MALDITOS BOLARDOS

En varias ocasiones había tenido aproximaciones más o menos peligrosas a él. Pero nunca pasó nada.  Ni un roce, ni un sobresalto.  Por eso lo ignoraba. Sabía que estaba allí y que su presencia  siempre resultaba inquietante. Bastaba con ajustar las distancias para garantizar la seguridad y eliminar el riesgo de contacto.

A fuerza de repetir movimientos –las personas nos hacemos enseguida a hábitos rutinarios- evité sus dañinas consecuencias. Pero el otro día, el mapa cosmogónico varió totalmente. Y el desenlace de tal cambio fue brutal.

Hacía ya unos minutos que el reloj había superado las 8,45 horas de la tarde. Era de noche y la oscuridad, como a Dinio, me confundió.

Una afección de la vía pública había obligado a alterar el sentido de la circulación en la calle que daba acceso al garaje. Una calzada de sentido único que, por exigencias de las obras,  obligaba a los vehículos a salir por donde, en circulación normal,  hasta entonces era dirección prohibida. Una novedad  que mis instintos rutinarios no alcanzaron a sopesar debidamente.

La puerta del garaje se abrió. Pausadamente. Aceleré levemente y, en lugar de girar a izquierda, como habitualmente  hacía, me vi obligado a hacerlo a derecha. Entonces ocurrió. Desgarrador. Destructivo. Ruidoso a más no poder. Era un bolardo asesino que se incrustaba con saña en la carrocería de mi utilitario. Violento y triturador.

Siempre estuvo allí. Una bola metálica  de medianas dimensiones pero recia  como una bala de cañón. Escondido como las minas que durante las guerras se depositan a medias aguas  para que barcos y submarinos impacten con ellas. El golpe fue bestial. No ya por la velocidad sino por el componente plástico  del que están hechos los coches modernamente. La esfera metálica  penetró por todo el lateral. Fue tal el escándalo que hasta media docena de ociosos, cerveza en mano, salieron  del bar próximo  para contemplar el desastre.

Hasta la rejilla que sujeta la matrícula saltó de su ubicación. Parachoques, foco y bajos reventados en una hendidura esférica  que, milagrosamente, había salvado  el frontal; el radiador y la mecánica del motor. El bolardo, por contra, intacto. Felicitaciones al fabricante. No necesitan más innovación ni tecnología. Calidad total.

Los daños al vehículo, que aún el taller no ha evaluado, se me antojan cuantiosos. Pero más que el deterioro material, aquel obstáculo no percibido, me produjo una depresión temporal de la que, felizmente comienzo a reponerme.  Era el colofón a uno de esos días  angustiosos en los que todo sale mal. En los que la sección de buenas noticias  está ausente en los medios de comunicación y en los que la sensación negativa se cubre capa a capa, como una cebolla.

Sí, uno de esos días en los que  hubiera resultado mejor quedarse en la cama, cerrar puertas y ventanas, bajar las persianas, desconectar el teléfono y esperar que el tiempo pasase. Aislado y abstraído de la realidad terrenal.

La víspera, un amigo,  haciendo una gracia, había pronunciado una frase absurda que me hizo reír. “Lo redondo no tiene punta”. Joder que no tiene punta, pienso ahora. El bolardo sí.

El martes pasado, el juzgado número 4 de Gasteiz, cerraba la instrucción de lo algunos han denominado como “Caso Miñano”. Ni más ni menos que cinco años después de que se iniciara la investigación. Filtraciones periodísticas habían adelantado que ese momento procesal llegaba y que a las puertas de la apertura de juicio oral se imputaría a una larga lista de personas, muchas de ellas vinculadas en su origen al PNV.

No creo necesario insistir en el hecho de que el cierre del procedimiento se haga ahora –cinco años después- a las puertas de una campaña electoral o que cada uno de los movimientos  jurisdiccionales se hayan conocido previamente  a través de filtraciones periodísticas.  Eso son hechos objetivos que cada cual deberá valorar e interpretar y que no empañan la gravedad de los hechos investigados y su trascendencia pública.

Lo que hoy hemos conocido a través del auto judicial  no aporta novedad informativa relevante a lo ya publicado hace cinco años. Se trata de una supuesta trama societaria de personas concretas que presuntamente buscaban “obtener irregularmente contratos o adjudicaciones  públicas  de diferentes administraciones”. No se trata por lo tanto de un caso del que se desprenda una  relación orgánica o una  financiación ilícita de partido. Son comportamientos particulares los que han de juzgarse.

Decir esto no significa escurrir el bulto. Porque el caso, y no reconocerlo sería engañarse, afecta al PNV. Bien porque, en el origen, los encausados, o buena parte de ellos, militaban en el PNV, o porque sus prácticas, supuestamente ilícitas, se cometieron o se pretendieron cometer en un ámbito administrativo, en el que el PNV gozaba de una notoria representación.

De todos es conocida la respuesta inmediata que el PNV tuvo una vez que los hechos  fueron descubiertos e investigados por la administración de justicia. El hoy lehendakari, Iñigo Urkullu, por entonces presidente del EBB y Xabier Agirre,  Diputado General de Araba en aquel tiempo, no dudaron en articular  las medidas preventivas de apartamiento cautelar de militancia –voluntariamente asumida por los afectados- y  de responsabilidad pública en el caso del ente foral.

Unas medidas inéditas en el panorama político, tanto por la rapidez en la gestión como en su claridad.

Lo que ahora toca al procedimiento judicial es probar si las acusaciones imputadas en la investigación se ajustan a la verdad. Eso significa dos cosas. Por un lado, que los encausados gozan de la ineludible presunción de inocencia, algo que nadie debe olvidar, y, por otro,  que quienes deben velar por la defensa del bien común lo hagan con objetividad y eficacia. Es decir que, si en el esclarecimiento de la verdad se demostrase perjuicio alguno para las Administraciones éstas deberán garantizar la defensa del interés público. En este supuesto,  y en lo que respecta al ámbito de poder  representado por el PNV, dos son las instituciones personadas ya en el procedimiento; el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Bizkaia (también lo está la Diputación alavesa).

Decir, como alguien ha manifestado que el caso demuestra que Euskadi no es un oasis en materia de corrupción, resulta evidente. Cualquier ámbito con un colectivo humano es susceptible de actitudes indignas. Y Euskadi también.

Afirmar, como desde determinadas organizaciones políticas se ha hecho –especialmente el PP- que este es el “mayor  caso de corrupción política existente en Euskadi” es, cuando menos tendencioso. Numeroso en encausados sí. En relación orgánica con un partido no y en cuantificación económica delictiva tampoco. Ni tan siquiera el juez instructor ha sido capaz de cuantificar  en su investigación el potencial daño económico causado en miles o millones de euros sino que  se ha limitado a desgranar numerosos contratos, la mayoría menores, hablando igualmente de operaciones virtuales que podrían haberse realizado en el futuro. Es decir que analiza una potencial trama con potenciales daños en fase inicial pero sin perjuicio demostrado.

Esto  no significa  ni minusvalorar  la gravedad del hecho, ni restar preocupación por las consecuencias del mismo. El caso ofrece múltiples vertientes de erosión  mediática para el PNV. Y en el juego político, donde el canibalismo imperante aprovecha cualquier circunstancia para menoscabar el crédito del adversario, todo argumento es aprovechable. Y aquí argumentos hay varios. Aunque circunstanciales.

El PNV sabe, desde que el caso estallara,  que un bolardo ha impactado con su carrocería.  Desde el primer momento llevó el vehículo al taller para sanearlo. Cambiar el parachoques y restañar los daños para que el coche volviera a funcionar a pleno rendimiento. Algunos tratarán de rentabilizar aquel accidente y sus circunstancias. Alfileres en piel de paquidermo que diría Txema Montero.

La cuestión ahora, además de conocer la verdad, es conducir  con mayor cuidado  y prestancia al terreno. Incrementar los controles de transparencia en la gestión ya existentes. Mayor transparencia en la contratación pública, en el seguimiento de expedientes, en la liquidación de los contratos. Mayor burocracia, tal vez, pero más sensores   que impidan, o cuando menos dificulten, tentaciones nocivas en los comportamientos públicos. Eso, y tener los ojos bien abiertos para no sufrir más incidentes.

Malditos bolardos.