PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD

Para la mayoría del personal, el rollo del presupuesto es una chapa aburrida y árida. No lo niego porque se trata de un lenguaje y un código un tanto enmarañado. Apenas hay literatura y la poca que se encuentra en los tomos resulta poco apasionante. Partidas, capítulos, programas. Es como un jeroglífico que es necesario desentrañar e interpretar para saber, a ciencia cierta, en qué se gastarán las administraciones públicas los dineros que les llegan por la vía de los impuestos que pagamos los contribuyentes.

Los presupuestos de una institución son la herramienta básica para gestionar sus competencias, para plantear temporalmente posibles soluciones a los problemas que apremian a la ciudadanía. Y son el ejercicio puro de determinar prioridades, de, conociendo el dinero que se dispone, establecer en qué gastarlo –invertirlo- para mejorar los problemas detectados.

Ahí, en la priorización de actuaciones, estriban las diferencias en la catalogación de las políticas públicas y el perfil de los equipos de gobierno que las llevan a cabo.

Pero, ¿cómo se perfilan unos presupuestos? ¿Cuáles son los vericuetos por los que transita su definición?.

En primer lugar, de cara a elaborar un proyecto de presupuestos, el equipo de gobierno de turno debe conocer, con la mayor exactitud posible, los recursos económicos con los que dispone. Cuánto dinero hay en la hucha o de cantidad dispondrá a lo largo del ejercicio. Deberá saber de antemano cuáles son las obligaciones comprometidas y a las que deberá hacer frente en el ejercicio siguiente. Deberá tener en cuenta asimismo, los gastos corrientes fijos que deberá afrontar (el pago de la nómina, los gastos generales, la amortización de la deuda, etc). Despejadas estas incógnitas se obtendrá el gasto disponible real, es decir, la cifra global que podrá dedicar al nuevo gasto a comprometer.

Es, a partir de ese momento, cuando se produce un fértil debate en los equipos de gobierno. Volcar las partidas –el dinero- en los programas de protección social, en la incentivación de la actividad económica, en las inversiones de obra pública, en la mejora de la calidad de vida, en la pluralidad cultural…

Las deliberaciones de los consejos de gobierno resultan reservadas. No pretendo contravenirlas, en lo que a mi persona se refiere, pero trataré de aportar algunas de las experiencias que he vivido en primera persona en mi paso por la Administración (la Diputación foral de Bizkaia).

Ya durante los meses de junio y julio, el área de hacienda encomendaba a los departamentos correspondientes, establecer una especie de “carta a los reyes magos” a ejecutar en el futuro horizonte presupuestario. Muchos compañeros y compañeras se afanaban en ser puntillosos, explicitando objetivos y acciones concretas. Pero, aquello, no pasaba de ser un ejercicio teórico. La hora de la verdad llegaba pasado el umbral del 15 de octubre, fecha límite en la que el Consejo Vasco de Finanzas resolvía en relación con el cierre del ejercicio y establecía el nuevo marco de ingresos para el año próximo. A partir de ahí, comenzaba una carrera frenética. Conocida la cifra real sobre la que cada institución podía y debía determinar sus cuentas, se producía una liturgia de alto voltaje. Así, con todos los datos (compromisos, programas abiertos, etc), el responsable del área de Hacienda establecía una cifra aproximada a cada uno de los departamentos. Una cantidad que el responsable último del gobierno (en mi caso el Diputado General), analizaba y contrastaba con sus compromisos públicos y su programa. Éste –el Diputado General- convocaba a los miembros de su gabinete para hacerles partícipes del reparto económico y de los objetivos básicos a implementar en el presupuesto. En años de bonanza, el conformismo era fácil de concitar. Por el contrario, en tiempo de apreturas, la asignación de recursos provocaba tensión (tiempo de “llantos y crujir de dientes”). Nadie quedaba satisfecho y tras el encuentro mancomunado, se prodigaban los encuentros individuales en los que los responsables de los departamentos pasaban por el despacho de jefatura, a modo de confesionario, para que se atendiera las carencias y las necesidades no cubiertas por la previsión económica estimada.

Se trataba de un ejercicio duro de contrastar realidad con vocación. Lo deseable y lo posible. Una práctica maravillosa de lo que es gobernar de verdad. Distinguir lo prioritario de lo accesorio, reforzando decisiones y guardando en el cajón, a la espera de mejores tiempos, proyectos válidos pero de no imperiosa ejecución.

En esa fase he visto a gestores deprimidos ante la adversidad. Y servidores públicos solidarios con la acción de gobierno, capaces de ceder millones de euros de su estricta gestión a otros departamentos más apurados y con mayor impacto social.

He visto broncas, disgustos y hasta reproches malentendidos entre miembros de un mismo equipo. Pero, al final del proceso, siempre triunfaba el ámbito corporativo, la asunción de compromisos comunes y generales, por encima de visiones estancas departamentales.

A partir de ese momento de ajuste fino de previsiones iniciales a finales –tras el paso por el confesionario-, la elaboración del presupuesto pasaba a la sala de máquinas. Había que grabar las cifras en el programa, ajustarlas y cuadrar, en un ejercicio casi artesanal en el que la dirección de presupuestos del área de Hacienda jugaba un papel vital. Si al frente de la misma se sitúa a una persona que solo vele por el rigor y el método, el proceso de fijación presupuestario será un calvario. Si, por el contrario, en dicha oficina se establece a un equipo “facilitador” y comprensivo con las necesidades departamentales, el trabajo será fructífero. Aunque a veces sea preciso echar mano de la fresadora, del torno o del martillo para ajustar unas cuentas que, una vez “niqueladas” podrán pasar por el trámite de su aprobación en Consejo de Gobierno, para ser remitidas, antes del primero de noviembre, al ámbito legislativo.

Estamos en fechas de presupuestos. El Gobierno vasco ha presentado los suyos ante el Parlamento. Las diputaciones están en un trámite similar (Bizkaia los ha llevado a las Juntas Generales y en breve Araba y Gipuzkoa harán lo propio en sus ámbitos respectivo). También los ayuntamientos tratan de cuadrar sus previsiones para ser aprobadas en los plenos.

El momento sigue estando marcado por la dureza de una crisis económica que exige estabilidad y certidumbre en las políticas públicas. Máxime cuando se aventura un cambio de tendencia en lo macro, con una finalización de la recesión y el atisbo de un débil crecimiento que habrá que cuidar y alimentar para su progresión.

De ahí que, por encima de las legítimas diferencias políticas que puedan existir entre partidos, se haga necesario un gran acuerdo de estabilidad institucional. Estabilidad por responsabilidad.

El PNV viene clamando, desde el inicio de la nueva legislatura parlamentaria, por llevar a la práctica este acuerdo. Lo hizo en el pasado ejercicio pero la coyuntura política lo impidió. Ahora va a redoblar sus esfuerzos para posibilitar que todos los ámbitos institucionales de la Comunidad Autónoma tengan unas cuentas aprobadas. Posibilitar significa ser responsables. No pagar con la misma moneda, por ejemplo cuando EH Bildu contesta con radicalidad al Gobierno vasco anunciando enmiendas de totalidad en la Cámara de Gasteiz. Responsabilidad significa estar abiertos a una negociación si quien ostenta el ámbito de gobierno (Araba), está dispuesto a cumplir los compromisos adquiridos anteriormente y abre su disposición a compartir una serie de objetivos en el ámbito de la recuperación económica en el territorio.

Responsabilidad significa también cooperar y dar cobertura a proyectos reclamados por otros (Bizkaia) que con la incipiente recuperación económica ahora son posibles y ejecutables en el tiempo

Responsabilidad es, igualmente, no hacer lo que te pide el cuerpo, tras ser maltratado y engañado por quien gobierna (Gipuzkoa) y mirar más por los intereses de una sociedad, una ciudadanía, abandonada a su suerte por la inacción de un ejecutivo autoritario incapaz de hacer frente a la crisis, planteando las alternativas y propuestas que quien debe hacerlas no hace..

Eso es lo que, a juicio del PNV, exige el guión. Que quien tenga que gobernar, gobierne. Y que lo hagan con el presupuesto, con los objetivos y los programas, que hayan establecido y, en su caso, pactado. No es “buenismo”. Es responsabilidad.