LA “TODOPODEROSA” JUSTICIA

La tradición cristiana y el adoctrinamiento católico me enseñaron que Dios era todopoderoso.  Que en su mano estaba  la vida o la muerte, el sufrimiento o el gozo. Él, en su divina providencia, había diseñado nuestro insospechado destino. Y en ese afán, las personas  transitábamos por la vida experimentando las pruebas que el Creador nos había  ido poniendo en el camino.

Llevada al extremo tal principio,  los humanos deberíamos ser “temerosos” de un Dios omnipotente. Se nos aleccionó en  diferenciar entre el bien y el mal y se nos dijo con gravedad  que hacer una cosa o la otra tenía sus consecuencias; el cielo o el infierno.  Lo cierto es que aquel dogmatismo tuvo en mí poca influencia  ya que en mi pensamiento –mantengo  que soy un descreído- contraponía  el concepto de “autoritas” a ese otro “Dios bueno” cuya “infinita misericordia” debería impedir cualquier consecuencia  que no fuera amor. Y mucho menos castigo.

Un amigo abogado me dijo un día que ser juez o jueza es lo más cercano que él interpretaba  a ser “dios”. “Cuando una mujer o un hombre –me decía- , igual que tú y que yo, se pone una toga y se sienta  en un tribunal, se transforma en un ser todopoderoso”. El legislador  redacta las leyes. Las aprueba. El magistrado/a no sólo las hace cumplir sino que las interpreta. Puede acertar o equivocarse, como cualquier mortal, pero sus decisiones trascienden. “En su mano está, por ejemplo, suspender la libertad de una persona. Conducirla provisionalmente a la cárcel separándola de su familia, de su entorno. Eso es muy duro. Y no hablo de una sentencia recurrible o firme sino de una decisión  tomada en un momento de instrucción”.

Mi interlocutor  sabía muy bien lo que decía. En tiempos pasados había accedido a la judicatura por el “tercer turno”, una fórmula  de ingreso directo aprobada en 1985 por un gobierno socialista que pretendía abordar la imperiosa carencia  de personal en la administración de justicia reclutando jueces a granel en el universo  de abogados.  El peso del cargo, y el hecho objetivo de que ganaba más dinero en un bufete como abogado, le hizo abandonar aquella aventura profesional.

“Sin embargo –me señalaba- hay gente a la que el peso de la púrpura les motiva notablemente y ahí es donde la vanidad humana puede generar importantes disfunciones”.

La administración de la justicia  por jueces y juezas es, por lo tanto, una encomienda extremadamente sensible en la que el “factor humano”  puede inducir a errores lamentables.

Que una magistrada como Ángela Murillo  tenga opiniones fundadas en relación al terrorismo  y que las exprese de forma vehemente no le incapacita para ejercer su profesión. Lo que jamás debería haber ocurrido es que tales creencias  fueran explicitadas de manera despectiva y pública en el marco de un juicio, marcando la parcialidad de un tribunal  que finalmente terminó  condenando a  Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta y Sonia Jacinto a penas de diez y ocho años respectivamente.

Las recusaciones presentadas ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Constitucional por la evidente “contaminación” de la presidenta de la sala cayeron en saco roto por razones insospechadas y las garantías procesales quedaron en entredicho.  Agotadas todas las instancias  de apelación ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien ha  sacado los colores –una vez más- a la Justicia española dictaminando que los encausados en el denominado caso “Bateragune” no tuvieron un juicio justo y que sus derechos fueron conculcados  por la falta de imparcialidad del tribunal. Todo un varapalo  por el que nadie  se ha disculpado, porque como afirmara Arkaitz Rodríguez, ¿quien devuelve a los condenados los años de prisión injustamente cumplida?

La judicialización del “procés” catalán, a falta de celebrarse el juicio oral de los procesados, lleva un camino similar al ahora  desacreditado por la corte de Estrasburgo.  La calificación de las partes  -fiscalía, abogacía del Estado y acusación particular- sobre los presuntos delitos cometidos por los políticos catalanes (algunos de ellos llevan más de un año en prisión provisional) evidencian claramente un dislate que sólo puede entenderse en clave política.

La tesis que soporta la acusación argumenta que las 18 personas procesadas fueron responsables de unos  planes que tenían como objetivo la rebelión y sedición contra el Estado español. Planes en los que también intervinieron  los Mossos d´Esquadra, las organizaciones  Omnium y Asamblea Nacional de Catalunya  y decenas de miles de ciudadanos movilizados en protestas “perfectamente planificadas”. 

Los hechos que dan como supuestamente probados  estuvieron –según la fiscalía-  salpicados de violencia, agresiones, tumultos e intimidación. La palabra violencia o sus analogías  aparecen en una veintena de ocasiones en el escrito del ministerio público, algo sustancial  para poder mantener una acusación por rebelión.

Los acusados, con Oriol Junqueras al frente –resulta inaudito que en el escrito de la acusación ni se cite a Puigdemont- planearon, siempre según la fiscalía, un alzamiento violento, insurrección que jamás se produjo a pesar de haber tenido oportunidad de que así ocurriera. Y no aconteció  porque  todas las decisiones adoptadas por los líderes independentistas fueron siempre consecuentes con una dinámica pacifista. Los dirigentes del “procés” tuvieron en su mano  provocar un estallido violento pero no lo hicieron en ningún caso.  ¿Pudieron incitar una rebelión? Sí. ¿Lo hicieron? Rotundamente, No.

Lo mismo ocurre con la acusación de “sedición” que exige el precepto de “alzamiento tumultuario”. ¿A qué se refiere el código penal con señalada cita? Del escrito de la abogacía del Estado –y también de la fiscalía- se interpreta que las movilizaciones  pacíficas celebradas en Catalunya obedecieron a tal definición. Por esa razón cualquier manifestación democrática masiva que implique hoy una protesta civilizada podría ser calificada en lo sucesivo como “alzamiento tumultuario”.  Vergonzoso.

Tras leer los 127 folios de argumentación de las acusaciones, la conclusión a la que he llegado es que todo resulta delirante y  de manera especial  la secuencia  en la que se pretende involucrar a Jordi Sánchez y Jordi Cruixat en una supuesta trama virulenta cuando los hechos demuestran lo contrario  (incluso se malinterpreta el discurso de apaciguamiento que megáfono en mano Cruixart pronunció a los concentrados  alrededor de la conselleria de Hacienda). Totalmente febril. Si no hubiésemos visto por televisión las cargas policiales el 1-O, se nos podría confundir, pero con el impacto mediático de la represión causada por la policía española  nadie puede creerse que los acusados llamaron a la movilización del primero de octubre "propiciando y buscando un enfrentamiento directo entre multitudes de ciudadanos y la policía" en una actuación de “acoso, intimidación y violencia" ¿Cómo tergiversar tan burdamente la realidad?

La ausencia de un diálogo político, imponiendo la unilateralidad en el abordaje de los problemas de convivencia nos ha traído hasta aquí.  Hasta la judicialización de la política. Y cuando las diferencias políticas se llevan a los tribunales, se termina por politizar la justicia.

los memes en las redes sociales  han sido implacables

Hemos escuchado  hasta aburrirnos que la justicia es independiente, que hay separación de poderes y que en este principio se sustentan las raíces democráticas. No lo dudo. Pero  la administración de justicia en España  está dando muestras  bastantes de  estar al servicio del poder establecido. Ya sea éste el gobierno de turno o los fácticos bancos como se acaba de demostrar en el lamentable espectáculo protagonizado por el Tribunal Supremo en relación al pago tributario de los actos jurídicos documentados en materia de hipotecas.  

Las constantes  correcciones  y  casaciones que desde las instancias europeas se están produciendo a pronunciamientos estatales demuestran el sesgo de parcialidad de muchas de las actuaciones jurisdiccionales  españolas. Va siendo hora de que la Administración de Justicia en el Estado  se renueve. Que se modernice  y rompa con los imperceptibles pero existentes lazos de complicidad de intereses políticos y económicos que guían sus actos. Que se independice de una vez por todas y alcance los estándares democráticos existentes en la Unión Europea. Que deje de creerse un ente “todopoderoso”  para servir con humildad al conjunto de la ciudadanía.  Así podría recuperar la confianza perdida.