viernes, 24 de abril de 2015

LA DIGNIDAD DE LA POLÍTICA

El deporte profesional, una mezcla de negocio y espectáculo, fue la primera actividad en la que se estableció la práctica de retirar dorsales a modo de homenaje a estrellas rutilantes que habían destacado en el historial de  determinados clubes. El baloncesto y, especialmente la NBA fue quien inició el camino de esta práctica que pretendía  “no olvidar” las gestas  de figuras tales como Larry Bird, Machael Jordan, Scottie Pippen o Kareen Abdul-Jabbar. Los números que  habían lucido en sus camisetas durante trayectoria profesional jamás se volverían a utilizar en los clubes respectivos como símbolo de ejemplaridad  y mito.

Tal moda, como no, se trasladó al fútbol. El Milán retiró el número “6” en homenaje a Baresi, el Vasco de Gama hizo lo propio con el “11” de Romario, el Nápoles reservó el “10” en honor a Maradona y ahora el Madrid estudia  descatalogar el “7” de su vestuario en cuanto el portugués Cristiano Ronaldo finalice su carrera con el club merengue.

El objetivo de tal costumbre suele ser enaltecer a una memoria particular,  significarla como genuina y preservar su recuerdo para las generaciones venideras.
Lo mismo le ocurre al Partido Popular, pero en sentido contrario.  Al equipo de Rajoy, Cospedal y compañía, le gustaría retirar de su estante gran número de dorsales. Matas, Fabra, Bárcenas, Camps,  Costa, Mato, Granados, Rato...Parece la alineación histórica de una de aquellas selecciones que glosara  con épica Matías Prat. Pero no. Es la larga lista de implicados en conductas indecentes  que salpica en su integridad al Partido Popular.

Si pudieran, los borrarían para siempre de su memorial particular. Es más, en algún caso, serían capaces de pedir a la academia de la lengua que hiciera desaparecer del vocabulario la acepción “rato”. Y es que para muchos, dicha palabra viene a significarse ya como “el espacio de tiempo indeterminado en el que un dirigente del Partido Popular se forra  eludiendo sus obligaciones tributarias”.

El PP asiste impotente a una metástasis destructiva imparable. Y cada día que pasa surgen nuevos casos destapados de comisiones sospechosas y negocios turbios. Ora Rato, ora Trillo, Martínez Pujalte, Rita Barberá con sus gastos de representación desorbitados  o todo un grupo clientelar  vinculado a la instalación de parques eólicos en Castilla-León. Jamás unas energías “limpias” habían olido tan mal.

Rajoy no lo va a tener fácil. Ni la recuperación económica ni los mejores datos sobre el empleo le servirán de alivio. Las alegrías le duran poco. Apenas un telediario. Así que en los mentideros madrileños –incluidos los de la “caverna”- se comience a hablar de un congreso extraordinario tras las elecciones de mayo que pudiera finiquitar el liderazgo del político gallego. Tesis  abonada por una gran parte de los opinadores de cabecera del PP reconvertidos ahora de “columnistas” a “quintacolumnistas”.

La amnistía fiscal, pomposamente denominada en su origen como “regularización”, y el especial trato de favor  dado a evasores de impuestos reconocidos, puede ser la gota que colme el vaso de un desvencijado PP.

En la Comunidad Autónoma Vasca, en virtud del Concierto Económico y de las competencias en materia tributaria de los territorios forales, la dichosa “regularización fiscal” no se aplicó.  Fue una decisión acertada y congruente. A toro pasado  viene bien recuperar las palabras que entonces pronunciara Jose Luis Bilbao, Diputado General de Bizkaia, para justificar su negativa.”Lo que está en juego –decía entonces el diputado vizcaino- es la política. La dignidad de la política ante la sociedad. Nosotros creemos en una forma concreta, leal y justa, de hacer política para todos los ciudadanos y este no es el camino”.
“Se nos está  hablando- incidía Bilbao- de regularización cuando se está facilitando el blanqueo de capitales, se está beneficiando al que ha cometido un fraude, se quiere matar la figura del delito fiscal, y se viste de logro una recaudación extra cuando debiera estar perseguida judicial y políticamente. Eso nos parece éticamente inaceptable, políticamente indefendible y socialmente una injusticia”. “No vamos a tolerar que aquellas personas que han estado  defraudando a la hacienda pública y, en definitiva, a todos los vizcaínos y vizcaínas que vengan ahora a blanquear sus dineros negros, a limpiar sus conciencias sucias, a aflorar sus bienes secretos a un precio módico. Y menos, sin tener que justificar de dónde y cómo han salido esos capitales”.

El tiempo pone a cada cual en su sitio. A Montoro y a Rajoy, su laxitud y ausencia de rigor les ha colocado  en el disparadero y a dirigentes como Jose Luis Bilbao, ahora en el momento de su despedida de la primera línea pública, el reconocimiento a su saber hacer, su compromiso y su ética impecable de representante de la ciudadanía.
De la reprobable amnistía fiscal, que ha alimentado notablemente la indignación general, queda el dato oculto de un listado amplio –se dice que más de 700 relevantes nombres- amparados por la opacidad de un gobierno –el español- que se refugia en la obligada confidencialidad debida entre Administración y administrados para no hacer pública su identificación. Es cierto que, en condiciones normales, la intimidad de los obligados tributarios debe ser mantenida. Pero no es menos cierto que, en situaciones extraordinarias, como la que aparentemente existe, el velo del secreto puede ser levantado en el marco parlamentario de comisiones extraordinarias o de investigación.
No habrá regeneración democrática, ni credibilidad, ni voluntad de cambio en el buen gobierno si la lista de la vergüenza sigue oculta por decisión política del PP. Y con mayor razón cuando el propio ministro de Hacienda ha osado vanagloriarse de conocer la relevancia pública de algunos de sus componentes. O cuando el mismísimo director de la Agencia Tributaria se cubría de gloria con su afirmación de “dispongo de todos los datos y son la repera patatera”. Si tan relevante es la información, que se conozca y punto.
Pero no sólo deben desenmascararse, sean quienes sean, los beneficiarios del blanqueo legal de sus capitales ocultos. Con el mismo celo deberá investigarse la procedencia de las fortunas ahora regularizadas. Si fueron obtenidas por medios lícitos o si por el contrario se amasaron irregularmente o de manera fraudulenta, cuando no criminal.

La sobreactuación con la que el Gobierno español ha actuado con el caso Rato, a quien de un plumazo han despojado de su vínculo con el PP, ponen en evidencia el nerviosismo de un gobierno ante un problema del que el ex director del FMI  pudiera ser solo la punta del iceberg. El “ángel caído” o derribado en una operación cosmética exculpatoria. La “Lola Flores” que en otro tiempo exhibió también un gobierno español  como ejemplo de su presunto compromiso de lucha contra el fraude.

Rajoy y el gobierno del PP, su rodillo, su mayoría absoluta, empiezan a oler a chamusquina. Lo dicen, privadamente, hasta sus más íntimos seguidores. Son muchos los factores que acompañan a esta descomposición. Pero quizá el que más severamente le está castigando es  su pérdida de credibilidad para afrontar el “debe” de los comportamientos impúdicos que ha arrastrado desde un pasado reciente y que le han  acompañado durante toda la legislatura. Desde los trajes de Camps hasta la bandera  bordada en hilos de oro de Carlos Urquijo con cerca de 60.000 euros de dispendio de las arcas públicas.

No va más. Muchos de los dorsales que portaran las “estrellas” del PP deberían haber sido retirados hace tiempo. Y para siempre jamás. Rajoy, el entrenador de dicho equipo, no tuvo la valentía de hacerlo cuando tocaba. Ahora, es él quien corre el riesgo de ser pasado a la reserva. Se lo habrá ganado a pulso. Como decía entonces Jose Luis Bilbao, será la consecuencia de no entender cual debe ser la dignidad de la política.


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