miércoles, 11 de julio de 2012

EL AUTOBOMBO Y LA LEY DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

El 23 de diciembre de 2010, el Parlamento Vasco, con el impulso del Gobierno de Patxi López y los votos de PSE,PP y UPyD, aprobaba la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional que, según sus patrocinadores, ponía freno al “autobombo” y cerraba las puertas –supuestamente- a la utilización de fondos públicos para la propaganda. La portavoz del ejecutivo del “cambio”, Idoia Mendia, presentaba la iniciativa con gallardía y según las hemerotecas del día afirmaba que “el objetivo de la ley es asegurar que cuando la administración informa lo hace neutralmente y no alimenta intereses partidarios, como ha ocurrido anteriormente".



La imparcial consejera socialista decía entonces que “a partir de ahora, no se volverán a repetir abusos propagandísticos del pasado” ya que "no se podrá usar dinero público para alabar los logros de las instituciones públicas". Esta ley servirá –sentenció- para "poner término a la confusión entre información institucional y pro gubernamental".


Ja, ja, ja.


Pero, vayamos al texto normativo aprobado por sus señorías. En su artículo 4, la ley establece los requisitos que deberán tener las campañas publicitarias institucionales. Así, se explicitan los siguientes:


“a) Informar a la ciudadanía de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas y de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos.


b) Informar a la ciudadanía sobre la existencia de procesos electorales y consultas populares.


c) Difundir el contenido de aquellas disposiciones normativas que, por su novedad y repercusión social, requieran medidas complementarias para su conocimiento general.


d) Difundir ofertas de empleo público cuya importancia e interés así lo aconsejen.


e) Advertir de la adopción de medidas de orden o seguridad pública cuando afecten a una pluralidad de personas destinatarias.


f) Anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el patrimonio natural.


g) Apoyar a sectores económicos, especialmente en el exterior, promover la comercialización de productos y atraer inversiones.


h) Difundir las lenguas y el patrimonio histórico, cultural y natural del País Vasco.


i) Comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social.


j) Promover o difundir los servicios que prestan y las actividades que desarrollan las entidades señaladas en el artículo 2 de la presente ley.


k) Promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales.”


Y, para ser más concretos, el artículo 5, establecía las líneas rojas, las prohibiciones explícitas : “No se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad o de comunicación:


a) Que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por los sujetos mencionados en el artículo 2 de esta ley.” (las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca)


En los últimos meses –de manera especial- el Gobierno que encabeza Patxi López ha tirado la casa por la ventana con la publicidad institucional. Más allá de “Irekia”, en la que el ejecutivo socialista ha gastado millones de euros, las campañas de autocomplacencia, los actos públicos de “autobombo” y la contratación de espacios en los medios de comunicación, además de contravenir la letra, el espíritu y el sentido de la ley aprobada por ellos mismos, ha supuesto una notable factura económica para las arcas públicas vascas.


Una consejería de su gabinete llegó a pagar, recientemente, una plana entera de publicidad en los principales diarios de la Comunidad para loar la presencia de su titular en las Naciones Unidas. Y la “socialización” de su eslogan de precampaña –el “modelo Euskadi”- , además de los costes de nueva producción en todos los soportes comunicativos, ha ocupado minutos radiofónicos y planas en prensa escrita. Y, para mayor escarnio de parados y necesitados, se buzoneaban los domicilios de Euskadi con ciento de miles de pasquines lujosos asegurando que su gobierno –el dilapidador- garantizará los derechos básicos de la ciudadanía vasca.

En unos momentos de crisis económica atroz, en la que las familias se las ven y se las desean para llegar a fin de mes, en la que las administraciones públicas se ven obligadas a recortar sus presupuestos en detrimento de los servicios a la ciudadanía, resulta verdaderamente obsceno el dispendio del gasto publicitario del gabinete López. Un dispendio, una dilapidación de recursos al servicio de un interés puramente electoral. Bochornoso.


Y , encima, sus protagonistas tienen el tupé de reclamar más impuestos para mantener los servicios públicos. Hace falta ser soberbios y caraduras para, además de vulnerar la ley que ellos mismos aprobaron en un gesto de “transparencia”, gastarse los cuartos de todos en beneficio de su imagen y su campaña.

Suma y sigue. Más cuñas, más spot, más folletos que buzonear. Más agujero, más déficit. Más caradura. Y la ley de publicidad institucional ...por el arco del triunfo.

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