EL PRECIO DE LAS DECISIONES

Escuchaba el otro día a un grupo de tertulianos hablar de la crisis griega. Las opiniones eran más de lo mismo, ese discurso complaciente, pretendidamente progre  que satanizaba a la “troika”, a las autoridades europeas y al Fondo Monetario Internacional por el  “cruel” ensañamiento al que sometían a los depauperados helenos. Era una escena a la que ya estamos acostumbrados. Aburguesados opinadores  impartiendo doctrina moralista sobre las injusticias del sistema, diseccionando  las sociedades entre “buenos” y “malos”, entre “opresores” y “oprimidos”. Sin mirar más allá de un relato falsario  e impostado  en el que se pone toda la carga de la prueba en la burocracia de unas instituciones sin alma.

La simpatía hacia Grecia y los griegos es algo inherente a todos nosotros. No en vano fue cuna de la civilización occidental y de su legado se ha forjado  buena parte de la realidad social, política, ideológica, artística  y cultural sobre la que se sedimenta el universo humano que hoy disfrutamos.

Pero esa afinidad, que comparto y me cautiva, nada tiene que ver con la objetividad con la que debe ser contemplada la calamitosa situación que hoy nos afecta y de manera especial a los griegos contemporáneos.

Es cierto que cuatro de cada diez griegos viven hoy al filo de la exclusión social. Y que su tasa de paro supera el 27%. Pero no es menos cierto que durante años, los sucesivos gobiernos helenos ocultaron el déficit y la deuda real del país para, con mentiras, poder entrar en el sistema euro. También es real que la quiebra de su banca fue causada por el Estado y no a la inversa pues el despilfarro público tuvo que ser sufragado por el sistema financiero hasta su bancarrota final.

Despilfarro, sí, en un país que en el año 2007 tenía al 10% de sus habitantes funcionarizados (el 20% del total de la población activa). Disparate de ser el país de la UE que más presupuesto destinaba a gasto militar (el 4% del PIB).  Sinsentido de tener un Producto Interior Bruto menor que el de España manteniendo un salario mínimo un 50% superior. Despropósito de  ser la administración que mayor fraude y elusión fiscal  generó con una economía sumergida galopante (sólo 5.000 griegos declaraban a Hacienda ingresos anuales superiores a los 100.000 euros). Absurdos como que el principal hospital de Atenas tuviera en nómina a 45 jardineros, que algunos organismos públicos contaran con 50 conductores por cada coche oficial o que se estableciera la jubilación anticipada (50 años para las mujeres y 55 para los hombres).

No extrañará a nadie que toda esta epopeya de ambrosía y bacanal terminara en catarsis con la zozobra de un estado a quien los países del entorno se veían obligados a  rescatar de su ruina con miles de millones de euros de sus fondos propios. Miles de millones de euros sacados de las reservas estatales de la eurozona.  Es decir de las huchas propias de los alemanes, italianos, franceses...Préstamos que ahora quieren, como corresponde, recuperar en buena lid.

Me gustaría ver la reacción de los compasivos tertulianos ante un préstamo hecho de su propio bolsillo y no devuelto por quien hubiera sido el beneficiario del mismo. Seguro que  cuando la cartera perjudicada fuera la de ellos se acabaría con la mojigatería  discursiva y se valoraría de forma distinta el impago del dinero adelantado.  Se abandonaría la pose ideológica para reclamar que al césar hay que darle lo que es del césar.

 

Más allá de la crisis griega, de sus orígenes y de las consecuencias de los diversos rescates, lo que me ha movido a escribir estas líneas  tiene por objeto hacer  una reflexión que el conjunto de la sociedad debería formularse con mayor frecuencia. La mayoría de la ciudadanía quiere que el futuro, para sí y  para los demás, sea mejor, más próspero y con mayor bienestar común. Pero, ¿a qué precio?.

Todos queremos que las necesidades básicas de las personas sean cubiertas por los servicios públicos. Que los gobiernos garanticen empleo para todos. Que el disfrute de una vivienda sea un derecho reconocido. Que quien no tenga recursos económicos o que  los que disponga sean precarios,  pueda contar con una renta de garantía de ingresos que le permita sobrevivir. Que el acceso a la sanidad, a la educación, sea universal, gratuito y de calidad. Que cuando se acabe el ciclo laboral  se disponga de una pensión suficiente. Que haya atención a los colectivos  sociales más vulnerables.  Que haya seguridad en las calles. Que disfrutemos de medios de transporte, de infraestructuras, de equipamientos... Sí, todos queremos eso y más.

Pero, ¿alguien tiene en cuenta cómo hacer frente económicamente a ese desideratum colectivo?.

Nuestras necesidades  sociales siempre van por delante de la capacidad económica de hacerlas frente. Pese a que la recuperación económica parece ser real, pese a que volvemos a tasas de crecimiento de PIB efectivas, pese a que se haya endurecido el sistema fiscal,  los recursos económicos obtenidos por las administraciones públicas siguen sin cubrir, de lejos, las previsiones de gasto derivadas  de tanta demanda. El solo hecho de la aprobación de una ley de vivienda,  sancionada sin memoria económica que acompañe su aplicación, implica que el Gobierno vasco se vea obligado a reservar anualmente cerca de 80 millones de euros para atender sus previsiones. 80 millones más que, ni por asomo, surgirán de la reforma tributaria recientemente aprobada. Y que deberán  ser consignados restando de otras partidas  de las cuentas públicas.

Todo el mundo quiere  que cuando se  pulse un interruptor se encienda la luz. O  funcione la calefacción. Queremos energía barata, que nos permita competir en la producción industrial. Pero, al tiempo, nos negamos en rotundo al “franking” por el impacto medioambiental que las actuales técnicas extractivas de hidrocarburos  tienen. Tenemos razón en salvaguardar el medio natural y en requerir las mayores medidas  que palien el impacto ambiental. Pero esa prevención lleva a algunos a prohibir no ya la explotación de los yacimientos, sino su exploración y hasta la investigación de los mismos. Si hay gas, si hay recursos energéticos ¿debemos renunciar a ellos? . ¿Aunque las técnicas de extracción  se modernicen y garanticen seguridad, es lógico mantener la prohibición?. ¿Es nuestro sino comprar energía cara al exterior?. O ¿deberemos renunciar al desarrollo?.

Todos queremos modernos servicios de transporte. Y ampliar las redes aunque cuesten un potosí. Queremos que el transporte público sea gratuito para los jubilados. ¿También para los jubilados de Neguri?. ¿No será mejor aplicar las bonificaciones  dependiendo de las rentas de cada cual?.

Queremos fondos públicos para indemnizar a las víctimas del amianto o para quienes no pagan las pensiones alimentarias de los hijos en casos de divorcios. ¿ Fondos públicos?.  Queremos bonificar las matrículas universitarias. ¿También para quienes hacen “quinto de primero”?.

Y, por si fuera poco, nos olvidamos de los problemas estructurales en los que la decisión política  poco tiene que ver como son  el envejecimiento de la población, el incremento de nuevas dolencias vinculadas al incremento de la expectativa de vida o la ausencia de natalidad que nos deja sin reservas humanas que sostengan  el empleo futuro y las cotizaciones sociales. Un panorama objetivamente preocupante que deberemos interpretar  bien para acertar en las políticas públicas que adoptemos. Para hoy, pero, fundamentalmente, para mañana.

Vivir mejor, que duda cabe, es lo que queremos, Pero para ello, la política vasca debe seguir contando con un ingrediente  sustancial que nos posibilite un marco estable y de certidumbre. Ese ingrediente se llama responsabilidad. Cada acuerdo que pactemos, cada nueva ley que aprobemos, cada decreto o cada programa que pretendamos incorporar al presente deberá responder a esa responsabilidad. Alejada de la demagogia, del populismo, del aplauso fácil o de la progresía mal entendida. Nuestra sociedad tiene que saber y ser consciente de que alcanzar  el bienestar de hoy a cambio de la ruina del mañana  no es una opción razonable. Ahora que se renuevan gran parte de nuestras instituciones  bueno sería que, sin la tentación electoral  de la promesa convertida en subasta,  se hiciera un esfuerzo por parte de todos  para que esa reflexión que como país necesitamos, se llevara cabo con objetividad  y vocación de eficacia. De lo contrario, perderemos el tiempo y quizá, a lo peor,  el futuro.  Y quien no se lo crea, que mire a Grecia.