dicho consenso se ha mantenido firme durante décadas de  reconstrucción institucional, con acuerdos  fructíferos en el mundo de las políticas públicas y de manera especial en el campo educativo, donde el progreso de la reeuskaldunización  del país resulta evidentemente exitosa.

El euskera, la políticas públicas de impulso como consecuencia de su oficialidad en Euskad, no han significado  ni agravio ni problema determinante  para la sociedad vasca en los últimos decenios.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte estamos asistiendo a una quiebra de  ese clima de respeto instalado en Euskadi.  Observamos con preocupación cómo  se ha convertido en costumbre  que desde  determinados ámbitos jurisdiccionales  se impida o se coarte la necesidad de que las administraciones puedan determinar medidas tendentes dar respuesta a la mayor demanda de asistencia de la ciudadanía en euskera. Se indica que no existe por parte de la judicatura ningún tipo de “euskarafobia” pero , lo cierto, es que  sentencias y autos emitidos últimamente  están limitando notablemente las posibilidades de que una de las lenguas oficiales de nuestra comunidad tenga los recursos necesarios para atender debidamente a los derechos lingüísticos  de todos y todas.

Se han suspendido ofertas públicas de empleo, dotaciones de personal y normativa básica bajo el supuesto de la discriminación, con el socorrido argumento de la “igualdad” de derechos  de la ciudadanía. Se ha llegado a decir en una sentencia  que “el euskera es quinto idioma más difícil del mundo”  o que “no comparte ninguna conexión con otro idioma” lo que multiplica  la dificultad para su conocimiento.

Se han echado abajo previsiones  de cubrir puestos de trabajo bajo peregrinos argumentos -lo de la discriminación es recurrente- tales como considerar que al existir en la plantilla  funcionarios euskaldunes  se “garantiza” la prestación de servicios en euskera, atendiendo a no se sabe bien qué porcentajes de vascoparlantes/habitantes, siendo el magistrado en su caso, el órgano validador  de lo que es suficiente y de lo que no.

Se están cometiendo tropelías atendiendo a argumentos genéricos sin tan siquiera atender las características de las plazas públicas  ofertadas, de su incidencia en la plantilla, ni tan siquiera  del efecto de la turnicidad o de las bajas existentes. Y así, el análisis de lo que se juzga no se atiende a hechos objetivos sino a prejuicios.

Por ir un paso más allá, según datos consultados , solo una veintena de los jueces en Euskadi están capacitados para celebrar juicios orales en euskera , lo que representa aproximadamente al 8% de la judicatura     de la Comunidad Autónoma Vasca .

No nos olvidemos que el euskera es un idioma oficial en Euskadi  y que en la actualidad , según datos del EUSTAT, el 62,4% de la población (aproximadamente 1,35 millones de personas) tiene algún conocimiento de euskera, si bien la cifra de vascoparlantes habituales es menor, situándose en torno al 43,3% según estudios recientes. El conocimiento del euskera es notablemente mayor entre los jóvenes (90,5% en el grupo de 10-14 años) que entre los adultos mayores (22,1% en el grupo de 70-74 años y más). 

No olvidemos tampoco que las Administraciones Públicas Vascas tienen la obligación por ley  de preservar los derechos lingüísticos de la ciudadanía , lo que implica dotarse de los medios y los recursos humanos necesarios para abordar dicho cometido, utilizando para ello coberturas legales (normalización del uso del euskera, perfiles lingüísticos, etc) que hagan posible  tal función. Durante años , la aplicación de estos criterios  no ha generado el más mínimo conflicto, a pesar de la pretendida “discriminación”. Sin embargo  tal situación  se ha roto últimamente con la proliferación de recursos presentados  desde determinados ámbitos sindicales a las ofertas públicas de empleo y con las ulteriores sentencias y autos suspensorios  de plazas con perfil lingüístico preceptivo o incluso por la baremación  del conocimiento del idioma como mérito a las  mismas.

Esta nueva costumbre  de cuestionar lo cuestionable coincide en el tiempo  también con profundas sentencias que cercenan gravemente el uso normalizado del euskera en las instituciones (ahora que se pretende garantizar la oficialidad en los ámbitos europeos).

Así, por ejemplo, los jueces del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y el Tribunal Supremo han anulado varios artículos de la normativa vasca que promovía el uso del euskera en los municipios, al considerar que priorizar el euskera en detrimento del castellano era inconstitucional y vulneraba la libertad lingüística de los ciudadanos.

Estas sentencias implican que los ayuntamientos no pueden determinar la exigencia del euskera ni priorizarlo de forma que se vulnere el derecho de los ciudadanos a recibir comunicaciones en castellano o en ambas lenguas. Los tribunales consideran que obligar al uso exclusivo del euskera en la comunicación con la ciudadanía supone una imposición a la libertad lingüística de quien no conoce o prefiere el castellano. 

Al parecer, que los municipios vascos pudieran tomar sus decisiones en euskera  rompía España, y atentaba contra  la igualdad de la ciudadanía. El artículo  6.2  de instituciones locales  anulado  decía que “las convocatorias, órdenes del día, mociones, votos particulares, propuestas de acuerdo, dictámenes de las comisiones informativas, acuerdos y actas de los órganos de las entidades locales podrán ser redactados en euskera. Esta facultad  podrá ejercerse , en los supuestos anteriormente mencionados, siempre que no se lesionen los derechos de ningún miembro de la entidad local que pueda alegar  válidamente el desconocimiento del euskera …”

Curiosa  la “interpretación” judicial. Y mucho más  si miramos alrededor  y contemplamos que normativa como la que se encuentra en vigor en Galicia desde julio de 1997 -gobernaba Manuel Fraga- no haya sido ni recurrida  ni anulada. Ni tan siquiera cuestionada.

La Ley de Administración Local de Galicia (la equiparable a la ley municipal de Euskadi) dice en su artículo 7 que “ 1. El gallego, como lengua propia de Galicia, lo es también de su Administración Local. Las convocatorias de sesiones, órdenes del día, mociones, votos particulares, propuestas de acuerdo, dictámenes de las comisiones informativas, actas, notificaciones, recursos, escrituras públicas, comparecencias judiciales y todos los actos de carácter público o administrativo que se realicen por escrito en nombre de las corporaciones locales se redactarán en lengua gallega.” Y continúa , con un punto 2 que dice ; “Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, tales entidades pueden hacerlo, además, en la otra lengua oficial, el castellano”.

Es decir, el idioma  vehicular de los municipios de Galicia es el gallego y , “en su caso” , si así se estima, estos utilizarán el castellano. Esto es así, afortunadamente, desde 1997 sin cuestionamiento, ni recurso.  Lo que en Galicia es posible, en Euskadi no. Y es que, al parecer , el gallego no rompe España y el euskera sí.

 

Ante todo este cúmulo de “coincidencias”  judiciales, el debate para blindar   la protección de la oficialidad del euskera se ha trasladado al ámbito político y por desgracia, el consenso que durante años se ha generado en torno a esta cuestión , parece haber desaparecido.  El acuerdo que se busca  no es , como desde algún ámbito se ha dicho, una modificación de los criterios de política lingüística. Es una garantía de certidumbre, de seguridad jurídica.

 

De ahí, no se entiende  muy bien determinadas posiciones que hablan de acuerdo imposible. Esperemos que tal disenso solo sea una estrategia para buscar notoriedad  o protagonismo, porque lo importante en este momento de incertidumbre abierto por la judicialización del euskera  es blindar mayoritariamente su oficialidad plena.