MACARRAS, HAMPONES, RUFIANES Y QUINQUIS.

Los vascos, por lo general, solemos ser “gente de orden”. No quiero decir con esto que todos seamos querubines ni que, en un momento dado, se nos vaya la pinza y montemos un belén  en el que los santos suban o bajen  aceleradamente en el fragor de una discusión  apasionada. El estereotipo nos dibuja  exagerados y brutos, pero lo cierto es que, aún siendo así,  no he visto  en los diversos ámbitos institucionales que conozco, un episodio que me haya hecho sonrojar de vergüenza propia o ajena como el acontecido en la carrera de San Jerónimo.

Aquí, por lo general, la representación parlamentaria –de todo signo-  mantiene las formas. Podrán utilizarse argumentos más o menos certeros, más o menos verosímiles,  pero es difícil encontrar  en los diarios de sesiones de las diferentes instituciones altercados similares a los que en estos pasados días acontecieron en el Congreso de los diputados.

En mi condición de electo, participo habitualmente en  sesiones de las Juntas Generales de Bizkaia  y salvo legítimas posiciones de crítica política no he conocido brote alguno de descortesía, desconsideración o vilipendio en los debates que allí se desarrollan.

Lo mismo  he observado en el Parlamento Vasco o en las sesiones de pleno municipales.  Es más, si algún “pero”  podría ponerse al transcurso de las sesiones parlamentarias que aquí se desarrollan es, tal vez, el ser demasiado monótonas, previsibles y hasta aburridas. Pero, visto con perspectiva, lo prefiero así a convertir el debate en un espectáculo tabernario en el que se mezclan insultos, desprecios y mala educación.

En más de una ocasión he escuchado de primera mano a parlamentarios vascos acreditados en las Cortes Generales sus quejas respecto al ambiente en el que se desarrollan las sesiones legislativas.  El reproche general es que  en el hemiciclo  existe un ruido de fondo  que se salpica con voces sueltas  -desde cualquier bancada- tendentes a desacreditar o directamente a insultar a quien tiene el uso de la palabra. El escenario, el contexto, impresiona. Hasta el punto que quien no tiene los nervios  templados  puede  acusar la presión que se deja sentir.

Polémicas parlamentarias han existido siempre, pero desde que la acción política ha dejado a un lado  su fin primigenio de dar respuestas a los problemas generales  a través del debate para pasar a ser  la forma en la que la actividad pública busca perjudicar al adversario  a través de impactos comunicativos  encapsulados que puedan ser repetidos y divulgados masivamente, lo importante no es ya el qué se hace, sino el cómo y contra quien se hace. No se busca transformar la sociedad sino derrotar al adversario.  Y, así, el parlamento español se ha convertido en los últimos tiempos en un refugio de camorristas, tuiteros y provocadores que, de seguir por ese camino de populismo ramplón terminarán por vaciar de contenido los valores de la democracia socavando la confianza de la ciudadanía hacia sus representados.

La política española, alimentada también por irresponsables medios de comunicación, ávidos de estridencia y  faltos de contraste, está generando actores políticos arquetípicos. Líderes sin más principios ni ideología que la notoriedad. Charlatanes que dicen una cosa y la contraria. Revisionistas del pasado, incapaces aún de condenar el régimen franquista. Sentenciadores de un españolismo de “verdades absolutas”. Provocadores  compulsivos a los que solo interesa el impacto mediático o en redes de sus “ocurrencias”.  Casados, Riveras, Girautas, Cantós, Rufianes, Borrelles, Iglesias…son ejemplos de un producto de autoliquidación de la política.

Pero, si el espectáculo bochornoso al que nos tienen acostumbrados  no fuera suficiente, hay comportamientos de hampa que nada tienen que ver  con un régimen plural y de derecho.  Acciones irregulares, de cártel de poder que utilizó  fondos reservados  y funcionarios públicos para interferir en investigaciones judiciales relativas a un supuesto delito de financiación ilegal. Policías “patrióticas” al servicio de una organización partidaria. Impunidad para interferir en la gestión de la administración de justicia.  Y apaños en el poder judicial para seguir manteniendo un control político omnímodo.

En ambas redes aparece un nombre; Ignacio Cosidó.  Palentino de nacimiento, Cosidó fue Director General de la Policía Nacional siendo ministro de Interior Jorge Fernández Díaz.  Bajo su mando  se estableció  todo un sistema policial  de intencionalidad política con decenas de agentes a su servicio  y en el que formaron parte nombres que hoy se asocian  con irregularidades de todo tipo, tales como Eugenio Pino –Director adjunto operativo- o los comisarios Villarejo o Martín Blas (jefe de los asuntos internos).  Hablamos de las “cloacas” del Estado, una estructura urdida para, desde la impunidad más absoluta,  espiar, perseguir o  acusar de delitos de corrupción a representantes políticos de la entonces oposición.  Aquel grupo policial al servicio del partido de Génova participó en numerosos operativos, cuando menos, irregulares, obteniendo pruebas de manera anómala, grabaciones no soportadas por mandamiento judicial o “fabricando” acusaciones que ulteriormente  se soportaban artificialmente. De todo ello hemos tenido constancia a partir del encarcelamiento de Villarejo  y la filtración, supuestamente por parte de éste, de material “sensible”  a modo de chantaje para librarse de su situación procesal.

El comisario Pino y Cosidó. la cúpula de la "policía política"

Pues bien, Cosidó estaba en la parte alta del organigrama de la “policía patriótica” y su nombre  saltó a las informaciones periodísticas  tras conocerse que desde la cúpula de Interior se urdió un plan –sufragado por fondos reservados- para robar una documentación perteneciente a  Luis Bárcenas  en la que éste, una vez expulsado  como tesorero del PP,  comprometía  la financiación irregular  del Partido Popular. Así y con la colaboración  (bajo pago) del chófer de Bárcenas, los servicios policiales  sustrajeron la documentación pretendida  que, de haber salido a la luz  habría evidenciado la existencia de una “caja B” del PP en todo el Estado.  Más “madera” en la corrupción sistémica del principal partido español.

Según diversas fuentes, Cosidó  jugó un papel relevante  en toda aquella inmundicia policial, por lo que se entiende  el nivel de protección  que hacia  él  están manteniendo  los actuales dirigentes del Partido Popular.  Sobre todo, después del grave error cometido  por el hoy portavoz popular en el Senado –su partido le blindó como senador autonómico de  Castilla y León tras su salida del gobierno- al socializar un comprometido WhatsApp en el que se ponía énfasis en el control político que el partido de la derecha tenía en la nueva representación judicial del CGPJ pactada con el Partido Socialista.

Cosidó, imprudentemente, envió un mensaje a los 146 senadores del PP para informarles del acuerdo alcanzado con el PSOE para la renovación del gobierno de los jueces.  En su comunicación  se felicitaba por la elección de Manuel Marchena como nuevo presidente del CGPJ. "Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, (...) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y autoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61". Ese control de la sala que juzga el “procés”  “desde detrás” cuestionaba y mucho la independencia judicial y ponía bajo sospecha la integridad del magistrado Manuel Marchena quien  ante la gravedad de la afirmación renunciaba a su nombramiento de presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

La secuencia de actos  que van  del parlamentarismo tabernario a la politización de la justicia  y la ilegítima utilización  de la policía en beneficio particular, nos presenta ante una aguda crisis institucional, judicial y de credibilidad en el Estado español. Y todo ello  coincidiendo con la existencia del gobierno más frágil de cuantos se haya conocido desde la muerte del dictador.  La solución a este despropósito pasa por más democracia, más diálogo y más respeto a la diferencia. La celebración anticipada de elecciones  no traerá una solución mágica a la actual coyuntura. Pero mientras la política sea un juego  de canallas, macarras, hampones, rufianes y quinquis, mientras  nadie se comprometa con una renovación general de las estructuras del Estado, quizá lo mejor que nos pueda pasar es que la legislatura se acabe y la ciudadanía elija a unos nuevos representantes. Eso y que Euskadi no se contagie del  virus  de descomposición política que nos acecha.