El símil está bien traído pues en cuanto la presión de los contagios y la incidencia del virus ha comenzado a caer (esperemos que los rebrotes aparecidos en el ámbito asistencial se encapsulen y se controlen para evitar su propagación extra hospitalaria), la preocupación social se ha centrado en el impacto que el confinamiento y la parálisis ha tenido y tendrá en el sistema productivo, y de manera especial en el desempleo y la pérdida de valor de nuestras economías respectivas.
La foto que nos deja la crisis en Euskadi resulta apabullante. El Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma Vasca caerá cerca de 8,7% -más cerca delos números de Alemania que de España-, una depresión sin precedentes. Tal cataclismo en la actividad provocará, según las estimaciones del Gobierno vasco, una pérdida neta de 68.000 puestos de trabajo y una merma recaudatoria en los recursos públicos entre 2000 y 2700 millones de euros.
El paro, después del esfuerzo realizado en los ejercicios anteriores que nos había permitido bajar del 10% en Euskadi, se situará en el 13,7% y con esos niveles, miles de familias volverán a pasarlas canutas para poder llegar a fin de mes.
La recesión soterrada necesita de una respuesta inmediata, de un plan que reactive la economía (se estima que en 2021 el PIB crecerá un 6,7% y se podrán crear 48000 nuevos puestos de trabajo 12,2% de paro). El panorama resulta desolador pero por mucho que nos lamentemos, hacerlo no aliviará el mal generado. De ahí se requiere de una acción inmediata de las instituciones para acelerar la recuperación. Necesitamos, en este horizonte de empobrecimiento, medidas eficaces que activen la producción industrial, que dinamice el comercio, que vuelva a crear empleo. Necesitamos recursos económicos extraordinarios. Sin recortes ni penalizaciones que tensionen aún más las economías familiares. Recursos extraordinarios para tiempos extraordinarios. Y manos expertas que sepan gestionar con rigor, seriedad y responsabilidad la nueva coyuntura escondida debajo de la pandemia.
Hoy por hoy es nuestra prioridad; volver a sacar el país adelante dando a la gente una expectativa de vida mejor. El momento llama al Gobierno vasco, a las diputaciones forales y a los ayuntamientos para conjurarse por Euskadi y volver a poner en pie a esta sociedad.
Pensar en cualquier otra cosa en este momento es absolutamente prescindible. Otro elemento que emergerá con menor trascendencia pero que volverá a ser foco de controversia inacabada será el de la estructuración jurídico-política del Estado y la inestabilidad institucional. El bochornoso espectáculo de descalificaciones y discursos de trazo grueso que estamos asistiendo desde hace tiempo en la política del Estado revelan la incapacidad de las fuerzas políticas españolas por encarar acciones colaborativas que mitiguen o encaucen los graves déficits democráticos que siguen ahí. No, no han desaparecido por arte de magia. La inestabilidad política en Madrid sigue pendiente de que la relación entre los socios de gobierno (socialistas y podemitas) no entre en contradicción ni en disputa, algo difícil de entender habida cuenta la fragilidad de criterios demostrada por Pedro Sánchez y los suyos y la desmedida necesidad de los Iglesias de notoriedad pública, lo que les lleva a vivir permanentemente en el escaparate. Esa difícil convivencia se ha mantenido por el momento por la gravedad de la pandemia y la excepcionalidad de la coyuntura. También ha coadyuvado a tal conciliación momentánea la excentricidad de la oposición de las derechas, subidas al monte de la radicalidad.
Sin embargo, en la medida que el panorama nos deje un ambiente más relajado, y habida cuenta de la aparición de los diez votos de Ciudadanos como “comodín” del hemiciclo, puede hacer que las tensiones entre socios se incrementen. Y no nos olvidemos que la mayoría de socialistas y morados sigue siendo insuficiente pues necesitan para afianzarse de los apoyos o la complicidad de vascos y catalanes. Una colaboración que, en cualquier momento puede quebrarse si Sánchez y sus estrategas pierden la concentración –como lo hicieron pactando con EH Bildu- cayendo en la fácil tentación de ceder a los “regalos” de Arrimadas con contraprestaciones incompatibles con los principios de las formaciones nacionalistas.
Tal situación es una simple hipótesis. Sin embargo, la necesidad de afrontar la gravísima crisis económica post COVID, obligará al ejecutivo de Sánchez a aprobar unos nuevos presupuestos, herramienta fundamental para poder llevar adelante las políticas públicas anti cíclicas. Esto, que es una certeza obligará a los socios de coalición a remangarse y trabajar duro para que nacionalistas vascos y Esquerra Republicana de Catalunya, posibiliten tal escenario.
En el caso de los “republicanos”, la necesidad de su colaboración traerá nuevamente a escena un foco que en este tiempo se encontraba sumergido; Catalunya.
Se ve complicado que Esquerra mueva ficha en el Estado si en Catalunya no ha habido elecciones. Y si estas se han producido, los republicanos podrían ser más receptivos a determinados apoyos presupuestarios al PSOE si en la Generalitat se produjera un cambio de socios y liderazgos. Pero esta fotografía post electoral catalana está pendiente aún de múltiples factores tales como la posible inhabilitación del president Torra, los intereses de Waterloo o la madurez del proyecto de la Crida con Jordi Sánchez a la cabeza.
La presunta posición de Esquerra es hoy sino simple conjetura, lo que impone la cautela de pensar que la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez pudiera estar también en riesgo . Con esa hipótesis, el Partido Popular de Casado confía en una nueva cita electoral española para el primer trimestre del próximo año.
En este contexto, la “nueva normalidad” nos devolverá a la zozobra institucional y política. A la bronca permanente y a la desafección creciente de la ciudadanía con la politiquería. A ello contribuirá notablemente, el levantamiento del velo informativo y judicial en relación a las conductas inapropiadas protagonizadas por el anterior jefe del Estado, Juan Carlos I. La constatación, no suposición, de hechos presuntamente delictivos por corrupción del “cabeza” de la “Casa Real” es un elemento nada baladí en el maltrecho prestigio de la monarquía española. Los indicios de comportamientos inmorales y fuera de la ley del “rey emérito” no pueden ser pasados por alto por más tiempo, depurándose cuantas conductas fuera de la ley puedan ser probadas en sede judicial.
“Todos somos iguales ante la ley” manifestó en un momento el sospechoso monarca que , visto lo visto, debería incluso ser despojado del carácter “emérito” que hoy disfruta. Por higiene democrática, por justicia, y por dignidad con las decenas de miles de personas que con la crisis soportan sobre sus hombros la supervivencia en un clima de pobreza, paro y degradación económica. Pero que lo hacen con dignidad.
Iguales ante la ley. Agamenón y su porquero. El retorno a la realidad informativa nos ha traído esta semana la noticia de pasadas agresiones sexuales no denunciadas ante la administración de justicia porque, al parecer, los presuntos infractores de los abusos pertenecían a una determinada familia política. Resulta llamativo que “el no es no”, y la defensa de las víctimas de la violencia machista tenga excepciones procedimentales y de denuncia dependiendo de la adscripción de los presuntos infractores. La ocultación de lo acontecido por afinidad ideológica es un error gravísimo, porque como dijera en un magnífico artículo publicado en Noticias de Gipuzkoa por Arantza Zugasti (“Uno de los nuestros” 9-6-20), “a todos los efectos, lo que sucedió, no habrá existido”. La violencia estructural y puntual contra las mujeres se merece claridad y contundencia en la denuncia y en la condena. “Condena”, sí, la palabra censurada en quienes todo lo borran con acetona. No se puede ser exigente contra abusadores ajenos y comprensivo con los propios escondiendo la porquería bajo la alfombra. Y eso es aplicable a todos. A Sortu y a “sursuncorda”. Porque , al fin y a la postre, la inmundicia, aunque se oculte, siempre emerge.
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