ESCUPIR AL CIELO

Desde que el pasado fin de semana se conociera que la actual dirección de Kutxabank había denunciado ante la Fiscalía el resultado de una investigación interna respecto de una presunta irregularidad detectada en su contratación externa, las acusaciones de todo tipo dirigidas contra el PNV se han sucedido en el panorama político, sindical y mediático vasco. Ha sido como un ataque en tromba contra el principal partido del país y sus representantes institucionales.

Ha sido la demostración más evidente de que hay muchos agentes, dentro y fuera de Euskadi, con un afán indisimulado de pillar al PNV en un renuncio e incorporar sus siglas al estigma de la corrupción política de la que, hasta el momento, se ha demostrado indemne.

No ha habido tertulia, ni opinador (también en EiTB), ni partido político, sindicato o periodista que no haya pretendido vincular al PNV en un caso cuya trascendencia, origen y responsabilidad aún se desconoce. Por acción o por omisión. Por sospecha y simplemente porque sí, porque así tocaba, se ha vinculado al PNV con una “irregularidad” que la propia entidad –Kutxabank– auditó, puso en conocimiento de los órganos reguladores de las entidades financieras y, finalmente, llevó a la Fiscalía. Sin denuncias ni acusaciones, aunque todo haya sido reinterpretado al gusto de la conveniencia.

Que Kutxabank estaba en la diana de la Izquierda Abertzale y de determinados sindicatos no era ningún secreto. La supuesta “privatización” de la entidad, la negativa al proceso de conversión de las antiguas cajas de ahorro en fundaciones bancarias, obligado por la nueva normativa aplicable en el Estado y por las exigencias del Banco Central Europeo como organismo regulador de las entidades financieras, habían motivado mil y un discursos catastrofistas y propagadores de sospechas injustificadas. Una dura campaña de descrédito que había pinchado en hueso. Bien por el músculo evidenciado por Kutxabank en las pruebas de “estrés test” realizadas por el BCE y que la situaban a la cabeza de las entidades financieras del Estado, bien por la decidida acción de la mayoría política para continuar, a través del acuerdo, con los procesos de transformación requeridos por la legislación vigente.

El episodio conocido la semana pasada ha reflotado la campaña de acoso de meses anteriores. ELA, siempre tan contundente en sus apreciaciones, hablaba de “pagos sin justificación, compraventa de bienes a precios inflados, condiciones privilegiadas para conceder créditos hasta llegar a la condonación de los mismos” a “partidos, sindicatos o fundaciones”. Para LAB, el caso era el “caldo de cultivo” de “irregularidades y clientelismos”. Hasier Arraiz mencionaba el “oscurantismo” del banco para abonar “acuerdos espurios”. Otros, como Dani Maeztu, se referían abiertamente a “compra de voluntades”, “pactos de favor” o “puertas giratorias”. Lindezas tabernarias sustentadas en la libertad de expresión o en el aforamiento parlamentario.

A las acusaciones sin pruebas, a la extensión irresponsable de la tacha, al “calumnia que algo queda” de estos portavoces –amplificadas luego por algunas tertulias televisivas– ya estábamos acostumbrados. Lo que no cabía esperar era que al coro de denunciantes se sumara la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga. Desaparecida en combate –interno se supone– durante una temporada, la presidenta del PP vasco tuvo el descaro de vincular el contrato objeto de investigación con “los acuerdos de país del PNV y el PSE”. Como si la estabilidad institucional se hubiese amasado en el intercambio de prebendas inconfesables.

Su insolencia, lejos de corregirse, se agudizó dos días más tarde. En lugar de informarse, puertas adentro de su propio partido respecto a la historia en cuestión, anunció que presentaría una interpelación parlamentaria al Lehendakari Urkullu para que éste dé explicaciones ante la Cámara legislativa sobre lo ocurrido en la entidad financiera. “Cada vez –afirmó Quiroga– entiendo menos qué ha pasado en este caso. No es creíble que el Gobierno Vasco no estuviera al tanto de lo ocurría en el banco”.

Tal vez Quiroga tenga razón y el Gobierno Vasco conociera lo que ocurría. Pero no este gobierno sino el anterior. El presidido por Patxi López y apoyado por el PP de Quiroga. El diario de cabecera de ‘Vocento’ hizo pública, el pasado jueves, una historia de lo que pudo acontecer en relación al contrato ahora investigado. En el relato se hace referencia a un acuerdo tácito entre partidos e instituciones para garantizar el futuro de los “servidores públicos” que hubieran desempeñado responsabilidades en materia de seguridad. Según las mencionadas informaciones periodísticas, fueron estos “compromisos no escritos” los que llevaron al PP y al PSE a buscar una salida a Mikel Cabieces tras la victoria electoral de los populares y el recambio de la figura del Delegado del Gobierno español en Euskadi.

Dicha versión indica que Cabieces renunció, por motivos personales, a ocupar una plaza en el extranjero, siguiendo los pasos de sus predecesores Enrique Villar y Paulino Luesma. De ahí que dirigentes del PP y del PSE se afanaran en encontrarle una salida aquí mismo. Según relata el periódico en cuestión, fue primero un “alto dirigente del PP” quien intercediera ante Mario Fernández, presidente de BBK y luego de Kutxabank. Más tarde, lo haría un representante del PSE. Ante la imposibilidad de incorporar nominalmente al ex alcalde portugalujo en la estructura de la entidad financiera y de sus empresas participadas, se buscó –según lo publicado– una alternativa. Cabieces, abogado laboralista de profesión, asesoraría al banco desde el exterior. El instrumento para hacerlo posible fue, según se desprende de las informaciones aparecidas en prensa, el incremento de una “iguala” histórica que un bufete bilbaino mantenía con Kutxabank.

Esta ampliación de contrato que, según las informaciones periodísticas publicadas, fue aprobada por el entonces presidente de la entidad, Mario Fernández, se sustentaba en el hecho objetivo de que “el complejo proceso de fusión con Vital y Kutxa, que se sumaba a la reciente incorporación de CajaSur”, configuraba “un escenario de intenso trabajo en la vertiente laboral”.

Casi tres años después de dicha ampliación de contrato, y en el límite de que éste finalizara, tras el relevo en la dirección de Kutxabank, según se ha sabido estos días, los responsables del área de auditoría interna del banco pusieron en conocimiento del nuevo presidente la existencia de la adenda. Para establecer su trascendencia, Villalabeitia ordenó hacer una investigación, lo que implicaría su notificación al Banco de España y posteriormente al BCE, quien ordenó poner el caso en conocimiento de la justicia, como así se hizo. Lo que sigue después, es conocido. La Fiscalía abrió una investigación, desencadenándose, en paralelo, una dura controversia de tintes políticos interesados y obscenos.

Si las “irregularidades” detectadas suponen un quebranto de la legalidad lo deberán decidir los ámbitos judiciales, no quienes, a coro, han juzgado y condenado ya, pisoteando la presunción de inocencia de respetables personas que, a lo largo de su dilatada trayectoria profesional y política, han acreditado sobradamente valores de honestidad y de rigor en sus comportamientos.

¿Y qué tiene que ver el PNV en todo esto? Nada. Ni conoció el origen del asunto, ni participó en su decisión, ni tampoco en su afloramiento último. Huelga decir, aunque alguno no se lo crea, que el PNV no gobierna Kutxabank. Ni ahora ni antes. Que la entidad financiera se ha gestionado siempre por los profesionales representados en los órganos directivos. Siempre. Y aunque el mito de que “sabinetxea” lo supervisa todo, lo cierto es que jamás el PNV ha dirigido o teledirigido la entidad financiera. Así debe ser y así es. Resulta curioso que los éxitos de la entidad –primera en solvencia del Estado– sean atribuibles a la profesionalidad independiente de sus gestores, que lo son, mientras que se impute al PNV todo lo negativo (si es que lo hay).

La sobriedad y solvencia de Kutxabank está fuera de toda duda. Lo ha estado siempre. Porque sus dirigentes, los de hoy y los de ayer, son y han sido impecables. Y han sabido comprometerse con su país.  Tanto desde un punto de vista profesional como ético. Ojalá todas las organizaciones pudieran decir lo mismo. En esta vida, no vale todo para ganar un puñado de votos. Sembrar la duda de que la acción política vasca se sustenta en el reparto clientelar de beneficios espurios es ruin y falso. Y lo es aún más si quien abona esa tesis forma parte de la representación política del país. Al final, a quien escupe al cielo, le termina por caer la saliva encima.