El modelo del Estado español autonómico está en quiebra. En quiebra económica, pero también en quiebra de modelo. En no mucho tiempo asistiremos a su replanteamiento total. De manera directa y no a través de medidas indirectas recentralizadoras como ahora observamos. Porque la aprobación de reales decretos leyes, investidos del régimen de “normativa básica”, no son sino una vuelta al poder centrípeto del Estado sobre lo que se considera “periferia”.
La cuestión sobre el modelo de Estado ya no es teoría, que también, sino ejercicio práctico ante la ruinosa herencia de distribución territorial generada por los principales partidos políticos españoles. En la Constitución del 78 se inventaron lo de las autonomías para menoscabar las reivindicaciones nacionales de Euskadi y Catalunya. Y el modelo les sirvió hasta que los reinos taifas, dirigidos por barones socialistas y populares, entraron en una disputa populachera de gastar lo que no tenían en infraestructuras faraónicas, consolidando estructuras administrativas insostenibles (en Extremadura, por ejemplo, el 30% de la población activa son trabajadores públicos).El “default” de la Comunidad Valenciana –paradigma del dispendio y el nepotismo del Partido Popular- ha iniciado el desmoronamiento autonómico que caerá, en poco tiempo como un castillo de naipes.
Euskadi y Catalunya deben estar alerta ante esta nueva situación y reservar músculo para que, en el momento apropiado, hacer frente al nuevo tiempo que se avecina. Un tiempo que deberá servir para establecer un nuevo estatus político de respeto bilateral, de soberanía compartida y de encaje institucional en el puzle europeo que comienza a vislumbrarse tras la crisis de gobernanza y solidez de la unión monetaria.
Euskadi debe estar alerta. Ante una posible intervención europea, nuestros dirigentes políticos deberán desplegar toda su capacidad persuasiva para hacer entender a los “hombres de negro” que este país mantiene un sistema económico, tributario y fiscal distinto. Con plena autonomía y diferenciado del “régimen común”. Lo reconoció la Corte de Luxemburgo en la cuestión prejudicial presentada por los territorios forales en materia del impuesto de sociedades. De ahí que la convergencia fiscal que se reclama desde Alemania –el control directo de la economía europea desde instancias propias- debe ser contemplado por las instituciones vascas como un desafío pues de nuestra adecuada integración a la misma dependerá el sostenimiento de nuestro autogobierno real.
De ahí la necesidad de una acción concertada e intensiva en los próximos meses para hacer llegar a las cancillerías de la eurozona y las instancias comunitarias nuestra singularidad nacional y , también nuestra especificidad tributaria y económica.
No hay duda de que algo se mueve. Y se mueve rápidamente. Tanto en el marco español como en el Europeo. Basta echar un vistazo a los diarios especializados y a los comentaristas políticos de las webs que se dicen confidenciales. Por poner un ejemplo de lo dicho, encontramos recientemente un artículo de Jose Antonio Zarzalejos, un hombre muy conocido aquí y no precisamente por su cercanía al nacionalismo vasco.
Zarzalejos escribía recientemente un ensayo que titulaba “Cambiar el Estado para evitar el naufragio”. Entre otras cosas decía lo siguiente; “¿Hay que licenciar el actual estado autonómico? No tengo la menor duda de que hay que hacerlo, estableciendo -como propugnaba el catedrático de Derecho Constitucional, Jorge de Esteban (diario El Mundo, 20 de enero de 2011, “El Estado de las autonomías, en entredicho”)- o un Estado asimétrico autonómico (distintos niveles de competencias y, por lo tanto, de autogobierno), o un Estado federal corresponsable (todos los territorios con similar nivel competencial). Sabemos que la gran cuestión nacional siguen siendo Cataluña y el País Vasco, que con Galicia fueron las comunidades que el constituyente de 1978 consideró, sin decirlo en la Constitución, nacionalidades. La generalización autonómica -el café para todos- fue un planteamiento de la izquierda en Andalucía, secundado por la burguesía sevillana, que disparó el principio dispositivo de las autonomías e hizo entrar a España en una desastrosa espiral de emulación entre comunidades. El default valenciano es muy expresivo.”
“Desde la consideración de que España es una entidad histórica, social, jurídica, económica absolutamente real y permanente –proseguía el comentarista de cabecera de la derecha española-, su Estado ha de adecuarse a las realidades territoriales diferentes que la configuran. Y el Estado autonómico actual -con comunidades creadas a capón, muchas sin sentido histórico ni actual alguno, demasiadas sin la más mínima percepción de autogobierno y otras sin suficiencia territorial, demográfica y económica- no es el recipiente ni político ni jurídico idóneo. Pudo serlo durante un tiempo, pero dejó de serlo. Y lo hizo cuando falló -porque tenía que fallar- el mecanismo de entregar el gasto a las comunidades (sanidad, educación, servicios sociales) y la recaudación al Estado, salvo en el País Vasco y Navarra. La disfunción generó dos consecuencias letales: un gasto al que le faltaban instancias de control y que propiciaban desigualdades y la creación de clases políticas territoriales que rememoraban el feudalismo medieval, o sea, lo que ahora millones de ciudadanos denominan casta política.”
“España –decía Zarzalejos- no se va a romper en modo alguno porque planteemos de nuevo, después de 34 años de vigencia de la actual Constitución, un diseño diferente a la generalización autonómica. No tiene sentido alguno que nuestro país disponga de 17 autonomías y que el Estado federal alemán lo integren 15 estados federados y el Estado libre de Baviera. También carece de sentido el sistema de solidaridad interterritorial porque unas autonomías no aportan nada -por pobres o por su sistema concertado- y otras, mucho -y no sólo Cataluña, también Madrid o Baleares-. La alteración del principio de igualdad en el contenido de la ciudadanía es otro efecto perverso de este puzle que después de más de tres décadas no hemos logrado encajar en todas sus piezas.
Ha tenido que ser la crisis económica la que nos haga ver con más nitidez este panorama y llegar a la conclusión de que, o renovamos un pacto constitucional diferente al de 1978, o estamos condenados a ser gobernados desde fuera con criterios tecnocráticos y estrictamente funcionales. En rigor, el mejor plan de ajuste que cabría esperar de un Gobierno como el del PP y de una oposición que requiere de una cierta épica para rehabilitarse consistiría en resetear España para insertarla en un Estado sostenible en el que la unidad y la diferencia convivan con ya claras y definitivas reglas del juego. Si no se hace, el naufragio.”
Lo dicho. Los ojos bien abiertos y alerta ante el cambio que se avecina. Que el desgobierno de López y los suyos no pille con la guardia baja.
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