¿UNA OPORTUNIDAD PERDIDA?

Era de prever. Sería un ingenuo si no hubiese contemplado el abanico de reacciones que la propuesta de modificación fiscal  iba a tener por parte de quienes la reclamaban imperiosamente desde hace tiempo.  Todo el mundo pedía  una “reforma” pero nadie hacía el más mínimo ejercicio de  remangarse y poner, una detrás de otra, las medidas que  conjugaran el múltiple ejercicio de mejorar la justicia distributiva de rentas,  la aportación de ingresos suficientes a las administraciones públicas y la necesidad de hacer atractivo  un entorno para incentivar  la actividad económica  y la creación de empleo.

Era más fácil reclamar “cambios” que buscarlos. Era más sencillo descalificar que hacer un balance realista  de lo existente e intentar  dar con fórmulas de futuro que encararan  las principales debilidades del sistema.  

Lo sencillo  era parlotear, exigir esto o lo otro. Hacer demagogia  y populismo. Lo complicado  era evaluar las medidas, indagar qué efecto tendría en la recaudación  y saber a cuanta gente y cómo afectarían los cambios.  Porque no perdamos de vista lo fundamental; que los impuestos afectan directamente a la vida de las personas -a su bienestar  y estabilidad- y también a la capacidad  que tienen las instituciones  para prestar los servicios públicos  que hacen la vida más fácil y digna a la ciudadanía.

Bajo esa doble premisa los actuales socios  gubernamentales  en Euskadi  se propusieron  desde hace tiempo hacer un diagnóstico del panorama tributario en vigor y , analizado éste, plantear medidas de lo mejoraran y fortalecieran de cara al futuro.

Así y tras meses  de estudio y negociación, nacionalistas y socialistas  llegaron a un acuerdo básico de cara a plantear  una nueva normativa fiscal y tributaria para el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca.  Cada cual  tenía sus prioridades y hasta el cuadro de planteamientos  que , de acuerdo con su ideología, mejor encajara en la reforma. Pero, como en todo acuerdo,  la necesidad de la sintonía atemperó las decisiones unilaterales para converger  en puntos de encuentro que posibilitaran un consenso sólido.

A finales del pasado mes de septiembre, nacionalistas y socialistas sellaban  su propuesta de actualización tributaria. Por el camino faltaba la elaboración de un proyecto articulado  que compartir con el Gobierno vasco en el Órgano de Coordinación Tributaria  y , posteriormente la aprobación del borrador de norma en los consejos de gobierno forales y el inicio de su tramitación  con la exposición pública  y la posterior remisión a las Juntas Generales para su debate y aprobación.

Esta pasada semana se han conocido -tras la comparecencia simultánea de las diputadas forales de Hacienda-  las principales medidas contempladas en el acuerdo PNV-PSE. La propuesta armonizada pretende dar respuesta a desafíos comunes  avanzando en la progresividad del sistema -que quienes más ganen más paguen- , apuntalando  la apuesta por la innovación y el crecimiento económico  y social  con los nuevos retos sociales; desde el demográfico al de la fiscalidad verde pasando por el de la igualdad de género, la protección  de los contribuyentes con las rentas más bajas, los jóvenes, la conciliación, la vivienda o las pensiones.

Son muchas las novedades incluidas en la propuesta, mejorando las prestaciones para las rentas más bajas -se incrementa  hasta los 19.000 euros anuales el mínimo exento de declaración-, se penaliza  a las más altas -se limita las bonificaciones en compra de vivienda  a quienes ganen más de 85.000 euros- y  se incrementa el marginal a pagar de  las rentas del ahorro hasta el 27%. El resto de medidas  pretende de afianzar y fortalecer a la clase media con  incentivos  al alquiler, la igualdad de género, la conciliación , el cuidados de mayores y menores, la emancipación de los jóvenes, la complementariedad de  las pensiones de empleo o el impulso a la economía verde con  bonificaciones a la mejora de la eficiencia energética o la renovación en las infraestructura y bienes favorecedores de la descarbonización y de la economía circular.

A pesar de las múltiples medidas incorporadas en este proyecto , las reacciones al mismo han sido las esperadas.

Del principal sindicato del país no esperábamos otra cosa. Todo lo que no sea una huelga  es un “fraude” y , a su juicio , la reforma “agravará más la injusticia social “ ya que los “que más tienen  pagarán entre poco o nada”. ELA, instalada en la radicalidad antisistémica  -no han querido participar ni tan siquiera en la mesa del pacto vasco por la salud, aunque  soterradamente haya pedido interlocución directa- abordará  el proceso de aprobación de una nueva fiscalidad  arengando a sus bases a manifestarse en la calle el próximo día 14 de diciembre.

Parecida respuesta  ha sido la planteada por LAB que ha calificado la alternativa  tributaria de “fuegos de artificio”. El resto de sindicatos  han sido mucho más prudentes en relación al borrador conocido. Para CCOO, existen “luces y sombras”, y UGT ha valorado positivamente el aumento del umbral que hace obligatorio el pago del IRPF a 19.000 euros o los incentivos a las EPSV de empleo y las mejoras para el acceso al alquiler.

En el terreno político, EH Bildu sigue desarrollando una doble personalidad. Por un lado, Otxandiano sigue insistiendo en reivindicar una cierta voluntad de acuerdo, pero, desde los filtros comunicativos de su organización,  se pone sordina a tal actitud. Para ellos -los ortodoxos-, lo importante es marcar perfil, remarcar las diferencias, minusvalorar  los contenidos  y ganar el relato  de representar a una “izquierda comprometida”. Hay que  descreditar y rechazar la validez  de la reforma conocida. De ahí las respuestas de Iriarte (“se necesita una progresividad progresista”), Kortajarena o Casanova (“reforma fiscal en profundidad, nuevos ingresos , clases altas”).

Aunque a Otxandiano  se le caiga el argumento, a EH Bildu le resultará sencillo  desmarcarse de un acuerdo. Reutilizarán el mantra de los ricos y los pobres, reivindicarán modificaciones marginales que no conducirán  a ningún sitio pero  les revistirá de “coherentes” y pondrán un lazo a  su discurso señalando acusadoramente a  quienes apoyan  al “oligopolio” de las “energéticas”  y al “capital”.

En paralelo, callarán su inexplicable inacción en Nafarroa, donde  han sido incapaces de reclamar, tan siquiera, aumentar el mínimo exento  del IRPF al SMI (no a los 19.000 euros de  la CAV)  siendo en el viejo reyno  obligatorio tributar a partir de los 14.000 euros. Complejos y complejines de quienes solo piensan en sacar pecho  de progresía y de izquierda  impulsando en el Estado  un nuevo tributo  dedicado a los seguros médicos (“en contra de la medicina privada” -dicen-) que castigue a miles de vascos y vascas -también votantes suyos-  con pólizas tradicionales en el IMQ o en Lagunaro.

En el ámbito de la derecha, el ejercicio innovador llevado a cabo  por nacionalistas y socialistas tampoco ha generado entusiasmo. Para la patronal y su representación sociológica  y mediática, todo lo que no signifique una bajada de impuestos es  “una oportunidad perdida”. Así lo ha expresado la cabecera de “Vocento” y su principal analista  económico  para quien  la propuesta “defrauda” – hay que tener cuajo para utilizar tal término- .  Su crítica, como no,  se refiere al impuesto de Sociedades  donde  el “Greenspan” vasco  propone copiar el modelo irlandés con un tipo  impositivo del 12,5%  -pronto subirán al 15%- frente al 24% en vigor en Euskadi. Neoliberalismo de libro.

El mismo pesimismo abandera el dirigente vasco del PP, Javier de Andrés, para quien “Euskadi ha perdido peso económico respecto a España” y no duda en decir que la modificación tributaria es una "oportunidad perdida" para beneficiar a las clases medias en Euskadi. "Lo que se hace es seguir exprimiendo al trabajador, al comerciante, al autónomo". El acabose popular!

Veremos en las próximas semanas si este esfuerzo de modernización y mejora tributaria cuaja o si los “complejines”   pretenden  hacer descarrilar las medidas adoptadas.  Si es así, será el momento en que tengan que explicar a los 335.000 vascos  que no deberían realizar la declaración de la renta por qué no se pueden beneficiar de esta medida. Que expliquen a los miles de jóvenes  que tampoco podrán verse favorecidos por las bonificaciones  para alquilar o comprar una vivienda. O a quienes no puedan recibir una contraprestación por el cuidado de menores y dependientes. Que expliquen con claridad el  por qué de la “oportunidad perdida”.