ENSUCIANDO QUE ES GERUNDIO

Tras seis años -seis- de instrucción, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria-Gasteiz decidía sobreseer la causa por las presuntas filtraciones de exámenes en la Oferta Pública de Empleo del Servicio Vasco de Salud -Osakidetza- 216-17 al concluir que no existen “indicios racionales de la comisión del ilícito”. La magistrada expresa en un auto de 165 páginas que pese a observar “patrones atípicos en los resultados y posibles conflictos de interés, no se han encontrado pruebas concluyentes que acrediten la comisión de un delito de revelación de secretos o infidelidad en la custodia de documentos”.

La juez relata que la investigación partió de las denuncias de sindicatos y testimonios que apuntaban a posibles filtraciones de exámenes en diversas especialidades médicas. Sin embargo, tras analizar la documentación aportada, como actas notariales, informes psicométricos y declaraciones de testigos, el auto concluye que gran parte de las acusaciones se habían basado en “sospechas, conjeturas y rumores”.

Seis años después para concluir que las acusaciones no tenían pruebas y que se sustentaban en “sospechas, conjeturas y rumores”.

Todos tenemos en mente el impacto que supuso el denominado caso de la OPE de Osakidetza. Fue el “escándalo” más importante  que afectó a un servicio básico del Gobierno vasco liderado por el PNV y quienes  alimentaron su virtualidad, con una campaña feroz de desprestigio que evidenciaba, según ellos, el “nepotismo” y el “clientelismo” del nacionalismo, obtuvieron  notable eco en la opinión pública, gracias -también- a la inestimable colaboración de determinados medios de comunicación, que cedieron la necesaria  objetividad del contraste informativo por el sensacionalismo  y el jaleo.

Para quien haya perdido la perspectiva de todo aquello recordar que el caso comenzó el año 2018, después de que varios sindicatos denunciaran posibles filtraciones de exámenes en las especialidades de Anestesia y Angioleogía. Las denuncias y las sospechas se fueron sumando para conformar una gran bola de nieve, hasta considerar que el fraude y el engaño afectaban a la totalidad de la oferta pública de empleo. La Fiscalía Superior del País Vasco, con la diligente Carmen Adán a la cabeza, abría diligencias para investigar si hubo irregularidades en diecinueve especialidades médicas de esa OPE.

Tal denuncia, a la que se sumaron como acusación particular los sindicatos LAB y ESK, recayó en el juzgado número 2 de Vitoria-Gasteiz que ahora ha determinado el sobreseimiento de la causa.

El nivel de “ruido” generado por esta denuncia y las gravísimas acusaciones que en el ámbito político y profesional se vertieron alrededor del caso trajo consigo una notable pérdida reputacional del Gobierno vasco provocando, entre otras consecuencias, la dimisión del entonces consejero de Salud, Jon Darpón, así como de la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, la del director de recursos humanos, Juan Carlos Soto y también la subdirector de dicha entidad, Xabier Balerdi. 

Basta echar un somero vistazo a la hemeroteca de la época para darse cuenta de la presión mediática y social que los entonces responsables públicos, y también los investigados por participar en los tribunales de la OPE, tuvieron que soportar.  Fueron muchas las imputaciones gratuitas, las acusaciones sin pruebas. Los juicios de valor malintencionados cuyo objetivo no era esclarecer la verdad de lo ocurrido sino derribar al adversario. Aunque fuera con falsedades, con imputaciones nunca probadas.

Personalmente recuerdo los esfuerzos por Jon Darpón por intentar aclarar las sombras de sospecha. Pero todo fue en vano. Determinados partidos convirtieron el Parlamento en una especie de tribunal revolucionario donde quien acusaba dictaba sentencia y esperaba que el filo de la guillotina cayera mientras que  junto al cadalso  las “tricoteuses” tejían calceta a la espera de que la cabeza del ajusticiado rodara por los suelos.

Recordamos claramente las intervenciones incendiarias de las parlamentarias Rakel Ubera (EH Bildu), Cristina Makazaga  (Elkarrekin Podemos) y Laura Garrido (PP). En los diarios de sesiones quedan, como tacha de su actitud miserable las pruebas de su hostigamiento, sus calumnias continuadas, sus falsas críticas y su discurso de odio y desprecio para con unos representantes públicos a los que faltaron en su integridad presentándolos ante la opinión pública como delincuentes mentirosos culpables de nepotismo, tráfico de influencias, clientelismo y otras ofensas que nadie ya podrá reparar-

No espero que se retracten hoy o que pidan perdón a los afectados. También al conjunto de profesionales de Osakidetza que tomaron parte en la OPE y a los miles de personas que participaron en el proceso de selección y a las que se les impidió tomar posesión de sus plazas por la avalancha de recursos que hicieron imposible ultimar las pruebas.

Tampoco espero que dimitan o que abandonen la actividad pública como consecuencia de su intolerable falta de respeto a la verdad. Solamente les reclamaría que no insistieran en mantener el discurso de la infamia como, por desgracia, han sostenido que frente al auto judicial de sobreseimiento han insistido en la sospecha y en el fraude “impune”.

Asistimos a tiempos en los que la destrucción del adversario se ha convertido en el gran objetivo de algunos. Eso ocurre aquí y allí. En todas partes. Basta mirar en el espejo del Estado para apreciar la degradación de la convivencia democrática. Para tal fin se utilizan todo tipo de estratagemas y de herramientas. Desde la politización de la justicia hasta el alineamiento comunicativo de medios, plataformas y servicios de propagación masiva de bulos, falsas noticias y campañas de desprestigio. El fin no es buscar el bien común o la transformación del bienestar de la comunidad. Es, simplemente llegar al poder a cualquier precio.

La manipulación y el hostigamiento que en Euskadi hemos visto a través del denominado caso de las OPE de Osakidetza, forma parte de esa política “líquida” de combate sin escrúpulos. Su resultado nos debe hacer pensar en el tremendo daño que con actitudes como la se ha mantenido con este caso se hace al sistema democrático y el innegable deterioro provocado en la pérdida de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en sus representados.

Con campañas de acusación como la vivida en la OPE de Osakidetza, se ha aniquilado un principio básico. El de la presunción de inocencia. Aquí, al revés de como debía considerarse, todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Bajo ese axioma, se alimenta permanentemente la sospecha, el “todos son iguales”. Y, al final del ciclo de deslegitimación se identifica a la política con una porquería.

A ello coadyuba la utilización interesada y dañina de formulaciones presumiblemente garantistas, como la acusación particular, que lejos de estar reservada para las víctimas del delito son utilizadas   por formaciones ideológicas o de presión para incidir en la opinión pública mediante un juicio paralelo, ilegítimo e interesado.

Las instituciones públicas vascas y quienes en ellas están representadas harían bien en ratificar su compromiso con la verdad, con la justicia y con el juego limpio. Porque, lo que está en juego son los derechos básicos de todos nosotros.

Hace no mucho tiempo, en una cámara representativa de este país, escuché a un señor -por decir algo- que había llegado a ser europarlamentario y que ostentaba entonces un acta electa de un partido progresista, democrático y representante de lo que denominaba la “nueva política”. Aquel “prócer del pueblo” -hoy en activo en otra institución- daba lecciones de moralidad y de buen gobierno cada vez que hablaba. El individuo, perfil genérico de una nueva clase de políticos que venía a “romper el régimen del 78”, utilizaba la retórica como arma arrojadiza. Decía sin decir, insinuaba sin afirmar, y especulaba con formas impersonales -“se dice”, “se comenta” “se sabe” …- ocultando siempre su implicación en la difusión de bulos y patrañas. Pues bien, dicho individuo, que sigue ejerciendo de predicador del populismo de izquierdas, ante un caso similar al de Osakidetza de hoy, en el que un juzgado desestimaba una querella a un cargo público igualmente perseguido y asediado por los “torquemadas” de siempre, en lugar de asumir el pronunciamiento de la justicia, se permitió hacer una afirmación que retrata bien el peligro que nos acecha. “Que alguien sea exculpado de un delito y declarado “no culpable” no significa que sea inocente”.  Y el mangarrán, sigue ahí. Ensuciando, que es gerundio, a la espera de “asaltar los cielos”.