YUCATÁN

Leía el otro día  una pequeña reseña histórica que pone en evidencia la estupidez humana  conjugada con soberbia.

El explorador español Francisco Fernández de Córdoba  desembarcó en 1517 en una península del nuevo mundo.  Y como buen “conquistador” decidió poner nombre a aquellas tierras.  Cuentan  las crónicas que para bautizar  aquel paraje preguntó a la población indígena sobre  la denominación de la costa  en la que había desembarcado. Y en virtud de la respuesta que obtuvo determinó que aquella tierra se llamara Yucatán. En realidad, el término “yucatán”  en lengua maya significa “no entiendo”,  que fue la respuesta que una y otra vez repitieron los aborígenes a las interpelaciones sesudas de Fernández de Córdoba. “Yucatán”,

A veces tengo la impresión de que pertenecemos a una sociedad irrefrenable en lo que a demandas se refiere. Se pide, se exige, todo y ahora. Como si a la ciudadanía, o a una buena parte de ella, solo se interesara por los derechos propios  y poco por los deberes de cada cual.

Esa sensación resulta frustrante porque lo que trasciende es que para mucha gente, los poderes públicos están para servir a sus intereses, perdiendo la perspectiva de valores tales como el esfuerzo, el trabajo o la cooperación. Y en ese egoísmo en el que el individualismo impera, se pierde de perspectiva  no ya la realidad y sus límites, sino el sentido mismo de la comunidad y del bien común.

Estas últimas semanas hemos asistido perplejos a debates o controversias  que abonan esta percepción. En mi ámbito próximo, como representante electo vizcaino, asistía consternado  a un discurso disolvente  en sede parlamentaria que pretendía denunciar una supuesta  dejación de las administraciones en relación al transporte público y de manera especial a las nuevas y futuras inversiones del ferrocarril metropolitano.

El muñidor del relato, que pretendía encabezar una protesta de agraviados, inculpaba a las instituciones de no hacer nada, de no comprometerse  con las nuevas infraestructuras, dejando en la estacada a una comarca, a unos barrios, a los que solamente se apelaba en periodo electoral, engañando a la gente –que, por cierto debe ser tonta-  con señuelos de obras que pasado el tiempo se guardaban  en un cajón. “Como siempre” -apostillaba el procurador en cuestión-. El tribuno denunciante, representante de un adanismo político insolente y sin complejos, se olvidaba, quizá conscientemente, que a quienes imputaba de “no haber hecho nunca nada” eran los mismos que habían habilitado hasta tres líneas diferentes del Metro en Bizkaia. El transporte  que miles de personas exigentes como él disfrutaban desde hacía tiempo y que, al parecer, había surgido en nuestro subsuelo por “generación espontánea” o “por la presión social de la gente”.

Pero que no se reconozca  una gestión pasada, o unos frutos que todo el mundo puede ahora hacer uso -como si hubieran existido siempre- no tiene nada que ver con la insensatez de pedir y reclamar el cielo a sabiendas de que lo requerido tiene un coste económico inasumible. Resulta frustrante escuchar, entonces,  esa retórica de resabiados  que escépticamente  indica; “dinero ya hay para otras cosas”. Una artimaña falsaria que sirve para mantener irreflexivamente cualquier  petición, por estrambótica que resulte.

Es desalentador encontrarse siempre enfrente una pancarta, con una reivindicación cargada de literatura para camuflar su  falta de viabilidad.

Es muy fácil convocar a tus vecinos a una consulta popular para que den su opinión sobre un desarrollo urbanístico, sin explicación previa, ni contextualización. Es muy lustroso “dar la palabra al pueblo” sobre lo que podría hacerse en un entorno, sin decir a los consultados que la libranza de ese espacio urbano costó 250 millones de euros  que , en algún momento, el ayuntamiento deberá ayudar a sufragar, como tiene comprometido en un convenio suscrito años atrás.

Y es que, ahora que el tren ya ha dejado de pasar por el centro del municipio, ahora que ya no existe ninguno de los 27 pasos a nivel que cuarteaban el pueblo, es  sencillo decir  que la ingente obra que posibilitó todo eso la pague Rita la pollera y que en lugar del desarrollo  urbanístico previsto para generar recursos, se construya una gran zona verde, como “Central Park”.

Es muy “guay”  eso de “dar la palabra al pueblo”, pero no lo es tanto ocultar a la gente  las consecuencias que puede tener  no cumplir con los compromisos contraídos. Y es muy feo, en términos democráticos,  invitar a un convite que paga otro.

¡Qué fácil es predicar sin dar trigo!.

Más ejemplos. Todavía guardo en mi retina la imagen de Pablo Iglesias, Mayoral, Lander Martinez  y otros dirigentes de Podemos fotografiados con el comité de empresa de la Naval en las puertas del astillero. Allí, aquel día –el 22 de octubre de 2018-  la cúpula del equipo morado  censuró gravemente al Gobierno vasco y a su lehendakari por “no haber movido un dedo” en defensa de aquel equipamiento industrial para el que pedían una “nacionalización”.

No es  sencillo olvidar la exigencia del mismo partido para incorporar una partida presupuestaria en Euskadi que  interviniera en la compra de activos del astillero. Y más irrefrenable mención es recordar que los mismos que esto solicitaban como condición  inexcusable para apoyar las cuentas vascas, formaban parte del gobierno de su España  sin que su posición de privilegio sirviera para nada. Ellos, desde el gobierno del Estado, podían haber rescatado a la empresa, incorporado a la factoría en “Navantia” o , en el último extremo,  podían haber adquirido los terrenos de la empresa para garantizar su continuidad industrial evitando cualquier tentación especulativa. Pero, ¿qué hicieron tras un año de coalición en la Moncloa? ¿Qué acuerdos protagonizaron al respecto en el Consejo de Ministros?. Ninguno. Cero patatero.

Pero la lista de despropósitos  parece no tener fin. Hay que luchar contra el “cambio climático” (Por supuesto). Y es preciso  ir abandonando  la dependencia de los  combustibles fósiles, aunque en algún caso –como el gas-  sean la transición necesaria para llegar a las nuevas fuentes energéticas limpias.  Dice EH Bildu que  gas ni oler. Entonces, si no es posible  tan siquiera explorar, para saber si hay gas o no, habrá que encontrar una alternativa con la energía eólica. Pues tampoco. Que molinillos ni para moler café.

Sin embargo, el disparate más notable de cuantos estamos conociendo, no ha tenido aún desenlace. Imaginemos, en la actual situación de crisis económica  provocada por la pandemia, que un grupo empresarial está dispuesto a llevar a efecto una inversión de cincuenta millones de euros  para poner en marcha una planta que procese varillas de acero para la construcción, lo que en el sector  se viene en denominar “corrugados”.

Pensemos  que tal iniciativa industrial  llevaría aparejada la creación de doscientos puestos de trabajo directos y otros quinientos inducidos en empresas auxiliares y del entorno.  Con estos números  y previsiones, cualquier administración del país  se daría con un canto en los dientes para  hacerla viable en su ámbito.  Pero cualquiera  no significa todas.

El proyecto en cuestión existe  y la única condición que plantea  es  poderse desarrollar en una factoría ya existente, cerrada hace ocho años, pero en condiciones  de hacer prosperar con éxito la iniciativa. La fábrica se encuentra ubicada en el casco urbano de Azpeitia, donde la acería  funcionó hasta la crisis de su último  proyecto industrial. El ayuntamiento de la localidad, presidido por  EH Bildu se opone a la reactivación de la industria e invita al grupo empresarial a ejecutar su proyecto fuera  de los ámbitos urbanos. Esto  provocaría  que la necesidad de financiación del proyecto se multiplicara por tres  haciendo inviable el negocio. La razón  esgrimida por la alcaldesa de EH Bildu se centra  en una supuesta  prohibición del Plan General de Ordenación Urbana que, según ella impide la actividad de la acería. Sin embargo, Gobierno vasco y Diputación de Gipuzkoa , que apoyan la inversión, no ven ilegalidad alguna  en la puesta en marcha del proyecto puesto que la supuesta “prohibición” no llegaría hasta la aprobación de una normativa especial que lo determine y que , al día de hoy  no existe.

La decisión final pende de un hilo. Simplemente de la voluntad política del gobierno municipal de EH Bildu. Setecientos nuevos puestos de trabajo pueden  perderse por la decisión política de la Izquierda Abertzale. Luego, nos vendrá con la pancarta. A reivindicar. Ver para creer.

Esto si que no lo entiendo, o lo que es lo mismo, Yucatán.