LA “OFENSIVA” QUE VIENE

La LOAPA –Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico- fue un experimento visceral nacido tras el 23-F. Había que corregir el error histórico que había llevado a diseñar un Estado autonómico en el título octavo de la Constitución. Y había que hacerlo de un tajo, quirúrgicamente. Pese a tener el respaldo de las dos grandes opciones políticas del Estado –PSOE y la derecha representada entonces por UCD y AP- y de contar con un sustento supuestamente jurídico, a través de un informe  elaborado por Eduardo García Enterria, aquel “bodrio”  normativo no superó el tamiz del Tribunal Constitucional . Estoy convencido de que la sentencia del “alto tribunal” sería otra muy distinta si se planteara hoy.

Pero entonces -1983- el Tribunal Constitucional desbarató el camino emprendido para recortar los márgenes autonómicos ya aprobados. Y la pretendida reforma  por vía de normativa básica  quedó truncada. Pero la filosofía que alimentaba aquel ejercicio de fuerza legal  siguió vivo. Y muy vivo.

Su articulación se llevó cada viernes a la mesa del Consejo de Ministros y, estuviera quien estuviera en la Moncloa,  el afán “armonizador”, es decir tratar a todos por igual, impregnó toda acción de gobierno en el Estado. La fórmula inicial fue la que se conoció como “café para todos”. Es decir, alimentar a las comunidades autónomas –la mayoría surgidas de forma artificial- para establecer un techo común competencial que debería ser igualado –a la baja- por las nacionalidades históricas que habían encaminado su autogobierno por la vía  del artículo 151 de la Constitución (la vía en la que el Estado había ido “demasiado lejos”).

Durante años, y con el objetivo de hacer menguar la capacidad  de autogobierno de Euskadi y Catalunya, se infló un Estado autonómico impostado y, mientras los recursos económicos (o el incremento del déficit) lo permitieron,  se edificó una gran burbuja de regiones y gobiernos que pujaban entre sí en una pugna irresponsable de desmanes y opulencia. Y, todo ello,  sin un tejido productivo  de consistencia, teniendo como base el ladrillo, la promoción inmobiliaria desbocada al socaire del gran tractor de la economía española; el turismo.

Las costuras de la burbuja reventaron y la crisis económica y financiera mundial dejó a la intemperie el fiasco y la vergüenza de un Estado autonómico insostenible y ruinoso.

Ya no hay autonomía del “café para todos” que pida nuevas competencias o atribuciones. Al revés, algo insospechado, hay gobiernos autónomos que solicitan encarecidamente al Estado que les retire ámbitos competenciales, que las vuelva a asumir la Administración General.

La crisis económica en España ha tenido como consecuencia directa –además de otras- la quiebra estructural del Estado y el mapa autonómico, diseñado por el espíritu de la LOAPA pide a gritos su eliminación rápida. La vergüenza política impide exteriorizar tal solución. Máxime, porque las dos comunidades nacionales  que optaron por la vía del 151 –Euskadi y Catalunya- mantienen o redoblan su voluntad  de profundizar en su autogobierno, mientras que el resto pide, justamente, todo lo contrario.

Ese doble movimiento, centrípeto en el territorio común y centrífugo en las naciones que reivindican ahondar en el ejercicio de su soberanía,  nos lleva inexorablemente a una catarsis.

En España, los partidos mayoritarios (por el momento) buscan fórmulas para recoser las costuras de su vertebración. Los socialistas, más despistados que nadie, hablan de un nuevo modelo federal sin especificar contenidos. El PP, por el contrario, no dice nada. Hace.

Desde que Mariano Rajoy asumiera la presidencia del Gobierno, el proceso de recentralización ha sido una constante en su gestión. No ha habido decreto ley ni proyecto normativo que haya alumbrado –con la garantía de su mayoría absoluta- que no haya invadido ámbito competencial  del Estatuto vasco. Con el argumento de la reducción del déficit o de la “unidad de mercado”, el ejecutivo de Madrid ha ido laminando, con constancia y eficacia,  las atribuciones  de competencia y gestión establecidas por ley a la Comunidad Vasca y a sus instituciones. Una treintena de  conflictos de invasión competencial soportan el catálogo de agravios generados por el gobierno del PP.  Y todo ello con el oscuro horizonte  de un Tribunal Constitucional  volcado de parte que  dará la razón, siempre y sin despiste,  a la visión recentralizadora del Estado.

Pero la amenaza de horadar los cimientos del autogobierno vasco se enfrenta, pasado el verano, a una ofensiva que advierte alta tensión política. La pretensión de modificar la ley electoral, a escasos meses de celebrarse las elecciones municipales, forales y también autonómicas en muchas comunidades, augura un cambio unilateral en las reglas de juego democrático. Un cambio “ad hoc” para afianzar el bipartidismo en el Estado, cuestionado con la proliferación de opciones emergentes tras los comicios europeos.

A esto hay que añadir, la presentación, a cargo del Ministerio de Economía y Hacienda, de un listado de 225 nuevas medidas de control del gasto público y que pretende impulsar pasado el verano. Recortes y más recortes que, de aprobarse, afectarían directamente al margen de maniobra del Gobierno vasco, de las diputaciones forales y de los ayuntamientos.

Pero, por si  el desafío no resultase  de suficiente preocupación, el Gobierno de Mariano Rajoy, mirando a Catalunya, acaba de publicar  el supuesto resultado de las balanzas fiscales internas o lo que es lo mismo lo que aporta el Estado en las Comunidades Autónomas y viceversa. Y en esa cuenta de la vieja, el PP de Rajoy viene a decir  que el Estado invirtió en Euskadi (según sus cifras de 2011)  1576 millones de euros más que lo que el País Vasco aportó al Estado en concepto de Cupo.

¿Alguien puede decirnos con claridad en qué invierte o gasta el Estado en Euskadi más allá de la Guardia Civil? ¿1576 millones a su favor?. Ahora bien, si se imputa como inversión en Euskadi,  el mantenimiento de una parte del “patrimonio nacional” expuesto en el Museo del Prado, todo es posible

Decir que la balanza fiscal de Euskadi respecto a España nos beneficia es, simple y llanamente, un argumento  bendecido para que se intente una modificación expresa del Concierto Económico y de la fórmula que establece el pago del Cupo al Estado. Y con eso, hablamos de “tocar el nervio” al autogobierno.

Ante el panorama general, el Lehendakari Urkullu  lleva tiempo llamando a la puerta de Mariano Rajoy para intentar solucionar los problemas  presentes e intentar evitar los futuros. Pero Rajoy no contesta.

La obligación del Lehendakari es insistir, aunque a Idoia Mendia, acostumbrada a la indolencia de Patxi López, le resulte extraño.

Insistir por responsabilidad propia. Insistir para evitar males mayores.

Una representación del PNV también lo ha intentado. Sin la intermediación de Quiroga, que, por cierto, nadie la ha pedido. La respuesta, en directo, fue  que para abordar el “caso vasco”, el PP necesita tiempo. Que necesitan pasar la “cuestión catalana”, las elecciones municipales y hasta las generales. Mucho crédito. Demasiado a tenor de la experiencia.

La “ofensiva” centralizadora que se adivina para otoño presagia lo peor. En Catalunya, el “cepillado” del Estatut y la desatención permanente de un problema latente provocó el hartazgo social que, más allá de reivindicaciones identitarias,  se sintió desafecto, desvinculado de un Estado que les ignora y en el que creen que seguir unidos les perjudica en lo personal y en lo colectivo.

Si en Euskadi se mantiene el pulso y Rajoy sigue sin tener en consideración las primeras luces de alarma que avanzan un desarraigo creciente, el problema estallará con toda crudeza. Con tanta o más fuerza que en Catalunya.

A primeros de mes, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, pronunció en Madrid una conferencia en la que redundó el mensaje del acuerdo, de la bilateralidad o el compromiso de “decidir sujeto a pacto”. Si la “ofensiva” se concreta y no hay respuesta positiva a los llamamientos institucionales y políticos realizados  desde Euskadi, que nadie espere en que el nacionalismo vasco se quede de brazos cruzados. Lo dijo también Ortuzar en su conferencia, aunque pocos lo han reproducido. “Si esta oportunidad se trunca, con la misma determinación que hoy planteamos el acuerdo defenderemos los derechos nacionales que le asisten al Pueblo Vasco con todas nuestras fuerzas y por todas las vías que la democracia nos permita”. Queda dicho.