El deporte profesional, una mezcla de negocio y espectáculo,
fue la primera actividad en la que se estableció la práctica de retirar
dorsales a modo de homenaje a estrellas rutilantes que habían destacado en el
historial de determinados clubes. El
baloncesto y, especialmente la NBA fue quien inició el camino de esta práctica
que pretendía “no olvidar” las gestas de figuras tales como Larry Bird, Machael
Jordan, Scottie Pippen o Kareen Abdul-Jabbar. Los números que habían lucido en sus camisetas durante
trayectoria profesional jamás se volverían a utilizar en los clubes respectivos
como símbolo de ejemplaridad y mito.
Tal moda, como no, se trasladó al fútbol. El Milán retiró el
número “6”
en homenaje a Baresi, el Vasco de Gama hizo lo propio con el “11” de Romario, el Nápoles
reservó el “10”
en honor a Maradona y ahora el Madrid estudia
descatalogar el “7”
de su vestuario en cuanto el portugués Cristiano Ronaldo finalice su carrera
con el club merengue.
El objetivo de tal costumbre suele ser enaltecer a una
memoria particular, significarla como
genuina y preservar su recuerdo para las generaciones venideras.
Lo mismo le ocurre al Partido Popular, pero en sentido
contrario. Al equipo de Rajoy, Cospedal
y compañía, le gustaría retirar de su estante gran número de dorsales. Matas,
Fabra, Bárcenas, Camps, Costa, Mato,
Granados, Rato...Parece la alineación histórica de una de aquellas selecciones
que glosara con épica Matías Prat. Pero
no. Es la larga lista de implicados en conductas indecentes que salpica en su integridad al Partido
Popular.
Si pudieran, los borrarían para siempre de su memorial
particular. Es más, en algún caso, serían capaces de pedir a la academia de la
lengua que hiciera desaparecer del vocabulario la acepción “rato”. Y es que
para muchos, dicha palabra viene a significarse ya como “el espacio de tiempo
indeterminado en el que un dirigente del Partido Popular se forra eludiendo sus obligaciones tributarias”.
El PP asiste impotente a una metástasis destructiva
imparable. Y cada día que pasa surgen nuevos casos destapados de comisiones
sospechosas y negocios turbios. Ora Rato, ora Trillo, Martínez Pujalte, Rita
Barberá con sus gastos de representación desorbitados o todo un grupo clientelar vinculado a la instalación de parques eólicos
en Castilla-León. Jamás unas energías “limpias” habían olido tan mal.
Rajoy no lo va a tener fácil. Ni la recuperación económica
ni los mejores datos sobre el empleo le servirán de alivio. Las alegrías le
duran poco. Apenas un telediario. Así que en los mentideros madrileños
–incluidos los de la “caverna”- se comience a hablar de un congreso
extraordinario tras las elecciones de mayo que pudiera finiquitar el liderazgo
del político gallego. Tesis abonada por
una gran parte de los opinadores de cabecera del PP reconvertidos ahora de
“columnistas” a “quintacolumnistas”.
La amnistía fiscal, pomposamente denominada en su origen
como “regularización”, y el especial trato de favor dado a evasores de impuestos reconocidos,
puede ser la gota que colme el vaso de un desvencijado PP.
En la Comunidad Autónoma
Vasca , en virtud del Concierto Económico y de las
competencias en materia tributaria de los territorios forales, la dichosa
“regularización fiscal” no se aplicó.
Fue una decisión acertada y congruente. A toro pasado viene bien recuperar las palabras que
entonces pronunciara Jose Luis Bilbao, Diputado General de Bizkaia, para
justificar su negativa.”Lo
que está en juego –decía entonces el diputado vizcaino- es la política. La dignidad
de la política ante la
sociedad. Nosotros creemos en una forma concreta, leal y
justa, de hacer política para todos los ciudadanos y este no es el camino”.
“Se nos está
hablando- incidía Bilbao- de regularización cuando se está facilitando
el blanqueo de capitales, se está beneficiando al que ha cometido un fraude, se
quiere matar la figura del delito fiscal, y se viste de logro una recaudación
extra cuando debiera estar perseguida judicial y políticamente. Eso nos parece
éticamente inaceptable, políticamente indefendible y socialmente una
injusticia”. “No vamos a tolerar que aquellas personas que han estado defraudando a la hacienda pública y, en
definitiva, a todos los vizcaínos y vizcaínas que vengan ahora a blanquear sus
dineros negros, a limpiar sus conciencias sucias, a aflorar sus bienes secretos
a un precio módico. Y menos, sin tener que justificar de dónde y cómo han
salido esos capitales”.
El tiempo pone a cada cual en su sitio. A
Montoro y a Rajoy, su laxitud y ausencia de rigor les ha colocado en el disparadero y a dirigentes como Jose
Luis Bilbao, ahora en el momento de su despedida de la primera línea pública,
el reconocimiento a su saber hacer, su compromiso y su ética impecable de
representante de la ciudadanía.
De la reprobable amnistía fiscal, que ha
alimentado notablemente la indignación general, queda el dato oculto de un
listado amplio –se dice que más de 700 relevantes nombres- amparados por la
opacidad de un gobierno –el español- que se refugia en la obligada
confidencialidad debida entre Administración y administrados para no hacer
pública su identificación. Es cierto que, en condiciones normales, la intimidad
de los obligados tributarios debe ser mantenida. Pero no es menos cierto que,
en situaciones extraordinarias, como la que aparentemente existe, el velo del
secreto puede ser levantado en el marco parlamentario de comisiones
extraordinarias o de investigación.
No habrá regeneración democrática, ni
credibilidad, ni voluntad de cambio en el buen gobierno si la lista de la
vergüenza sigue oculta por decisión política del PP. Y con mayor razón cuando
el propio ministro de Hacienda ha osado vanagloriarse de conocer la relevancia
pública de algunos de sus componentes. O cuando el mismísimo director de la Agencia Tributaria
se cubría de gloria con su afirmación de “dispongo de todos los datos y son la
repera patatera”. Si tan relevante es la información, que se conozca y punto.
Pero no
sólo deben desenmascararse, sean quienes sean, los beneficiarios del blanqueo
legal de sus capitales ocultos. Con el mismo celo deberá investigarse la
procedencia de las fortunas ahora regularizadas. Si fueron obtenidas por medios
lícitos o si por el contrario se amasaron irregularmente o de manera
fraudulenta, cuando no criminal.
La
sobreactuación con la que el Gobierno español ha actuado con el caso Rato, a
quien de un plumazo han despojado de su vínculo con el PP, ponen en evidencia
el nerviosismo de un gobierno ante un problema del que el ex director del FMI pudiera ser solo la punta del iceberg. El
“ángel caído” o derribado en una operación cosmética exculpatoria. La “Lola Flores ” que en
otro tiempo exhibió también un gobierno español
como ejemplo de su presunto compromiso de lucha contra el fraude.
Rajoy y
el gobierno del PP, su rodillo, su mayoría absoluta, empiezan a oler a
chamusquina. Lo dicen, privadamente, hasta sus más íntimos seguidores. Son
muchos los factores que acompañan a esta descomposición. Pero quizá el que más
severamente le está castigando es su
pérdida de credibilidad para afrontar el “debe” de los comportamientos
impúdicos que ha arrastrado desde un pasado reciente y que le han acompañado durante toda la legislatura. Desde
los trajes de Camps hasta la bandera
bordada en hilos de oro de Carlos Urquijo con cerca de 60.000 euros de
dispendio de las arcas públicas.
No va
más. Muchos de los dorsales que portaran las “estrellas” del PP deberían haber
sido retirados hace tiempo. Y para siempre jamás. Rajoy, el entrenador de dicho
equipo, no tuvo la valentía de hacerlo cuando tocaba. Ahora, es él quien corre
el riesgo de ser pasado a la
reserva. Se lo habrá ganado a pulso. Como decía entonces Jose
Luis Bilbao, será la consecuencia de no entender cual debe ser la dignidad de
la política.
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