LA MOTO DE MAROTO

El PP va a recoger firmas en Euskadi para cambiar la ley que regula los requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlamento Vasco, tal y como ha anunciado el alcalde de Gasteiz y parlamentario vasco, Javier Maroto.“Voy a promover una recogida de firmas en la calle para conseguir modificar esta ley. Vamos a ir a las tiendas, a los bares, a los centros comerciales y a los barrios para pedir a la gente que si cree en lo que les digo, que firme”.

Resulta inaudito que un parlamentario vasco  diga que va a acudir a la recogida de firmas para presentar una iniciativa en la Cámara  en la que él está presente y en la que puede,  junto a su grupo, presentar cuantas iniciativas le venga en gana  sobre las materias que considere oportuno.

Acudir a estas prácticas sólo tiene  una justificación; populismo y demagogia barata. Nadie  le impide al parlamentario Maroto ejercitar sus facultades representativas  en la Cámara legislativa, ni mucho menos  convertir un debate en una pieza de sesgo electoral. Lo que resulta impropio de un cargo de representación popular es convertir la actividad parlamentaria en un show, en una campaña  publicitaria que pretende revestir sus posiciones sectarias como una reivindicación social de apoyo ciudadano.

Maroto quiere ser más populista que los seguidores de Pablo Iglesias pero concitando en la calle  un debate sesgado  e incompleto – el del supuesto fraude de las ayudas sociales por los colectivos inmigrantes-  que merecería tener  el rigor y el contraste debido para no caer en conclusiones viscerales y xenófobas. Quiere hacer  que las leyendas urbanas no contrastadas impulsen una modificación legal. Y eso es gravísimo.

Lo que Maroto debería hacer, que no hace, es clarificar qué datos tiene y con qué contraste cuenta para afirmar, con pruebas reales,  dónde está el fraude en las prestación de servicios sociales y quienes la cometen. Debería, si tiene pruebas, poner a los presuntos defraudadores  en conocimiento de los responsables de Lanbide  para que allí, de confirmarse los hechos,  se expedientara y quitara las ayudas sociales  fraudulentamente cobradas.

Pero Maroto no lo hace. Quizá porque sus denuncias no están probadas. Y si no tiene pruebas, también podría dedicar a  la Policía Municipal –que es de su competencia-  para que investigara si hay o no empadronamientos falsos o si se está engañando o no a las instituciones a la hora de cumplir los requisitos que marca la ley.

Ni lo uno ni lo otro.  Ni en el ayuntamiento ni en el Parlamento. Maroto prefiere la demagogia. La publicidad  y el postureo. Populismo de la peor condición.

Maroto, ¿dónde vas con esa moto?.