LA AMNISTÍA Y EL BIEN COMÚN

Juan Carlos Rodríguez Ibarra es el último de los “machirulos” socialistas que ha desparramado testosterona dialéctica  a raudales en el debate político del momento. El “barón”  extremeño,  siguiendo la estela de Felipe González y Alfonso Guerra, ha criticado duramente  al secretario general de su partido, Pedro Sánchez por “plegarse a la humillación de Puigdemont” de reclamar una amnistía para los represaliados del “procés” "¿Cómo se puede soportar –ha señalado Rodríguez Ibarra con estrepitoso desatino-  que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la Constitución está violándome a mí, está violando mi voto". El político extremeño, caracterizado por excesos verbales  contra los nacionalismos y sus dirigentes, lejos de admitir su error al comparar la amnistía con el execrable delito  de la violación que, por desgracia,  se prodiga como mal permanente  de dominación del hombre sobre la mujer, fue más allá en sus palabras asimilables a las de un activista ultra afirmando que la aprobación de una ley de amnistía  constituiría una "traición"  de Pedro Sánchez a los votantes del PSOE. 

 

La caldera de la política española vuelve a calentarse y el ambiente  comienza a hervir. Tras el fracaso de Núñez Feijóo en alcanzar la investidura , todos los focos mediáticos de la “caverna”  y los ataques más lacerantes de la derecha se centran en convertir la posibilidad de una ley de amnistía en un “cataclismo”  que acabe fracturando a España  (llevan amenazando de la ruptura de su patria varios años ya). 

 

Mañana, domingo, convocada  por la extravagante Societat Civil Catalana (SCC), el unionismo  político al completo se manifestará en Barcelona  como lo hiciera también el 8 de octubre de 2017 en contra del “procés”, pero en esta ocasión  lo harán enfrentados a la amnistía , un pronunciamiento que consideran “inconstitucional” y que ven como la “antesala de la autodeterminación” .

 

En Barcelona volverán a verse las caras los líderes del PP, VOX y  del proyecto zombi de Ciudadanos, en una repetición de la foto de Colón. Los llamamientos a la movilización empiezan a ser incendiarios. Una punta de tensión que, a juicio de Enric Juliana, resulta “peligrosa”. Basta escuchar la soflama pronunciada por Isabel Díaz Ayuso animando a la movilización para caer en la cuenta del fanatismo. “…Porque España no puede quedar en manos de minorías rabiosas que la odian y que quieren acabar con un proyecto de siglos”

 

Los albores de la nueva negociación sobre la investidura de Pedro Sánchez  han traído niveles  insospechados de tensión. Con un primer argumento con el golpear la conciencia  de los “españoles de bien”; la amnistía. Pero si se supera ese trance y la negociación  avanza, llegarán otros aspectos con los que tensar la convivencia  y la normalidad democrática.

 

Por mucho que se diga lo contrario, la Constitución española no impide una amnistía. Ni tampoco  su posible aprobación por ley echa por tierra a la Carta Magna. Será, previsiblemente el Tribunal Constitucional quien valide  o rechace su contenido pero si su fundamento es procurar el bien común y solucionar  un problema atascado, será muy difícil  que el alto tribunal la rechace.

 

Amnistía sí, pero ¿a quien afectaría? La organización catalana “Omnium Cultural” ha cifrado en al menos 1432 las personas que deberían beneficiarse de esta ley por estar afectadas por varias macrocausas en torno al “1-O “y que se extienden hasta el día de hoy.

 

Desde presidentes y consellers de la Generalitat a activistas rasos, pasando por alcaldes y cargos intermedios, incluidos algunos funcionarios, entre las 1.432 personas hay 113 condenados penalmente, 17 pendientes de sentencia, 387 con causa penal abierta, 880 sancionados administrativamente y 35 pendientes del Tribunal de Cuentas, según el recuento de Òmnium.

 

La magnitud de la afección indica  que más allá  de ser una medida de gracia, la ley de amnistía debería ser entendida como un instrumento político colectivo –homologable internacionalmente- para abordar democráticamente (no judicialmente)  el conflicto político existente en Catalunya.  Una herramienta parlamentaria similar a la que ya se utilizó en el Estado en 1977.

 

El 15 de octubre de 1977, las Cortes Generales españolas  aprobaban con tan solo dos votos en contra y 18 abstenciones, la Ley de Amnistía, un punto y aparte en la convivencia del estado español  tras el régimen franquista y que servía como llave  en la apertura de un nuevo tiempo de reforma  democrática.

Las abstenciones  a aquella ley vinieron de la bancada de la derecha, del partido Alianza Popular cuyo presidente, Manuel Fraga, calificaría aquel  acto parlamentario de un intento por “dar ánimo a los terroristas”. La derecha, siempre la derecha.

 

El Boletín Oficial del Estado recoge verazmente el transcurso del debate parlamentario suscitado por esta iniciativa que amparaba  las principales reivindicaciones  mantenidas por las formaciones democráticas y que en el caso de Euskadi  había provocado una ola de movilizaciones, efervescencia en las calles  y posicionamientos políticos de compromiso que condicionaron cualquier participación en la construcción del nuevo sistema en el Estado a la aprobación , como condición previa, de la amnistía.

 

Así, el PNV, a través del grupo de la “minoría vasca” presentó un  proyecto de ley de amnistía que sirvió de origen para que el gobierno  de Adolfo Suárez tramitara ante la Cámara el  borrador sometido a debate y aprobación.

 

Finalmente  tras varios actos reivindicativos y de protesta la amnistía llegó a la Carrera de San Jerónimo  el 15 de octubre de 1977. De aquella cita histórica  cabe recordarse la intervención del entonces diputado por Gipuzkoa, Xabier Arzalluz.

 

“Señor Presidente, señoras y señores Diputados.  Nosotros fuimos a las elecciones generales, incluso en contra de la opinión de algunos sectores de nuestro pueblo, porque creíamos que, efectivamente, ofrecían la posibilidad de una instauración democrática. En toda nuestra campaña electoral y en años anteriores de oposición consideramos, y dijimos públicamente, que la amnistía era el paso previo inexcusable para acceder a una situación democrática.”

 

“Para nosotros –proseguía Arzalluz- la amnistía no es un acto que atañe a la política, atañe a la solución de una situación difícil, en la que de alguna manera hay que cortar de un tajo un nudo gordiano. Es simplemente un olvido, como decía el preámbulo de nuestra ley, una amnistía de todos para todos, un olvido de todos  para todos. Porque hay que recordar, aunque sea por última vez, que aquí nos hemos reunido personas que hemos militado en campos diferentes, que hasta nos hemos odiado y hemos luchado unos contra otros. Y esto que pasa en este hemiciclo, donde se sientan gentes que han padecido largos años de cárcel y de exilio junto a otros que han compartido responsabilidades de gobierno y de Gobiernos que causaron esos exilios o esas cárceles, es la imagen de la realidad de nuestra sociedad.”

“Si nosotros somos representantes y cauce de esa sociedad –apostillaba el entonces portavoz del PNV- , hemos de ser también el ejemplo de la misma con nuestro mutuo olvido. No vale en este momento aducir hechos de sangre, porque hechos de sangre ha habido por ambas partes, también por el poder y algunos bien tristes, bien alevosos”.

 

Arzalluz no eludió hablar y rechazar el terrorismo ni tampoco avaló la estrategia de “orden público” y represión. “La amnistía  -incidía Arzalluz- es un camino 'de reconciliación, pero también de credibilidad democrática y de cambio de procederes”.

“Los pueblos del Estado español están reclamando uno por uno el derecho a su vida propia, el cambiar las estructuras de producción  y de participación, en esa producción y en sus beneficios, el que poco a poco vayan desapareciendo los ciudadanos de segunda y de tercera. Esta será una tarea dura, larga, pero es nuestra tarea, fundamentalmente, esto es completar la amnistía, esto y otras cosas es ir creando una sociedad democrática”.

 

El discurso de Arzalluz sobre la amnistía es una de las intervenciones más recordadas por los comentaristas parlamentarios  en relación  a la puesta en marcha de la nueva etapa democrática. Amnistía como solución política a un desencuentro desgarrador de años  de enfrentamiento y de conflicto. Amnistía como una nueva oportunidad para reconducir por los cauces del diálogo y de la política  lo que había devenido en confrontación.

 

La amnistía, también hoy, debe ser entendida como  el resultado de un ejercicio democrático tendente a alcanzar  el bien común, a resolver  problemas de convivencia enquistados.