El
propietario de un pequeño comercio del barrio en el que resido me preguntaba
ayer extrañado por la dimisión de Jon
Darpón “¿Por qué se marcha? –me
interpeló- Me parece un despropósito que un hombre que ha demostrado una gran
valía tenga que irse así. ¿Por qué? ¿Porque no le quieren los de Batasuna? ¿Por
qué el PP está cabreado con el PNV tras haber echado a Rajoy y le quiere pagar con la misma moneda?” “Esa
política es la que la gente de la calle no entiende –prosiguió mi vecino-.
Tenemos una sanidad que, con sus problemas
y fallos es la envidia de todo el Estado. Además, no hace falta que nadie
nos lo diga. Basta con ser un usuario de la misma para darse cuenta de que los
impuestos que pagamos están bien dedicados. Nos sentimos seguros y protegidos y
eso es gracias a los profesionales, a los médicos, a los enfermeros, a todo el
personal. Y también a los políticos que gestionan Osakidetza, que es una de las
joyas de la corona del País Vasco. Pero eso no parece ser suficiente para
algunos.” “Darpón –finalizó su monserga
el tendero- es un buen tío. Yo confiaría
en él para lo que hiciera falta. No entiendo a quienes se lo han cargado. Son unos irresponsables.”
Me
quedé sin argumentos con los que responder. Él lo había dicho todo y
vehementemente. Nada que apostillar. Salvo un “mecagüen” que me tragué para mis
adentros.
Y en
ese trago amargo me vienen muchas sensaciones a la cabeza. Injusticia, crueldad,
desvergüenza, falsedad.
Mi más
profundo desprecio para quienes, sin ningún fundamento –ninguno- han cargado
contra la profesionalidad, la integridad y el buen nombre de Jon Darpón.
Parlamentarios sin escrúpulos, sin
filtros éticos. “Caníbales” miserables a los que “todo les vale” con el bajo instinto de desacreditar al
adversario. Portavoces de la infamia que
no necesitan probar nada de lo que
acusan. Inquisidores que se sienten
fiscales, jueces y verdugos a la vez. “Revolucionarios” de guillotina y
cadalso. Políticos de basurero que nunca
han sabido aportar nada en positivo y que
han convertido su acta
representativa en una licencia
para denigrar. Sí. Mezquinos
manipuladores de la realidad que sólo aplican el principio de la
“presunción de inocencia” para los amigos. Para los demás, látigo, sospecha,
difamación y escarnio.
En las
antípodas de esta “clase política” de
barraca y taberna, sitúo a Jon Darpón. Un hombre honesto, íntegro. Sin doblez. Un profesional
de la medicina que ganando tres veces
más de la retribución que cobraba como
alto cargo, decidió comprometerse con
una gestión pública. Por vocación de servicio. Por compromiso de país. Para
mejorar el bienestar de la gente.
No
aceptó “entrar en política” para forrarse. Ni para alimentar su vanidad o su
expectativa de conocimiento público.
Todo lo contrario. Y en ese ímpetu de modernizar y mejorar las prestaciones sanitarias volcó todo su
bagaje profesional. El de un médico incansable al servicio de sus pacientes.
Pese a la grave crisis económica pasada, mantuvo el pulso de la sanidad pública vasca.
Inauguró nuevos centros hospitalarios
comunitarios (Gernika, Urduliz, Eibar).
Planificó la atención primaria y la investigación (Biocruces). Consiguió
nuevas inversiones tecnológicas. Impulsó
una planificación de primer nivel
en oncología. O defendió, entre otras medidas, las ayudas públicas a los sectores más necesitados en el denominado
“medicamentazo”. Ahora, estaba dispuesto a dotar al servicio vasco de salud
de los recursos humanos necesarios
para garantizar la estabilidad –a un
95%- de su plantilla estructural.
Todo
ese magnífico balance de gestión no le
ha servido ante el feroz acoso al que se ha visto sometido.
En la presión externa que ha motivado la salida del Gobierno del
consejero Darpón han coincidido, a modo
de ariete inculpatorio, dos ámbitos; el
político, modulado por la oposición parlamentaria, y el mediático en el que cabe resaltarse el papel agitador de
determinados opinadores habituales.
Los
críticos, los comentaristas y los parlamentarios de la oposición no han podido
confirmar a través de pruebas incontestables las graves acusaciones que han
vertido en torno al proceso selectivo de
la OPE de Osakidetza. Ni una sola evidencia. Si así hubiera sido, deberían
haberla comunicado inmediatamente al
juzgado de guardia correspondiente. Pero no. Difamar es fácil. Cosa
distinta contrastar verazmente los
recelos.
Que hay
indicios de irregularidades nadie lo niega. Ni tan siquiera la investigación
interna llevada a cabo por la propia
Osakidetza, lo que permite creer que ésta se ha llevado diligentemente y sin
cortapisas. Pero, una cosa es hallar apariencia de infracciones y otra bien
distinta documentar y probar que las ha
habido determinando los responsables que
presuntamente las han cometido.
Pese a
eso, y por elevación, quienes han sido incapaces de constatar dónde estuvo el presunto fraude, quien lo
cometió y cómo lo llevó a efecto, fijaron el ámbito de responsabilidad de las
sospechas al referente político del departamento de Salud. Caza mayor. Como si el bueno de Jon Darpón hubiera, por acción u omisión, participado o
consentido las presuntas
irregularidades.
Es muy
fácil tirar la piedra y esconder la mano. Y en este caso fueron muchos los guijarros
lanzados contra Darpón, incluida una propuesta
parlamentaria de reprobación y la latente alternativa de censura que algunos grupos barajaban decididamente.
Alguno
interpretará que las iniciativas
llevadas a cabo por el Gobierno vasco para esclarecer lo ocurrido en las primeras pruebas de la
oferta pública de empleo de Oskidetza
han sido insuficientes. Será una
opinión discutible. Lo que nadie podrá
argumentar es que ante las primeras
denuncias de irregularidades, el equipo de Jon Darpón asumió el compromiso de investigar a fondo.
No solo desde el ámbito gubernamental
sino colaborando activamente con el Ararteko y la Fiscalía. Y así lo ha hecho.
El
procedimiento de la OPE, se olvide o no, fue pactado con los sindicatos SATSE,
SME y UGT. Nadie lo cuestionó. Ni los sindicatos firmantes ni quienes no lo
hicieron que sólo fueron capaces de criticar el número de plazas ofertadas.
Nunca las bases ni los procedimientos.
Fueron
los tribunales, órganos independientes y soberanos, quienes tras la
investigación interna, decidieron remitir cuatro expedientes a la fiscalía.
Esta, en su denuncia admitida por el juzgado ha señalado indiciariamente a tres
personas, conformantes de tribunales como investigadas en la causa. Tres personas imputadas de los centenares de funcionarios que conformaron y tomaron
parte activa en los tribunales y en el proceso selectivo. Tres personas,
tres, sin ninguna responsabilidad
política ni identificación partidaria. Lo digo por el mantra de “enchufismo”,
“clientelismo” y “nepotismo” repetido insidiosamente en sede parlamentaria.
La
búsqueda de la verdad es una quimera en
la política que algunos practican. Ni el bien común, ni la transparencia son el
objetivo. Lo que se pretende es simple y
llanamente la destrucción del adversario. Debilitar al gobierno como sea, al
margen del contraste democrático y de la decisión final de la ciudadanía. Ganar con la calumnia lo que no se puede
hacer en las urnas.
La
víctima propiciatoria en este caso ha sido Jon Darpón, pero no nos
equivoquemos, el reputado médico bilbaíno no ha sido sino la víctima colateral
de una estrategia que apunta más arriba. De ahí el valor del gesto del ya ex
consejero de apartarse para evitar que
la campaña difamatoria infectara al
Gobierno, a su lehendakari o al PNV.
Su
sacrificio no ha contentado a quienes exigían su cese. Estaba cantado que así
fuera. Como lo está que en lo sucesivo padezcamos nuevos episodios que pretendan incriminen a otros representantes públicos
de este gobierno. Así lo apuntan las dinámicas de agitación y protesta
político-sindical que amenazan con arreciar en los próximos meses en una
estrategia de derribo electoral. La
historia se repite. Antes fue la acusación generalizada de la “corrupción
vasca” del “partido del negocio”. Ahora, el descrédito busca
sectores sensibles de la gestión pública; la sanidad, la educación, la
seguridad…
El paso
dado por EH Bildu en este caso, rompe cualquier hipótesis de colaboración entre
los jeltzales del PNV y esta formación. El
partido de Otegi ha traspasado una línea roja, la del respeto y sin respeto no
hay posibilidad de acuerdo alguno. La persecución hasta la censura de un
consejero sería considerado “casus belli”. Que ahora no se llamen a equívocos. Estaban advertidos.
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