La fecha del 25 de octubre parece instalada en el calendario
vasco como una mención especial del autogobierno.
Fue en 1839, allá por el siglo XIX, cuando en tal fecha se
promulgó la denominada ley de
confirmación de los fueros, también conocida como “la primera abolitoria”. En
ella, el Estado español reconocía los “fueros de las provincias vascongadas y
de Navarra sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía”. Los “sin perjuicio” en texto legal se
utilizan para remarcar, no lo que el texto dice, sino lo
que, en verdad se quiere decir. De ahí, que en 1839, se confirmara el régimen
foral, pero para someterlo a la uniformidad del Estado.
Otro 25 de octubre
señalado fue más reciente. En 1979, los vascos de Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa, ratificábamos en referéndum el Estatuto de Autonomía de Gernika.
Digo ratificamos porque
esa fue la primera vez que pude
ejercer mi derecho a voto. Recién alcanzada la mayoría de edad –una vez de que
esta fuera establecida en los 18 años-, aquel 25 de octubre, fue la primera
vez en la que, a través de una
papeleta, deposité una parte de mi
voluntad en una urna.
La tercera efeméride vinculada a esta fecha fue en el año
2003. En tal ocasión, el Gobierno vasco presidido por el lehendakari Ibarretxe,
registró oficialmente en el Parlamento Vasco el proyecto de ley de nuevo estatuto político para Euskadi. Dicho
proyecto fue aprobado por mayoría absoluta de la Cámara autonómica el 30 de
diciembre de 2004. Pese a cumplir con
todos los requerimientos legales establecidos, el Congreso de los Diputados -9
de febrero de 2005- ni tan siquiera admitió a trámite el texto presentado.
La “democracia” del portazo.
Finalmente, en 2011, gracias a un acuerdo entre el Partido
Socialista de Euskadi, el PP y UPyD –la izquierda abertzale se encontraba
ilegalizada- la ciudadanía vasca acogía este día como festivo oficial. Dicha
celebración se mantuvo en el calendario hasta el pasado año, ya que tras las
elecciones autonómicas de 2012, el nuevo parlamento, representado en pluralidad
política plena decidió eliminar el carácter festivo a dicha fecha.
El 25-O es, por lo tanto, más que un guarismo en el
almanaque. Es una referencia histórica, y, de un tiempo a esta parte, una fuente de disputa en una insólita
polémica en la que el constitucionalismo español ha llegado a utilizar el
propio calendario como una herramienta
de confrontación política.
Así, desde la opinión publicada y desde el PP y el PSE en menor medida, se pretende escenificar una contienda entre
quienes se consideran “estatutistas” o defensores del Estatuto de autonomía y
quienes lo pretendemos superar para actualizar la voluntad política de los
vascos al momento actual..
Pugnar por un calendario o por arrogarse la esencia
estatutista da risa. Lo podremos
observar hoy, en los informativos de radio y televisión. Hoy veremos sin complejo a un Partido Popular
vasco sacralizando el Estatuto. Sus dirigentes se pondrán solemnes y en una declaración sobreactuada pretenderán
presentarse como los paladines del autogobierno vasco. Y se olvidarán, amnesia
selectiva, de la frase que su presidente tiene a bien repetir contra quienes reclaman ejercicio
democrático; “la legalidad está para cumplirse”.
Treinta y cinco años de incumplimiento intencionado y
perseverante de una ley orgánica aprobada y refrendada. Incumplimiento argumentado. Bien porque las
circunstancias lo aconsejan – transferencia de la competencia de prisiones- o
porque dejar en manos vascas la gestión de la seguridad social rompería el
concepto de “caja única”. Incumplimientos porque sí o porque lo digo yo, un
concepto instalado de insumisión consentida bajo la que subyace una intención
de subordinación política impuesta.
Pero eso no es lo peor. Lo peor radica en la política de
hechos consumados, en ese cepillado
continuado que se produce todos los viernes cuando el Consejo de
Ministros, so pretexto de reducir el déficit, de la igualdad del mercado o del último argumento que venga bien, aprueba leyes de bases y medidas que recortan
o bloquean el margen de maniobra de la Comunidad Autónoma
Vasca y sus instituciones para gestionar la capacidad
jurídica que se creía propia por ley. Un estrechamiento del campo de juego que está provocando la desnaturalización del
lance político. Y que, cuando se suscita un conflicto, el juez que debe verificar el encaje jurídico
del atropello siempre se posiciona a favor de los intereses del Estado. Como un
árbitro merengue pitando en el Bernabeu.
No diré yo que el Estatuto esté muerto. Pero las condiciones
a las que se ve sometido incapacitan la posibilidad de adaptarlo a las nuevas
necesidades de gobierno de la sociedad vasca.
Porque, se crea o no, el autogobierno
es la capacidad que tiene una comunidad para, por sí misma, atender el
bienestar y la calidad de vida de la sociedad que cobija y que la conforma. No
es una entelequia de reclamación de soberanía
para configurar un ente diferente, un contrapoder artificial. Autogobierno es mantener una capacidad de actuación flexible y eficaz para, en cada momento, satisfacer las
demandas de la
ciudadanía. Con cercanía y efectividad.
Eso ha sido el Estatuto de Gernika durante mucho tiempo. Una
herramienta jurídica de primer nivel que nos ha permitido a los vascos construir un sistema de bienestar. Una
educación de calidad, una sanidad universal, unas prestaciones sociales para quienes más las necesitan, una seguridad
integral, una moderna red de comunicaciones...Eso es el autogobierno. No el
invento de los nacionalistas para los nacionalistas.
Es verdad que gracias al Estatuto, Euskadi ha alcanzado un
nivel de progreso superior a otras naciones sin estado existentes en el mundo.
Reconocer este hecho, ponerlo en valor,
no implica acomodarse en un estatus, sacralizando un marco de relación
jurídico-política o renunciar a
aspiraciones legítimas de nuevas estructuras estatales. Nadie puede ni debe
olvidar que, para muchos, y en concreto
para los nacionalistas vascos, el Estatuto de Gernika fue un acuerdo coyuntural vinculado a una circunstancia
histórica. El gradualismo pragmático ha sido, desde Sabino Arana, un valor que
el PNV ha sabido cultivar. Crear conciencia nacional para construir nación y
luego dotar a ésta de soportes de Estado que la viabilicen en el contexto
internacional.
En el año 1979 se fraguó un ámbito institucional en el que
estaban representadas dos terceras partes de los vascos habitantes de ambos lados del Pirineo. Se
edificaron las primeras instituciones comunes –más allá de la excepcionalidad
de la guerra y el exilio- y, en ellas, se han sentado las bases de una sociedad
próspera y competitiva. Fue el traje a medida que se necesitaba en el espacio
de una generación. Pero hoy, por unas razones u otras, las costuras de dicho
equipamiento comienzan a abrirse, La Euskadi adulta de hoy, del primer cuarto
de siglo XXI necesita ropa nueva. La
importancia de la intervención europea, cuya estructura como Unión ni tan siquiera se cita en el texto
estatutario y la incomodidad de la recentralización en el Estado español, nos indica que el
modelo en el que hemos vivido hasta ahora no da más de sí.
Cuando se observa que el Estado es incapaz de admitir que la
Ertzaintza necesita renovar su plantilla
por puro envejecimiento de sus componentes, o cuando se imponen restricciones a la
política de inversión del Gobierno vasco
en materias de su estricta gestión, so pretexto de reducir un déficit que no ha creado, el desenfoque del problema se acentúa.
El problema ya no es competencial. Ni de transferencias. Es
mucho más serio. Se trata de una quiebra de confianza. El Estatuto fue un pacto y tal
compromiso se ha difuminado cuando
desde una de las partes lo ha considerado
como una concesión unilateral y graciosa del Estado. Un privilegio que te dan o
te quitan. Autogobierno, significa gobernarse por uno mismo. Y eso exige un
triple reconocimiento. Primero, el del sujeto que desea dirigir su destino.
Segundo, el compromiso a la no intromisión en las decisiones que se aborden en las competencias y
atribuciones propias establecidas por ley, incluyendo, claro está, las
garantías de respeto recíproco. Y, tercero, la asunción de que la voluntad de
la ciudadanía vasca, libremente expresada sea el filtro democrático que valide
cualquier cambio del marco jurídico-político.
No. No estamos para celebraciones estatutarias. Y
mucho menos para representaciones teatrales propias de carnaval. El
autogobierno se conmemora día a día. Ejerciéndolo y no limitándolo.
Actualizándolo, y no incumpliéndolo. Menos palabras, menos calendarios y más
hechos.
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