LA SONRISA DE LA FOTO

Sonrientes. Así comparecían ante los medios de comunicación Mariano Rajoy,  los secretarios generales de los sindicatos UGT y CCOO – Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo respectivamente- y el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell. Les acompañaba en la instantánea Fátima Báñez, la ministra de Empleo y Seguridad Social.

El encuentro tenía como objetivo la firma de un nuevo subsidio de 426 euros para parados de larga duración –un año en desempleo y sin prestaciones-.

La noticia en sí resultaba positiva. ¿Cómo criticar un acuerdo que posibilitara una dotación económica para quienes habían quedado a la intemperie tras perder su empleo?. Pero, como casi siempre,  la “buena nueva” que nos dejaba el Gobierno español, tenía trampa. Al menos para los vascos concernidos en las comunidades autónomas de Euskadi y Navarra.

Las nuevas ayudas para los desempleados de larga duración eran incompatibles con quienes percibieran otras prestaciones sociales, como la renta de garantía de ingresos (C.A. Vasca) o la denominada Renta de Inclusión Social (Navarra).

La cuestión que se plantea es clara; si los parados de larga duración deben optar entre el nuevo subsidio -426 euros- o la prestación de la RGI –dotación mínima de 616,13 euros-,  se inclinarán lógicamente por esta última ayuda.

Lo lógico en este caso  es que el Gobierno español hubiera negociado con las comunidades autónomas cómo gestionar esta nueva asistencia, posibilitando complementarla  por los ejecutivos autónomos hasta el umbral de la RGI. Pero no. Ni diálogo, ni concertación ni nada de nada. Si los trabajadores vascos quieren acceder a una ayuda económica, que se acojan a la que para ellos es más beneficiosa. Es decir, la Renta de Garantía de Ingresos. 

¿Dónde estriba el problema entonces?. La quiebra está en quien paga.

Mientras que la Renta de Garantía de Ingresos y la Renta navarra de Inclusión social, se sustentan en los presupuestos generales de Euskadi y de la Comunidad Foral, es decir  en los fondos recabados por los impuestos que pagamos los ciudadanos de ambas comunidades, el nuevo subsidio acordado en Madrid obtiene sus recursos de lo que los trabajadores aportamos a la Seguridad Social  -también navarros y resto de vascos-. Es decir  que apoquinamos, sí o sí y encima se nos excluye en el beneficio.

El Gobierno español, UGT, CCOO y CEOE invitan y nosotros pagamos. Como para no sonreír.

Inaudito.  Se penaliza a quienes más solidarios son –los que mayor nivel de protección social prestan/prestamos-, se les carga de los compromisos ajenos, y encima se dedica una parte de los que aportamos a la bolsa común de la seguridad social para reducir su déficit en otros lares. Sólo nos falta que nos acusen de ser egoístas.

No he escuchado nada al PP vasco respecto a este atropello. Ni tampoco a las federaciones de UGT y Comisiones Obreras de Euskadi.  Ni a Confebask, también representada en la CEOE. Sólo los “ugetistas” navarros se han desvinculado de este nuevo agravio o contrafuero.

Ahora se entiende  el porqué no quieren que los vascos gestionemos por nosotros mismos –como indica el Estatuto de autonomía- los recursos que aportamos a la Seguridad Social. Nos dicen que si hoy se produjera el traspaso de la gestión nos encontraríamos  con un notable déficit neto. Y que “gracias” a la benevolencia de los españoles, los vascos podemos disfrutar de las pensiones.  Seguramente, en la actual coyuntura  el desequilibrio sería cierto. Pero quienes miran el “ahora” se olvidan de que los trabajadores vascos hemos aportando  durante muchos años  por encima de los retornos obtenidos.  No obstante lo anterior, que nos la transfieran, que ya buscaríamos fórmulas para hacer una seguridad social vasca viable y sostenible. Que dejen de “perdonarnos la vida”, que cumplan la ley y nos permitan afrontar nuestros problemas por nosotros mismos. Para nosotros, eso es autogobierno y en su gestión, los vascos hemos demostrado con creces ser más eficaces que quienes tienen un país endeudado a casi el 100% de su PIB y un paro superior al 25%. 

El no cumplimiento de este precepto legal –establecido en el estatuto de autonomía de Gernika- es una de las razones que llevó al portavoz del PNV en el Congreso a calificar a Mariano Rajoy como “insumiso”.

El presidente del Gobierno español volvió a evidenciar en su última  respuesta parlamentaria que Euskadi sigue sin estar en su agenda. Al menos en su previsión inmediata.

Los problemas –muchos- que el lehendakari le trasladó meses atrás, no ya en septiembre, última fecha de encuentro institucional, siguen esperando  no ya acuerdo, sino respuesta. Y el plazo de cautela para que la tendencia de incomunicación variara finaliza sin satisfacción.

El lehendakari Urkullu, desde la prudencia y la responsabilidad que nos tiene acostumbrados, analizará las alternativas que se le presentan ante un previsible portazo institucional desde la Moncloa. Lo que resulta evidente es que, de ahora en adelante, las relaciones entre el Euskadi y el Estado serán distintas. Cuando alguien ni tan siquiera te tiene en la agenda, no puede esperar cortesía infinita. Aunque el asunto  en juego nada tenga que ver ni con la cortesía ni con la buena educación. El problema, no son las formas, sino la profundidad de un desinterés  por conciliar las diferencias en problemas tales como la consolidación de la paz, los flujos financieros entre partes, el desarrollo de los ejes de comunicación comprometidos o la paralización de las medidas recentralizadoras auspiciadas desde el Estado.

En suma, el desinterés por la convivencia pactada y la unilateralidad de las decisiones políticas tendentes a la subordinación de Euskadi a los intereses “generales”. El nuevo subsidio de desempleo para parados de larga duración es, en esta línea, la última gota de un vaso a rebosar.

El PNV venía advirtiendo desde hace tiempo que su paciencia para con el PP y su gobierno en España comenzaba a desgastarse. Bien es cierto que la mayoría absoluta con la que los populares gozan en la Carrera de San Jerónimo hace que un grupo de cinco parlamentarios inquiete poco.  Pero el PP haría bien en no desdeñar un cambio de talante en la hasta ahora moderada templanza nacionalista. Además, la errática posición del PP vasco,  competidor de EH Bildu en Euskadi por  tratar de judicializar y tensionar artificialmente la vida política, poco ayuda a mantener actitudes de oposición “cordial”.

A buen seguro, el PNV no lanzará al monte a sus diputados y senadores. Tampoco emulará la dinámica  judicializadora  de los populares vascos como herramienta de desgaste. Su labor será dejar en evidencia la anomalía democrática de un gobierno y un  partido que ignora a Euskadi y a sus instituciones. Un partido que en Euskadi tendrá que explicar muy bien por qué desatendió el diálogo institucional con el lehendakari.  Por qué dejó a un lado el entendimiento y alimentó la confrontación.

Olvidándose de Euskadi, Rajoy y el PP harán que Euskadi se olvide del PP.

Sonrían, sí, que aún tienen tiempo para posar en la foto. Sonrían, antes de que  la sociedad vasca les saque del encuadre.