El Parlamento notificó la pasada semana a la Diputación el curso de una iniciativa presentada por el PSE en la que se pedía la comparecencia en aquella institución del Diputado de Hacienda vizcaino para que “dé cuenta de las actuaciones contra el fraude y explique con la precisión debida de los resultados conseguidos”. Lo mismo han hecho con los representantes forales de Gipuzkoa y Araba.
Creo sinceramente que ha sido una decisión no meditada. No porque suponga una vuelta de tuerca más a la controversia política provocada por la fiscalidad o por dónde está la competencia en esta materia. Sino porque, de prosperar, de llevarse a cabo, generaría una interferencia institucional de primer orden.
Según el marco jurídico político vigente, las Diputaciones sólo dan cuenta de su gestión y se someten al control de las Juntas Generales. Y en el caso concreto planteado por el Partido Socialista, en Bizkaia, el Diputado de Hacienda ya había comparecido –el 14 de marzo- ante la Comisión de Economía y Hacienda. Allí, delante de todos los grupos, -el socialista también- dio cuenta de la labor realizada y los resultados obtenidos por su departamento en relación al fraude fiscal.
Pocos días después, el PSE presentó la iniciativa en el Parlamento. Y la Comisión correspondiente la calificó, aprobó y notificó.
El problema no es el contenido. No es el huevo, sino el fuero.
Por eso, desde las Juntas Generales de Bizkaia hemos pretendido atajar esta situación y procurar que no se produzca un choque institucional. Además, ya en el pasado reciente, el Diputado General ha comparecido en el Parlamento, pero siempre en el marco de ponencias o comisiones extraordinarias con carácter exclusivamente informativo. Nunca para “dar cuenta” de su gestión. Hacerlo sería romper el marco institucional y sus atribuciones organizativas. Subvertir la arquitectura institucional del país, que es, lo que parece, algunos pretenden. Reconozco que cambiar el modelo, el esquema, es posible. Pero el cambio debe producirse a través de los procedimientos establecidos (modificar la disposición adicional de la Constitución, el Estatuto...). Nunca con artificios.
La Mesa de Juntas de Bizkaia, en su escrito aprobado hoy solicita “respeto para los distintos ámbitos institucionales, tanto cuando se ejerzan las funciones normativas y administrativas, como cuando dichas funciones pretendan contribuir al control parlamentario, ya que, el control de la Diputación Foral de Bizkaia, sus miembros y entidades dependientes de aquella, corresponden en exclusiva a estas Juntas Generales.”.
Para evitar que la polémica subiera de tono, hemos intentado consensuar un texto que, defendiendo a la institución que representamos, no hiciera mayores juicios valor. Al final, el consenso total ha sido imposible. Legítimamente, la vicepresidenta segunda, Begoña Gil, con argumentos propios, ha decidido no sumarse al acuerdo que ha sido suscrito por la representante del PP y los tres “mahikides” del PNV.
Además, y a petición de la Diputación, hemos decidido enviar el diario de sesiones en el que se recoge literalmente la comparecencia del Diputado de Hacienda en relación a la lucha contra el fraude y la intervención que en ella tuvieron los representes de todos los grupos junteros. Aún así, habrá quien diga que se niega información al Parlamento.
Pero, una cosa es la vorágine política y otra bien distinta el respeto institucional. Eso último es lo que hoy ha motivado el acuerdo que hemos suscrito. Lealtad y colaboración institucional desde el respeto mutuo. Nada más. Y nada menos.
No dices más que tonterías. Tú y tus conmilitones pensáis que la gestión política es producir un montón de ocurrencias y banalidades. Como dijo Bertrand Russell, no hay nada más peligroso que un imbécil con buenas intenciones. Sois la expresión del deterioro físico y mental del pueblo vasco. La vais a cagar.
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