PERPETUAR EL ESCENARIO

A mí no me da igual lo que les pase a los presos de ETA. A Arantza Quiroga quizá sí. Así lo ha explicitado en una entrevista a la cadena radiofónica de la Conferencia Episcopal. Un contrasentido, perder el sentimiento de la reconciliación y la compasión de una católica  en una radio clerical. “Aquí, el que la hace,  la paga”, ha sentenciado la ferviente presidenta del PP vasco quien ha confesado sentirse "muy reconfortada" por la decisión del Tribunal Supremo que impedirá a los presos de ETA descontar de sus condenas los años cumplidos en otros países de Europa.

Yo, un impío pecador, cada vez más descreído, pienso lo contrario. Ni el Talión, ni la venganza, y mucho menos el odio. Pienso que la obligación de un sistema penal ajustado a derecho es redimir a los culpables,  hacerles pagar un precio por sus delitos y resocializarlos, reinsertarlos en una sociedad  generosa, capaz de dar a todo ser humano una nueva oportunidad de rehacer su vida.

No lo digo yo, lo dice la propia Constitución que tanto dice venerar Arantza Quiroga.

Sus declaraciones me han provocado tristeza. Cuanta falsedad de “sepulcros blanqueados”. Y, en segundo término, observo el cálculo político de quien no tiene duda en subvertir los derechos fundamentales –que también asisten a la población reclusa- en una dádiva de quita y pon.

Como a la presidenta del PP vasco, me aborrecen los abominables crímenes cometidos por el terrorismo de ETA. Me horroriza  su inhumanidad. Su crueldad y el dolor intenso por ellos provocados. Pero dicho esto, creo que ya está bien de vincular esta repulsa  con la sed de venganza. Con la manipulación política de las víctimas. Con el retorcimiento de la ley.

No creo equivocarme al pensar que como yo, hay muchos vascos que están decididos a apostar por una nueva convivencia. Sin olvidos. Pero también sin odio. Con la legalidad en la mano. Sin viciarla. Ni excepcionarla.

Durante esta pasada semana hemos vuelto a vivir un “déjà vu”, una escena repetida del pasado trasladada al presente. Una concatenación de acciones judiciales y policiales con un indudable impulso político. Bien por el contexto –movilización contra la dispersión, atentados de París, inicio de un nuevo macrojuicio en la Audiencia Nacional, manifestación de las asociaciones más politizadas de víctimas del terrorismo- o por el interés  del partido en el gobierno para afianzar su electorado más extremo.

El resultado, ha vuelto a ser un despropósito, un gratuito tensionamiento de la convivencia  con balance desastroso.

El mismo juez que hace un año y cinco meses   articulara una amplia redada policial contra los responsables del colectivo “Herrira”, saldada con dieciocho detenciones – todos los arrestados fueron posteriormente puestos en libertad- , el mismo magistrado  que a escasas veinticuatro horas de su celebración prohibiera la manifestación del pasado año en favor de los derechos de los presos, el mismo  representante de la judicatura, movilizaba a la Guardia Civil en una nueva operación  de amplio impacto mediático en la que se procedía a la detención de 16 personas -12 de ellas abogados de presos-  de las que, finalmente, tres –tesoreros de Herrira-  han terminado en prisión..

Como decía el periodista Iñaki Gabilondo, algo de esta operación “olía a chamusquina”.

Por más que el ministro de Interior se afanara en presentar la acción judicial y policial como un golpe a “un tentáculo de ETA”,  ni las imputaciones de delitos, ni la contundencia de los argumentos esgrimidos desde el gobierno convencieron de la objetividad de la actuación y del dispositivo policial desplegado. Más bien al contrario.

La acusación de “fraude fiscal” no se compadecía con el hecho de que las Haciendas vascas, de las que los detenidos eran “obligados tributarios” nada supieran, ni fueran informadas, de dicha presunta ilegalidad.

Para que un fraude fiscal se convierta en delito es necesario que un contribuyente eluda, con dolo, más de 120.000 euros en un ejercicio y en una figura tributaria concreta. Y hasta donde se ha podido saber, ninguna de las haciendas forales había detectado –y nadie lo había comunicado-tales situaciones.

Por otro lado, la actuación contra los letrados –todos ellos puestos en libertad tras su aparatosa detención- ha encendido la crítica  de estamentos tan poco sospechosos de complicidad con el terrorismo como el Consejo General de la Abogacía española o el Colegio de Abogados de Bizkaia. La vulneración del “derecho de defensa”, argumentado por el colectivo de juristas, cobra especial incidencia habida cuenta de que varios de los detenidos fueran arrestados horas antes de que se iniciara el macrojuicio 04/08 en la Audiencia Nacional contra  ex dirigentes de ANV, EHAK y Batasuna. Varios de esos abogados  formaban parte del equipo de defensa de los 35 procesados, acusados de pertenecer a ETA –una vez más “todo es ETA”- en un sumario  en el que se juzgan actividades políticas desarrolladas entre los años 2005 y 2007.

No. No parece simple coincidencia. Ni tampoco el hecho de que el Tribunal Supremo  rechazara, al día siguiente de la “operación mate”, la excarcelación  de Kepa Pikabea, recluso acogido a la denominada “vía Nanclares”  que había instado a la justicia española la aplicación de la decisión marco 675/2008 del Consejo de la Unión Europea, referida a cómo deben computarse las penas  y valorar  las sentencias emitidas por otros países miembros.

Después de que el locuaz Fernández Díaz , Soraya Sáenz de Santamaría y hasta nuestra Arantza Quiroga hubieran reclamado de la judicatura española, una vez más como ingerencia impresentable, la no utilización de la doctrina comunitaria en materia de acumulación de penas  para su cómputo global, el Tribunal Supremo accedió a tal propósito. Aunque seis de sus quince miembros, ante la duda razonable de la prevalencia de normas,  planteara, sin éxito, una consulta prejudicial de urgencia ante el Tribunal de la Unión Europea.

Ni dudas, ni consultas. Leña al mono. Aunque se roce el estrambote y, a sabiendas,  pasado un tiempo –el tiempo del recurso-  venga  otra vez la Corte de Luxemburgo a tirar de las orejas a la cúpula togada española. “Marca España” en estado puro.

Todo raya el esperpento. Lo único que faltaba era poner una imagen grotesca como colofón al fiasco. Y llegó. La escena de los guardias civiles encapuchados contando dinero  en una mesa con una montaña de monedas  resulta propia del espacio televisivo “Vaya semanita”. No me cabe duda de que los guionistas de la imagen captada en la sede del sindicato LAB son de la misma escuela  cinematográfica  de quienes nos brindaron aquel otro video irrepetible. El espot del desarme, las pistolas y los verificadores. Un nuevo género documental; el ridículo.

El desaguisado judicial y policial vivido esta semana nos lleva a concluir que al Gobierno español no tiene una política de paz. Ni de convivencia. Tiene una política de Interior basada en el impacto mediático. De ahí la sobreactuación, la excepcionalidad.

Creen que les va bien sostener la ficción de la batalla contra el terrorismo  etarra. Aunque el “enemigo” ya no exista. Es algo así como buscar réditos de la nostalgia del ayer. Para contentar a su electorado extremo. Para acallar a las voces de la caverna que ponen en valor  su “firmeza democrática”. Y con esa práctica  se desentiende de la responsabilidad que tiene de apagar la luz  y cerrar la página de un libro que está acabado.

Tanto cálculo político comienza a resultar infame. Sobre todo cuando utiliza, para alimentarse,  el tensionamiento de la normal convivencia en Euskadi.

Hace ya un tiempo, Iñigo Iruin advirtió a la Izquierda Abertzale  de que los tiempos que estaban por venir serían para ellos peores de lo que auguraba. Que debían hacer un ejercicio de realismo para, con valentía, asumir decisiones arriesgadas pero necesarias. Aquellos consejos todavía no han encontrado respuesta. Y, mientras los meses pasan, los augurios se hacen realidad. Si de verdad les preocupan los presos, sus familiares y las “consecuencias del conflicto”, que no pierdan más tiempo. Que se pongan el buzo y, sin mayor dilación, lleven a la práctica las decisiones que han asumido para poner fin a su tragedia. En caso contrario, Fernández Díaz siempre tendrá una excusa para justificar su ley de excepción. A él, como a Arantza Quiroga, no les importa perpetuar el escenario.

A los que queremos inaugurar una nueva Euskadi en paz y convivencia, sí.