viernes, 8 de mayo de 2015

RITA LA POLLERA

Cuando el intelecto humano entra en funcionamiento, las preguntas que se plantean al individuo resultan absolutamente asombrosas. ¿Qué somos?. ¿De dónde venimos?. ¿Adonde vamos?. Son profundas interpelaciones  que nos hacen ensimismarnos a la búsqueda de respuestas que pacifiquen el ego.

Como estas cuestiones se me hacen, en ocasiones, difíciles de responder mis interrogantes suelen tornarse más llevaderos. Más a ras del suelo. De cierta simpleza.

El otro día tuve uno de esos retos mentales tormentosos  (de ahí vendrá lo de “tormenta de ideas”). Mi curiosidad me llevó a buscar el origen y las características de determinados personajes que a menudo aparecen en nuestra comunicación sin que sepamos por qué.
¿Quien es de verdad Paco, el de la rebaja?. ¿Qué cociente intelectual tendría Abundio?. ¿Cual sería la auténtica cara de Picio?. ¿A qué se dedicaría Perico, el de los palotes?.
La lista de preguntas sin respuesta continuó angustiándome. ¿Cómo sería la casa por la que andaba Pedro?. ¿Qué tenía de especial la entrepierna de la Bernarda?. ¿A qué sabía el arroz de Catalina?. ¿Cómo se mecía Bartolo para ser tan envidiado en su postración?. ¿Para qué me tocaba Roque?.

Vivía sin vivir en mí. Afligido por tanto misterio y sin respuesta a tantas preocupaciones, pretendí distraer mi mermado intelecto. En esto, en los medios de comunicación digital  apareció una noticia que condujo mis neuronas a otro debate. El parlamentario de UPyD en la Cámara vasca anunciaba  que gracias su decisivo voto “Euskadi tendrá una ley de vivienda”. Gran noticia, sobre todo, cuando el problema de la vivienda  afecta prácticamente a toda la sociedad y su disfrute es una condición básica en la dignidad de las personas. Un tema serio.

Siendo Patxi López lehendakari, y a pesar de tener un pacto cerrado con el PP que le permitía una holgada mayoría absoluta (la izquierda abertzale estaba ilegalizada), su intención de aprobar una iniciativa como la que ahora se plantea en el Parlamento vasco quedó en agua de borrajas. Por un lado, porque nadie más se sumó a su propuesta y, fundamentalmente,  porque no tenía financiación suficiente para sustentarla.  

Cuando un ejecutivo lleva un proyecto de ley al Parlamento, además de haber pasado todos los filtros de legalidad para su aprobación en el consejo de gobierno correspondiente, necesita aportar una memoria económica que determine cuanto le cuesta a la administración la puesta en marcha de la nueva medida y como la financiará. Esto es, de dónde sacará el dinero necesario, para hacerla viable.

Cuando las iniciativas legislativas son propuestas por los grupos parlamentarios- no por el gobierno- tales requisitos no resultan obligatorios.  Luego, cabe la hipótesis de que alguien proponga la conquista del espacio cósmico sin querer saber  el coste económico de la aventura galáctica  ni se garantice cómo se pagarán las naves interplanetarias o la formación y mantenimiento de los cosmonautas.

Con el anteproyecto que han rubricado PSE, EH Bildu y UPyD ocurre algo de lo aquí apuntado. Si el texto inicial presentado por los socialistas  resultaba difícilmente asumible por falta de rigor en sus previsiones, la asunción de las enmiendas presentadas por los grupos de la Izquierda abertzale y de Maneiro han convertido  el  escenario final en una previsión impracticable. Como una subasta de prestaciones sin ajuste a la realidad. Brindis al sol a la búsqueda del aplauso fácil.

Pongamos algún ejemplo de la inconsistencia de lo planteado.
El proyecto de ley pactado por PSE, EH Bildu y Maneiro determina como “derecho subjetivo” el acceso a la vivienda. Es decir que cualquier persona con reciente empadronamiento en Euskadi – en las ayudas sociales se exige tres años de antigüedad- podrá solicitar ante un juez que el Gobierno vasco les dote de una vivienda. Y que en caso de no disponer de la misma se le subvencione como corresponda.

Según lo pactado, ¿quienes  tienen derecho a reclamar este derecho?.  En lugar preferente, las  familias de tres o más miembros con ingresos inferiores a 15.000 euros anuales. En un segundo año, las Unidades de convivencia de dos miembros o más que ganen menos de 12.000 euros. El tercer ejercicio, los individuos que ganen menos de 9.000 euros y, finalmente, todos los que demanden una vivienda en alquiler inscritos en Etxebide (ingresos menores a 39.000 Euros). En la actualidad, hay  en Euskadi 40.000 personas inscritas en esta sociedad pública que, según esta previsión, deberían ser atendidas si el proyecto de ley fuera aprobado.

Pero las consecuencias de este acuerdo parlamentario van más allá. El proyecto normativo establece  que el 80% del presupuesto dedicado a la política de vivienda, desde ya, será para alquiler social, y dentro de cinco años el 100%. Esto supone la suspensión de las acciones de rehabilitación de viviendas (ahora se destinan 21 millones a la materia) y   el colapso de los proyectos en marcha de VPO en Sestao, Zorrozaurre o Txomin Enea.

El pacto PSE-EH Bildu- UPyD , establece además un cánon  o nuevo impuesto a aplicar a las viviendas vacías sin entrar a determinar las causas ni circunstancias de dicha situación. Se obliga, igualmente, al Gobierno vasco a recomprar  las viviendas de protección oficial que  los actuales propietarios quieran vender y que en su momento fueran promovidas por ayuntamientos o diputaciones  y, en último extremo, determina  la expropiación temporal de aquellas casas que vayan a ser desahuciadas por bancos y por privados ante el impago –sean cual fuere sus razones- de los inquilinos (aspecto éste ya suspendido por el Tribunal Constitucional en el caso de la ley andaluza).

Todavía hay más despropósitos que no tiene razón detallarse. Sobre todo, cuando nada tiene sentido en una Comunidad en la que, gracias a nuestro sistema de protección social, único en el Estado, hay más de 41.000 familias vascas atendidas por el ejecutivo autónomo en derecho a la vivienda a través del sistema Alokabide (alquiler) o por medio de la prestación complementaria de ayudas de emergencia social.

Que se puede hacer más. Por supuesto. Pero con rigor. Rigor técnico, rigor económico y rigor jurídico, no por el impulso demagógico o el halago gratuito de una progresía mal entendida.

A lo largo de los últimos meses, el PNV ha pretendido  racionalizar y llevar a buen puerto un acuerdo que fuera realista y eficaz en materia de vivienda social en Euskadi. Todos los esfuerzos, en ponencia y fuera de ella han sido vanos. Intencionadamente no ha encontrado interlocución. Y cuando la ha hallado, se ha despreciado cualquier posibilidad de acuerdo.

Que EH Bildu juegue a este patrón cosmético de un “nuevo modelo social” utilizando la demagogia,  entra en los cánones de su acción institucional de pancarta y propaganda. Que Maneiro y UPyD participe en estas veleidades también encaja en el rol de provocación con el que habitualmente transita la formación magenta en el Parlamento vasco.

Ahora bien, que la dirección de orquesta de esta farsa legislativa la haya protagonizado el Partido Socialista da mucho que pensar. Y, lo primero que uno cree es que actitudes como la evidenciada no forman parte de un partido con vocación de gobierno. Que son propias de quienes han perdido el norte y transitan sin brújula. Impulsados, bien por la revancha, o por una malentendida búsqueda de posición que, según ellos, les permitirá recuperar un puñado de votos.

La broma de mal gusto del proyecto de ley de vivienda  probablemente se apruebe sin que sus promotores se hayan hecho las dos preguntas básicas que toda formación responsable debe plantearse a la hora de intentar aplicar nuevas medidas en la gestión pública. Esto, ¿cuanto cuesta? Y ¿quien lo paga?.

Sin memoria económica, sin estudio previo,  y tras la aprobación de las enmiendas de EH Bildu y UPyD, una primera estimación  cifra en más de 800 millones los que costará a la Administración Pública vasca la aplicación de estas medidas.  Un monto insostenible para Euskadi.
¿Quien lo pagará?. A los proponentes de la ley les da igual. Eso, para ellos es lo de menos.

En ese punto, y volviendo a mi meditación de origen, encontré por fin una respuesta.

Que pague Rita. Rita la pollera. 

2 comentarios:

  1. Alokabide es MUY mejorable pero en comparación al Estado Español hay años luz en todo... en todos los aspectos comparables. Si se es honest@ se aprecia a primera vista la gran diferencia.

    Bastante efecto llamada hay con la crisis como para dar pisos gratis... Tal y como arengaba Aragorn al ejército de elfos antes de enfrentarse a los orcos: "No tengáis piedad alguna porque ninguna os será mostrada" o algo así... (doy fe de que esto es sí).

    ResponderEliminar
  2. Esto es otra versión del puerta a puerta. Aita Y Amas de Euskal herria vender vuestras viviendas que tanto os han costado, años y años de vil sacrificio. Olvidaros de dejar nada a vuestros hijos y marcharos a dar la vuelta al mundo, que estos iluminados ya nos procuraran alojamiento y RGI y no se que mas, vascos de cuna joderos que se abre el mercado exterior, si mercado exterior. Mientras unos hablan de internacionalizar Euskadi con su buen hacer empresarial, otros internacionalizan las viviendas a cualquiera por ley. Solidarios si tontos no. En Resumen la tendencia de voto no cambia y para joder al partido que menos pierde en cada cita electoral (PNV), abramos el melón y todos tan contentos. Una Neurona basta para saber que es imposible. Con el manto de acusación de racismo todo vale, no señores, responsabilidad.

    ResponderEliminar