Avanzan las fechas. Es posible que la semana que viene (la que comience el 6 de noviembre) pueda desarrollarse la sesión parlamentaria de investidura de Pedro Sánchez. De ser así, significará que el actual inquilino de la Moncloa ha alcanzado un acuerdo básico con la mayoría del arco parlamentario y especialmente con vascos y catalanes, que le permita seguir liderando el Gobierno español. Pero, de momento, nada ha trascendido.
Lo que sí hemos conocido son las bases programáticas del acuerdo suscrito entre el Partido Socialista Obrero Español y Sumar. Como primera consideración del documento explicitado cabe decirse que la música de la partitura no suena mal. Se trata de una acumulación de medidas y propuestas que pretenden, en su ámbito general, mejorar la calidad de vida de la gente a través de un diagnóstico que dice buscar el bien común y el fortalecimiento de políticas sociales. Y ese, quizá sea el aspecto que más positivamente pueda destacarse.
Que se pretendan mejoras en el campo laboral, en la justicia social, en la recuperación medioambiental o en la prestación de servicios públicos, son objetivos fácilmente compartibles por cualquiera que disponga de una mente abierta al progreso y al humanismo.
Pero cualquier propuesta de gobernabilidad contiene algo más que un relato. Contempla medidas, acciones y propuestas. Y es aquí donde el proyecto de una “nueva coalición” entre el PSOE y Sumar chirría a los ojos de un observador nacionalista vasco, cuyos votos también se concitan para hacer posible esta nueva alianza.
Chirría, no porque la filosofía general de lo pretendido contraste, sino porque el diagnóstico de las medidas planteadas, su base de actuación y su carácter uniformador no tienen en cuenta ni la realidad autonómica o territorial ni las capacidades de autogobierno en manos de las autonomías.
No es una cuestión de celo ni la defensa de un marco singular frente al plano general. No, no es un prurito de quien hace las cosas, sino de respeto mínimo a la estructura territorial existente.
El PSOE y Sumar han planteado una acción de gobierno al margen de las comunidades autónomas. Como si las autonomías no llevaran a cabo políticas de responsabilidad propia. La actual coalición ha planteando un modelo uniforme. Ellos dirán que es federal. Pero , si lo es será simétrico e igualitario para todos. Un error de bulto que lejos de atraer a los nacionalistas les espanta y aleja del necesitado apoyo.
Está muy bien desarrollar un plan contra el calor en los centros educativos, pero se convendrá que de esta materia se encargan las comunidades autónomas – en nuestro caso el Gobierno vasco y los ayuntamientos- . Resulta loable pretender reducir las listas de espera en la Sanidad pero se aceptará igualmente que el Gobierno del Estado no dispone de ninguna cama hospitalaria porque esa materia es competencia de las comunidades autónomas. Lo mismo que decir de la pretensión de tramitar unas leyes básicas de Bomberos y Agentes forestales.
Sorprende hablar de una Ley de la Dependencia para un cambio en el modelo de cuidados, cuando esa función corresponde, en nuestro caso, a las diputaciones forales. Se insiste en la actuación en la planificación de vivienda cuando este ámbito corresponde a las entidades autonómicas y aquí, en Euskadi existe una normativa en tal sentido. Llama la atención que se anuncie la universalización de la enseñanza gratuita de 0 a 3 años cuando esto ya se hace en el País Vasco, donde, siguiendo el modelo de propuestas, la Formación Profesional Dual que se dice impulsar en el acuerdo programático, es ejemplo en el ámbito europeo. No hay ámbito (sanidad, educación, becas, cuidados, vivienda. etc) que no choque con el actual marco de autogobierno vasco.
Pese a ello hay que tener en cuenta que el compromiso alumbrado por PSOE y Sumar solamente compromete a las dos formaciones firmantes. Su desarrollo legislativo posterior deberá ser negociado y pactado con los demás que esperan que sus necesidades y planteamientos también sean atendidos para salvar la viabilidad de lo sometido al Parlamento. Así de difícil está la consecución de mayorías, pero también así de abierta se presenta la política en una legislatura que puede comenzar, si todos los pronósticos cuadran, en la semana del 6 del inmediato mes de noviembre.
Crucial para el éxito de la investidura de Sánchez serán los acuerdos que éste alcance con los catalanes de JxC. Sería muy positivo que quien vaya a representar al Gobierno del Estado reabriera una nueva página con Catalunya. Y sería también sumamente importante que formaciones como Junts ejercieran su fortaleza y su influencia para desatascar un conflicto político que nunca debió llevarse a la vía punitiva y a su judicialización.
Si los votos catalanes son determinantes, igualmente importantes, serán los compromisos que el PSOE firme con el PNV. Y ahí –ya lo han dicho repetidamente los jeltzales- la voluntad para asumir el reconocimiento nacional de Euskadi y el diálogo de cara a actualizar un autogobierno bajo el principio de “no impedir, no imponer” serán fundamentales para dirigir hacia el “sí” a los cinco votos del Grupo Parlamentario Vasco.
El momento se aproxima, y pese a todas las dificultades, el acuerdo de acuerdos es posible. Confiemos en el respeto de las partes y en la voluntad para que las conversaciones lleguen a buen puerto.
Mientras tanto, hay quienes, lejos de reconocer los “hechos diferenciales”, tratan al euskera como un idioma de segunda que debe –según ellos- plegarse subordinadamente a la lengua común de los españoles, el castellano. Las últimas sentencias judiciales que amparan recusaciones de la extrema derecha convierten la normalización de un idioma –el euskera- en un instrumento de pugna política. Las interpretaciones de determinados jueces están llevando a euskera fuera de los márgenes de una oficialización efectiva en la vida pública vasca. Y decir esto ha molestado sobremanera a quien fuera el presidente del TSJPV, don Juan Luis Ibarra Robles, quien ha comparado las críticas a la magistratura con la estrategia de coacción y terror planteada en el pasado por el “MLNV”.
Ibarra siempre ha sido y se ha sentido llamado a defender el “espíritu patrio” frente al nacionalismo gobernante en Euskadi. Ahora y en el pasado cuando ostentaba la más alta representación jurisdiccional en esta Comunidad. Pero una cosa es identificarse como un unionista español–tiene todo el derecho del mundo a sentirse como quiera- y otra faltar al respeto criminalizando a los demás.
Con referentes como este, no es extraño que se prodiguen casos como el que vivió el lehendakari la pasada semana en Bilbao. No es la primera ocasión que un discurso público del lehendakari es interrumpido por la mala educación de quienes no entienden que el euskera es un idioma oficial en el País Vasco y que , como tal, debe ser respetado aún por quien no lo conozca. No es la primera oportunidad que un público que se considera “élite” de la sociedad da muestras de un comportamiento intolerante y tabernario boicoteando las palabras de la primera autoridad institucional del país. No es la primera y, seguramente, no será la última vez que aflore ese “franquismo sociológico” de quienes se sienten molestos ante la expresión del euskera en Euskadi. Ocurrió el pasado lunes en un congreso de Empresa Familiar celebrado en Bilbao. En el instante en el que Iñigo Urkullu se dirigía al auditorio en euskera, una parte del personal asistente en el Palacio Euskalduna comenzó a toser, carraspear e incluso murmurar para hacer notar su disconformidad con el uso de la lengua vasca. Incomodado por la grosería y la falta de respeto de los allí reunidos, el lehendakari interrumpió su disertación y no reinició el uso de la palabra hasta que los maleducados alborotadores cesaron en sus sonidos y el silencio volvió a la sala.
El lehendakari aguantó estoicamente la impertinencia de los empresarios y dio una lección de elegancia y urbanidad.
Respeto, educación y compostura hasta en la discrepancia. Esos conceptos serán los que lleven a la representación nacionalista vasca a no participar en el acto de jura de la Constitución por parte de la princesa española Leonor en su mayoría de edad. No habrá ni malos gestos ni protestas. Simplemente una respetuosa ausencia al no sentirse concernidos por un acto no parlamentario y que representa valores e instituciones -la monarquía, la “unidad de España”, la salvaguarda de las “Fuerzas Armadas”…- que el nacionalismo vasco no comparte. Así de simple y así de digno.
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