DE WILSON A CASADO. AUTODETERMINACIÓN Y GOLPE

En enero de 1918, a escasos meses de que  se pusiera fin a las primera gran guerra que asoló a Europa, el presidente norteamericano Woodrow Wilson, en discurso pronunciado  ante sus congresistas, se dirigió a los países  combatientes  a fin de plantear  los cimientos de la paz a través de un nuevo orden internacional.  Su proclama fue conocida como los “Catorce puntos de Wilson”  y entre ellos  se establecía el denominado principio de las nacionalidades y el ejercicio de la autodeterminación  de los pueblos promoviendo  el establecimiento de nuevas realidades  desgajadas del imperio austrohúngaro, la fijación de nuevas fronteras (Italia, Polonia), la liberación del territorio francés o la restauración de Bélgica, entre otras medidas.

Se cumple un siglo de aquello. Un pronunciamiento  novedoso que tuvo su impacto en Euskadi. El 25 de octubre de aquel mismo año, en el aniversario de la abolición foral dictada en 1839, los primeros senadores y diputados nacionalistas en Madrid enviaron al presidente  Wilson un telegrama.

“Al honorable   Presidente   de   los   Estados   Unidos   de   América. Washington.

Al cumplirse el 79 aniversario de la anulación por el Gobierno español  de la independencia del Pueblo Vasco, los que suscriben,  diputados   y   senadores   en   las   Cortes   españolas,   en nombre de todos los vascos que conscientes de su nacionalidad desean y laboran por verla desenvolverse libremente, saludan al Presidente de los Estados Unidos de América, que al establecerse las   bases   de   la   futura   paz   mundial, las   ha   fundamentado en   el derecho de toda nacionalidad, grande o pequeña, a vivir como ella misma   disponga,   bases   que   aceptadas   por   todos   los   Estados beligerantes,   esperamos   verlas   aplicadas   prontamente   para   el mejor cumplimiento de lo que la justicia y la libertad individual y colectiva exigen. ”

Firmaban el escrito: Jóse  Horn y  Areilza, Arturo  Campión, Pedro   Chalbaud (Senadores   por   Bizkaia), Ramón de la Sota, Domingo   Epalza, Antonio Arroyo, Anacleto Ortueta, Ignacio Rotaetxe (Diputados por Bizkaia), José Eizagirre (Diputado por Gipuzkoa), Manuel Aranzadi (Diputado por Navarra).

Un siglo defendiendo en Madrid los intereses y los derechos de Euskadi. Un siglo reclamando el derecho a decidir del Pueblo Vasco. Pacífica y democráticamente.

Parece muy lejana la cita pero, vista con perspectiva, resulta insólito pensar que el mapa europeo  haya sufrido tantos vaivenes a un siglo vista. En aplicación de los principios de Wilson las cicatrices de las sucesivas guerras  vividas en nuestro entorno conformaron, de manera aproximada, la comunidad de estados que hoy  conocemos en la Europa de hoy en día. Por lo tanto, primera consideración, quienes consideran que la reivindicación nacional de vascos, catalanes  o escoceses –por poner tres ejemplos actuales- son “ensoñaciones”  extemporáneas,  que no olviden que el actual atlas internacional  europeo apenas tiene un siglo de vigencia, y muchos de los actuales países que conforman la Unión Europea –Alemania incluido- han echado mano del principio de autodeterminación  en fechas bien próximas una vez desaparecido el  imperio soviético (la recuperación de los estados bálticos) y la desmembración de la antigua Yugoeslavia tras la guerra de los Balcanes.

Eso, lo debería de saber  Idoia Mendia antes de afirmar gratuitamente que “Salvini, Le Pen y los nacionalismos, en general, están en contra del futuro y del proyecto europeo”.

La dirigente socialista debería ser más respetuosa para quienes creemos en el derecho del Pueblo Vasco a determinar libre y democráticamente su destino.  Nosotros no le pedimos que renuncie a su españolidad ni pretendemos que se haga “nacionalista vasca”. Solamente le requerimos  a que respete las ideas ajenas y no utilice  su legítimo posicionamiento a modo de veto  que impida el contraste de la voluntad popular.



 Lloyd George, Emanuele Orlando, Georges Clemenceau y Wilson en Versalles 

El nacionalismo vasco democrático  ha buscado a lo largo de su dilatada historia herramientas y acuerdos –internos y externos-  que le permitan avanzar en el reconocimiento nacional de Euskadi. El telegrama a Wilson, tras la participación en la conferencia de las nacionalidades desarrollada en Lausana (1916), fueron  los primeros intentos por unir el porvenir de Euskadi al concierto internacional. Los jeltzales también  estuvieron presentes en las conversaciones de paz que culminaron con el Tratado de Versalles. Una delegación vasca acudió al Real Sitio para reivindicar ante los gobiernos aliados los derechos nacionales de los vascos. La demanda llegó hasta los presidentes de las grandes potencias. El ya mencionado Wilson, el primer ministro británico Lloyd George, el francés Georges Clemenceau y el italiano Vittorio Emanuele Orlando.



Las legítimas demandas de la delegación vasca cayeron en saco roto. No por razón de justicia ni de falta de fundamentación  jurídica. El mandatario francés Clemenceau fue el encargado de rechazar cualquier posibilidad  de abordar  el “caso vasco” en la construcción de la nueva Europa que allí  se fraguaba. Lo hizo con un peligrosísimo argumento. “¿Ha habido sangre?” –interpeló  el primer ministro galo-. “Aquí estamos haciendo la paz”. “¿Es que los vascos han estado en la guerra?”.

Clemenceau se olvidaba de que centenares  de jóvenes vascos de los territorios del norte habían perdido la vida en la primera gran guerra europea. Basta ver los monumentos que al día de hoy se alzan en las localidades vasco-continentales  y que contienen  la lapidaria cita de “Morts pour la patrie”.

Pero más allá del inapropiado olvido, aquella intervención introducía un argumento  alarmante que, al día de hoy se repite en relación a las  justas pretensiones de las naciones sin Estado. La vinculación expresa  de la violencia con la voluntad de emancipación nacional de los pueblos.

Croacia y Serbia han conseguido la independencia a través de sangrientas guerras, con abundantes crímenes contra la humanidad que están siendo juzgados por el tribunal de la Haya.  Pese a ello han obtenido el reconocimiento internacional y sus representantes ocupan un puesto de derecho en la ONU. La fuerza y el derecho se complementan desgraciadamente. Mientras tanto, actuaciones pacíficas y democráticas, no encuentran  más apoyo de los estados consolidados o de la propia Unión Europea que la inhibición. “Son –dicen sus representantes- cuestiones internas que deberán resolverse en los estados  correspondientes”.

Y mientras la comunidad internacional mira hacia arriba, en España al intento de articular un referéndum de independencia (tras buscar denodadamente sin éxito, una consulta pactada, legal y vinculante) se le aplica  el código penal  a través de la figura de la rebelión. Aunque no existiera violencia, ni militares alzados, ni armas, ni motines. Ni sangre de por medio.

¿Rebelión por querer votar?  Podremos admitir que  en el caso del “procés” de Catalunya ha habido una crisis institucional y política. Un choque entre la legalidad y la legitimidad democrática. Pero nunca  será admisible calificar  lo ocurrido como un “golpe de estado”.

El Tribunal Supremo, en contra de toda la lógica y del derecho comparado  de aquí y de allí, ha  confirmado el cierre de la instrucción por el proceso soberanista en Catalunya que realizó el juez Pablo Llarena  sentando en el banquillo de los acusados a 18 líderes independentistas procesados por el delito de rebelión y malversación de caudales públicos.

Son muchas las voces  y las instancias judiciales (Alemania, Bélgica, Escocia) que han dictaminado que la denuncia española  no cumple con los requisitos tipificados en un delito de rebelión. Así lo ha ratificado el ex presidente del Tribunal Constitucional Pascual Sala  o el ex redactor de dicho deleito en el código penal de 1995 –Diego López Garrido-. Pero, por más que se insista en su formulación inapropiada  nada ha hecho variar  la decisión de jueces y fiscales en someterla a su calificación.

En paralelo, el líder del principal partido de la oposición española,  Pablo Casado, ha elevado el tono y el cariz de sus afirmaciones públicas  considerando el proceso catalán como un “golpe de estado”  del que ha hecho cómplice al mismísimo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Con Casado me equivoqué. Creí que su dureza obedecía a una lectura de consumo  interno. No. Ha demostrado que es un fiel discípulo de Aznar. Y una fiel réplica de Trump, Bolsonaro, Orbán o Salvini.

Peligro. Cuando el discurso cuartelero se eleva a la tribuna parlamentaria, los principios democráticos comienzan a resquebrajarse.  Para Casado Wilson sería también un golpista.