TODOS QUEREMOS MÁS

Todos queremos más.  Así dice una canción popular  que expresa el sentimiento humano de mejora, de crecimiento, de ampliar  las  posibilidades y recursos de las personas. Se trata de una pretensión entendible, siempre  y cuando  ese “más” no vaya en detrimento de otros que vean mermadas  sus capacidades.  Que el “más” de unos no sea el “menos” de otros.

Como el perro de Pavlov que salivaba no ya ante la contemplación  de comida sino ante la simple presencia del personal que se la servía, el comportamiento humano  se estimula  ante la constatación  material de mejoras para él y también ante su simple promesa o anuncio.  De ahí  lo peligroso que resulte  apalabrar en falso. 

La negociación fallida del proyecto de presupuestos en la Comunidad Autónoma Vasca nos dejó encima de la mesa la inusitada pretensión  de algunos grupos parlamentarios por alimentar a colectivos  sociales  específicos  con recursos públicos  directos. Sin segregar ámbitos como el nivel de renta  y patrimonio de los posibles beneficiarios y sin tener en consideración el impacto que tales políticas subvencionadoras  tendrían en el conjunto de las cuentas públicas.

Aún hoy, formaciones políticas como EH Bildu o Elkarrekin Podemos plantean, a modo de renta universal,  unos ingresos mínimos para los pensionistas –sea cual fuera su condición  y su  cotización durante la vida laboral-  de 1.080 euros mensuales.  Y tal requisito se eleva hasta los 1200 euros al mes como sueldo básico en los puestos de trabajo derivados de la contratación pública.

Estamos acostumbrados a  escuchar promesas vaporosas  que alegran el oído  de mucha gente pero que resultan imposibles de poner en práctica  porque las administraciones públicas no disponen de un fondo inagotable de recursos, de dinero,  del que poder echar mano  en cualquier momento o circunstancia. Quimeras  que hasta sus promotores saben íntimamente que resultan inviables, pero que las prodigan para atraer electoralmente –estimular como Pavlov a su perro-  a quienes  esperan soluciones a sus problemas, no diferenciando “visiones” de “previsiones”.

La demagogia lleva a considerar  que “el problema no es de dinero”, que según los promotores de estas ayudas mágicas “lo hay”, sino de  “falta de voluntad política” para  establecer  estas medidas  de donativos públicos  universales.  Lo que se pretende en el fondo de esta política relajada de gasto es el establecimiento de rentas universales, subvenciones graciables simplemente por el hecho de respirar, de existir.  Transformar el modelo y los valores del esfuerzo, el trabajo y el compromiso por una sociedad subsidiada.

La cuestión es que quienes aquí  proponen estas medidas no tienen la gallardía de asumirlas públicamente, enmascarándolas  en conceptos  tales como las pensiones “dignas”  o la calidad en el empleo. Quienes defienden la concesión indiscriminada de ayudas públicas deberían  explicar nítidamente, de dónde  sacarían el dinero para poder repartirlas.  Deberían explicitar  si tal política eliminaría  cualquier otro tipo de intervención pública, como el gasto médico, educativo o de prestaciones sociales, o, sin embargo, se pretendería instaurar en Euskadi una arcadia fabulada  del“gratis total”.   

No nos confundamos, quienes apuestan vehementemente por el reparto económico a granel, nos están contando un cuento. El cuento de la buena pipa. Porque el modelo de renta universal  es inviable.  Se acaba de demostrar. No con palabras. Con hechos.  Y en un país que a menudo se nos pone como ejemplo de progresía y avance económico; Finlandia.

2019 ha puesto fin a uno de los experimentos más controvertidos y pioneros de cuantos se han hecho sobre las bondades de la renta básica universal.

Desde hace dos años Finlandia ha estado pagando 560 euros al mes a 2.000 parados para analizar de qué manera se podía estimular así el mercado laboral. El proyecto piloto debía entrar ahora en una segunda fase, en la que se incluyera a segmentos de la población no necesariamente sin trabajo, pero este experimento ya no verá la luz. Al cumplirse los dos años del experimento, el Gobierno finlandés ha decidido abortarlo.

Finlandia llamó la atención del mundo entero en 2015 cuando anunció su intención de poner en marcha este experimento. Iba a ser el primer país en instaurar, si los programas experimentales salían bien, una renta básica universal. Todo empezaba con una pauta piloto de dos años (2017 y 2018)  que contaría con una muestra de población focalizada de 2.000 ciudadanos y con una dotación inicial de unos 20 millones de euros. Los beneficiarios de esta primera fase de la muestra se seleccionaron aleatoriamente entre un segmento de población que recibía por entonces algún tipo de subsidio por desempleo y se les proporcionó mensualmente y sin condición alguna la cuantía de 560 euros.

El sistema de Seguridad Social finés, quedaba encargado de supervisar el desarrollo del proyecto y de ver el impacto que esta renta incondicional provocaba en la búsqueda de empleo, en la sostenibilidad de las pensiones, en la burocracia, pero también otros diversos factores, como  el consumo o el pago de impuestos, por ejemplo. El derecho a estos 560 euros de esta renta no se perdía a lo largo de estos dos años aunque el beneficiario encontrara un puesto de trabajo. Si esta circunstancia acontecía, los ingresos propios se acumulaban a los de la paga pública.

El experimento –puesto en marcha  paradójicamente por un gobierno conservador- fue criticado y aplaudido  al mismo tiempo desde su nacimiento por distintos espectros políticos y económicos. Sus defensores consideraban que era un escenario a explorar ante el imparable avance de la robotización del mercado laboral. Y sus detractores creían que el nuevo modelo desincentivaba la búsqueda de empleo.

El debate se acabado rápidamente. No ha habido opción a más. Los resultados de la apuesta  no han cumplido expectativas y el ejecutivo nórdico ha decidido no seguir adelante con el programa. El motivo del fracaso; la falta de sostenibilidad del programa y del propio sistema de la Seguridad Social.  Más claro, agua.

Pasado el trance  del presupuesto fallido, el Gobierno vasco  ultima su propósito de aprobar mediante una normativa específica medidas  que, sin nuevas  cuentas públicas aprobadas, necesitan del respaldo parlamentario.  Se trata de disposiciones, inicialmente, no discutibles, como el incremento salarial de los trabajadores públicos, el aumento en las dotaciones de la Renta de Garantía de Ingresos o la ampliación de las partidas destinadas a los conciertos educativos.

Son propuestas de “sentido común” que difícilmente podrían ser rechazadas por cualquier grupo parlamentario y que deberían estar fuera  de la pugna política. Sin embargo, mucho me temo que, con una cita electoral a la vuelta de la esquina, sigamos encontrando actitudes de partidos políticos “primos”. Es decir  que sólo son capaces de  acordar consigo mismo y con la unidad.

De todas maneras, la política vasca y el ámbito institucional de Euskadi sigue siendo una extrañeza balsámica en relación a la realidad exterior próxima. Hay gente que se molesta cuando se dicen estas cosas porque lo considera chauvinismo autocomplaciente, pero  obedece a algo objetivo.  Sin dejar de reconocer que la sociedad vasca es imperfecta, que tiene aún multitud de problemas, nuestro “clima” político, económico y social es mucho más benévolo que el imperante, por ejemplo, en el Estado español.

Nuestro paro ha bajado ya del 10% y las previsiones económicas indican  que el empleo seguirá creciendo este año. Los servicios públicos básicos, pese a la tensión sufrida en los años de crisis, siguen  funcionando adecuadamente y comparativamente  con nuestro entorno están mucho mejor valorados. Las instituciones públicas  tienen las cuentas saneadas y la deuda no amenaza la capacidad de crecimiento. Hasta el tensionamiento político es menor que en el Estado y pese a que  en la medida que nos aproximamos a unas elecciones  las posiciones de cada cual se recargan, el diálogo  y su consecuencia, los acuerdos,  siguen siendo  piedra angular de nuestra pluralidad ideológica y política. Así espero que el conjunto de medidas extraordinarias  que el Gobierno lleve al Parlamento  sean aprobadas mayoritariamente. Por sentido común y porque benefician a muchos.

Cada día que pasa se demuestra más que Euskadi es diferente. Nuestra política es mucho más “aburrida” que la española. No tiene tanto “espectáculo”. Ni tanto “morbo”. “Bendito” aburrimiento.  Y que así siga. Solo así podremos cantar  seguros lo de “todos queremos más”.